La policía de Alcanar requisa unos carteles de la campaña antitrasvase

Raül Rovira y Joan Reverté creyeron haber atravesado el túnel del tiempo. Eran las 1.45 horas y estos dos militantes de la Plataforma para la Defensa del Ebro se dirigían a sus respectivos domicilios de Les Cases d'Alcanar (Montsià). Una patrulla de la policía local, emulando el celo inquisitorial de otras décadas, les retuvo y decomisó 46 carteles que denuncian el elevado sueldo del director del Consorcio para la Protección Integral del Delta del Ebro (CPIDE).

'Se me saltaron las lágrimas. En la época dorada de Franco, los franquistas no me lo habían hecho nunca, y ahora me lo hacen', recordaba ayer Joan Reverté, agricultor de Les Cases que tiempo atrás militó en el PSUC. Tanto él como su compañero describieron alucinados la escena que vivieron durante hora y media en la calle de Trafalgar tras ser retenidos en un control de los Mossos d'Esquadra y la policía local, ante la visita, ayer por la mañana, del secretario de Estado de Aguas, Pascual Fernández, que acudía a Les Cases para inaugurar un paseo con más de un año de antigüedad y ya reparado.

Fueron agentes de la policía autonómica quienes, tras pedirles la documentación, advirtieron la presencia de los carteles en el asiento posterior del coche y decidieron echarles un vistazo. En ellos aparece una foto del dirigente del PP y director del CPIDE, Joaquín Fabra, con un mensaje alusivo a sus emolumentos por este cargo: 'Primera inversión del CPIDE en las tierras del Ebro: 73.000 euros al año para Fabra'.

La cosa estuvo a punto de terminar ahí. Pero el subinspector de la policía local de Alcanar, Francesc Xavier Martí, se acercó a la escena, se interesó por el cartel y decidió decomisar los folletos aduciendo que decir lo que cobra Fabra puede resultar 'injurioso'. El atestado, redactado a mano en un folio, incluyó finalmente una alegación de Rovira contraria a la actuación policial que incluía la firma testimonial de los mossos, que asistieron a la escena sin intervenir.

'Tras varias denuncias por el uso de la imagen de estos señores, había indicios más que suficientes para creer que es querellable y que presenta indicios de delito', justificó Martí, que antes de llevar a cabo el decomiso intentó ponerse en contacto con la asesoría jurídica y con Fabra. La policía local presentó ayer por la mañana los carteles ante el juzgado de guardia de Amposta. El alcalde de Alcanar, Baptista Beltran, sostiene que la policía local obró 'correctamente'.

El abogado de la Plataforma para la Defensa del Ebro, Enric Balagué, no dudó de calificar la actuación policial de 'abuso de autoridad, actuación arbitraria y despótica', así como de 'vulneración de los derechos fundamentales'. El letrado señaló que no puede haber decomiso de los carteles 'sin imputación, ni denuncia, ni infracción'. Además, según Balagué, el delito de injurias no puede consumarse si no media 'publicidad' (los carteles estaban dentro del coche y no habían sido hecho públicos) y sólo es perseguible por denuncia del agraviado. El abogado ha anunciado que una vez que el caso haya pasado a manos del juez presentará denuncia para que se inhabilite a los responsables policiales del decomiso. 'Alguien debe explicarles que la libertad de expresión aún existe', agregó.