Nueva condena en Canarias por represaliar a un docente de religión tras una huelga

El Gobierno de Canarias tendrá que readmitir inmediatamente en su puesto a un profesor de religión enviado al paro el 30 de septiembre de 2001 tras comunicarle verbalmente el director de su instituto 'que no iba a ser contratado el presente curso'. El Juzgado de lo Social número uno de Las Palmas acaba de declarar la 'nulidad radical' del despido, al mismo tiempo que ordena 'el cese inmediato de la conducta antisindical de la Consejería de Educación'.

La sentencia, firmada por el magistrado Juan-Gabriel Álvarez Rodríguez, supone un varapalo a la actitud de la Administración canaria con numerosos docentes de catolicismo, pero también contra el comportamiento del Obispado, que a comienzo de este curso obligó a Educación a prescindir de 14 profesores por un ajuste de cuentas sindicales, según los hechos probados que contiene la sentencia.

David Lorenzo Pérez Rodríguez era profesor del Instituto Jinémar II de Las Palmas desde 1997 y perdió su trabajo, al igual que otros 14 docentes, por participar en un encierro sindical y en una huelga legal convocada, según la sentencia, 'para lograr la estabilidad laboral de los profesores de religión católica'. Entre los hechos probados, el juez señala que con ocasión de la huelga, 'el Obispado emitió un comunicado considerando la huelga moral y éticamente ilícita', indicando que 'la inmensa mayoría de los docentes de religión no se habían sumado a la misma' y recomendando a los que sí lo habían hecho 'que se preocupasen 'desde ahora' en encontrar nuevos puestos de trabajo' que les asegurasen su estabilidad.

Vulneración de derecdos

'Todos los docentes de religión y moral católicas cesados por el Ordinario participaron en dicho encierro y en las huelgas posteriores. Algunos de los participantes en dicho encienrro y en las huelgas posteriores no han sido cesados hasta ahora', señala la sentencia, que alude también a que el despedido es un afiliado del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza-Intersindical Canarias.

El fallo declara que el despido se produjo por secundar aquella huelga. Y añade: 'La facultad de la Iglesia católica de enviar al paro a un profesor de religión sin necesidad de explicación alguna, y la consiguiente facultad de la Administración de dar por extinguido el contrato de trabajo del docente señalado de esa manera, no son tan amplias que permitan la vulneración de derechos fundamentales. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Y la Iglesia católica no es una excepción a tal sujeción'.

El magistrado cita en apoyo de su contundente fallo la doctrina fijada por el Constitucional para casos parecidos y condena a la Consejería porque el Obispado 'no puede ser responsable de las consecuencias del cese, pese a haber vulnerado los derechos fundamentales del actor, toda vez que es ajeno a la relación laboral del mismo con la Consejería demandada'.