La fiscalía de Guinea pide 18 penas de muerte en el juicio a los opositores

Diez días de proceso oral, en los que no se ha presentado prueba material alguna, han servido al ministerio fiscal para corregir al alza las condenas solicitadas y el número de personas afectadas en sus conclusiones provisionales. Éste pide ahora 18 penas de muerte -y no ocho, como al comienzo del macrojuicio- para los que considera autores de la asonada; 27 de 30 años para los cómplices, entre los que ha incluido a Plácido Micó.

Micó es secretario general del principal partido opositor, Convergencia para la Democracia Social (CPDS). La fiscalía también pide 51 penas de 26 años y 8 meses para los encubridores, y ha retirado los cargos contra otros 40, entre ellos Jesús Ndong Mbá, secretario de la Conferencia Episcopal Guineana.

Los fiscales, que han necesitado dos días extra para redactar estas conclusiones definitivas, dan por probados los hechos descritos en el sumario. Para ellos, la conspiración contra el régimen arranca en Douala (Camerún), en una fecha indeterminada de 1997. En aquella cita, Severo Moto (para el que también se solicita la pena capital) y Felipe Ondó trataron del derrocamiento del Gobierno. Y la vincula con otra en Oyem (Gabón) ese mismo año, del que el Gobierno de Malabo tuvo noticia inmediata por parte de las autoridades locales, pero que ahora se presenta como novedad. En Oyem, según los asistentes, se trató de la posibilidad de dar un golpe, pero quedó descartado. La fiscalía, no obstante, la une con las dos reuniones de 2002 en Bata, que tenían por objetivo impulsar la legalización del Fuerza Democrática Republicana (FDR). La acusación lo presenta como una conspiración continua de tentativa de rebelión.

Malos tratos

Para sostener ese argumento, el ministerio público se aferra a las declaraciones de los detenidos ante la policía, obviando que fueron arrancadas mediante tortura. En ese asunto se limita a solicitar una investigación sobre los malos tratos. Para la fiscalía, en su informe, todo es hecho probado: el croquis para asaltar un cuartel, las armas (una pistola, en realidad, y que nunca se mostró a la sala), las dos pegatinas del FDR, las cartas de un amigo prometiendo ayuda para un negocio (transformado aquí en proyecto)..., sin atender al detalle de que ni dibujos ni armas fueron presentados ante el tribunal.

Los defensores solicitaron, uno tras otro, la libertad de sus clientes. Fernando Micó se declaró 'avergonzado por la torpeza de los tres fiscales', quienes, al sustentar sus peticiones en los artículos 142 y 143 del vigente Código Penal, incurrieron en un error, pues se trata de delitos (tentativa de golpe) castigados con penas de reclusión mayor y no de muerte. Este abogado, como otros, insistieron en la invalidez de las pruebas obtenidas ilegalmente y de declaraciones arrancadas a golpes, que deben de provocar la nulidad del proceso y la libre absolución de todos los detenidos.

La mayoría de los defensores pormenorizaron las irregularidades procesales cometidas: detenciones sin mandamiento judicial, falta de asistencia letrada, instrucción por un juez militar lego en derecho penal, toma de declaraciones en la prisión y no en establecimiento judicial, violación del principio de presunción de inocencia, ausencia de pruebas y testigos...

Fernando Micó se declaró 'escandalizado' por la pasividad de los fiscales ante las vejaciones físicas y por su impericia al trasladar el sumario sin depurarlo antes. Plácido Micó, para el que ahora piden 30 años en vez de 20, dijo que esa actuación del ministerio de la ley podría ser constitutiva de delito, ya que Guinea tiene recogida en su Constitución la prohibición de los malos tratos. Micó calificó su caso de 'político'; otros, hablaron de 'caza de brujas'.

Fueron también varios los letrados que, de forma velada, advirtieron a los jueces, fiscales y ministros presentes en la sala, de que estas cosas en Guinea son muy cambiantes: 'Hoy para mí, mañana para ti', dijo el abogado Ponciano. Más claro fue Placido Micó: 'Señores fiscales, ustedes no pueden vulnerar la ley y renunciar a aplicarla de este modo, porque un día pueden sentarse en el banquillo de los acusados, y ese día no habrá ley que les defienda'. Los cinco miembros del tribunal, que escuchaban las intervenciones en silencio, apesadumbrados por la responsabilidad y las presiones del régimen, anunciaron que la sentencia será pública el domingo a las diez de la mañana. Como dijo Fernando Micó, no se trata sólo de vidas, sino de sentar las bases del Estado de derecho con una sentencia valiente o plegarse a los que torturan o mandan torturar.