Parar a Obiang

La farsa judicial ecuatoguineana montada para llevar a mazmorras a la oposición un año antes de las elecciones presidenciales de 2003 ha concluido con una catarata de elevadas condenas de hasta 20 años para los participantes en un supuesto intento de golpe de Estado contra el dictador Teodoro Obiang Nguema, factótum del país centroafricano desde 1979. No ha habido penas de muerte, pero la opinión de los observadores internacionales ha sido unánime al juzgar la representación: irregularidades procesales de bulto, inexistencia de pruebas, signos de tortura en muchos de los detenidos. La UE se sumaba ayer a las descalificaciones del proceso y certificaba el desplome en Guinea Ecuatorial de la situación política y de los derechos básicos, mientras insta a que se reconsideren las sentencias.

Guinea Ecuatorial es un caso ejemplar de cómo los Gobiernos occidentales pueden mirar hacia otro lado cuando las más crudas violaciones del canon democrático se producen en un lugar que, además de caer fuera de los circuitos informativos, tiene una deseada materia prima que ofrecer. La extracción petrolífera en sus aguas crece a gran velocidad, la más rápida de África. Rozar los 300.000 barriles diarios, que explotan básicamente compañías estadounidenses, permite a Teodoro Obiang -que para mayor ludibrio se adhiere a convenios internacionales pro derechos humanos y contra la tortura- codearse sin mayores reparos con dirigentes democráticos, entre ellos los de España, la antigua potencia colonial.

El grave esperpento judicial del cine Marfil exige decir basta. Obiang Nguema debe recibir de EE UU y de la UE un contundente mensaje para que respete las reglas de juego y deje sin efecto las condenas de su juicio político contra la oposición. O atenerse a inexcusables represalias diplomáticas y económicas.