Reportaje:

La batalla nuclear

26 may 2002 - 00:00CEST

José María Bernaldo de Quirós, director de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), esgrime el dato como el cardenal Cisneros mostraba sus cañones: 'Ésta es la instalación que más energía eléctrica ha producido en la historia de España, más del 8% del total que se genera en el país, y eso no lo dice nadie'. Lo que sí dice Máximo García, vecino de Talayuela, a siete kilómetros en línea recta de este gigante -que alberga dos reactores atómicos Westinghouse de agua a presión, de casi 1.000 megavatios cada uno, y suministra electricidad a Extremadura, Andalucía, Madrid y las dos Castillas-, es que Almaraz le ha roto la vida y que el cáncer de huesos que padece su hijo de 20 años es consecuencia directa del veneno radiactivo que arroja el complejo.

Los nueve reactores de las siete centrales españolas, con 7.815 megavatios de potencia instalada, produjeron en el año 2001 el 27% de la energía eléctrica consumida en el país

Rodolfo Martín Villa: 'El debate ha cambiado mucho y ahora se puede defender la energía nuclear sin ser un facha derechón'

Cristina Narbona: 'La presidenta del CSN parece una abanderada de la energía nuclear cuando su preocupación debería ser la seguridad de las centrales'

Director de Almaraz: 'La central experimenta una puesta al día permanente, como si no gastase vida útil, y ha incorporado 3.600 modificaciones de diseño'

Cuando se dice que la nuclear es una energía barata no se contabilizan los costos de desmantelar las centrales y de procesar y almacenar los residuos

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Contrastes como éste irrumpen al acercarse a la polémica sobre el futuro de la industria nuclear, que, con sus nueve reactores en siete centrales (Zorita de los Canes, Santa María de Garoña, Trillo, Cofrentes, Ascó, Vandellós y la misma Almaraz), generó en 2001, con sus 7.815 megavatios de potencia instalada, 63.715 millones de kilovatios hora, el 27% de la electricidad consumida en España.

El debate sobre el futuro de la energía nuclear debería haber dormido hasta 2005, pero la presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), María José Estevan Bolea; la comisaria europea Loyola de Palacio y el ex presidente de Endesa Rodolfo Martín Villa hicieron sonar el despertador antes de tiempo.

Estevan Bolea se descolgó en agosto de 2001 con unas declaraciones a EL PAÍS que causaron conmoción, por venir de la responsable de un organismo estatal independiente del Gobierno, responsable ante el Congreso y creado para velar por la seguridad atómica: 'No creo que esta década se vayan a construir nuevas centrales. ¿Qué pasará en la próxima? Que seguramente tendremos que construir nuevas'.

El 29 de abril, Loyola de Palacio, comisaria de Energía y Transportes de la Unión Europea, lanzaba una de las andanadas que la han catalogado como miembro prominente del lobby nuclear: 'Habrá que optar: o cumplimos con el Protocolo de Kioto y mantenemos la producción nuclear, o renunciamos a Kioto'.

Rodolfo Martín Villa echó más leña al fuego, y afirmó al despedirse el 9 de mayo al frente de Endesa: 'Habrá nuevas centrales en España. Loyola de Palacio expone las cosas con claridad en un debate que ha cambiado mucho y en el que ahora se puede defender la energía nuclear sin ser un facha derechón'. Él estuvo en su papel, el de patrón de una compañía con fuerte negocio nuclear: 100% de Ascó I, 85% de Ascó II, 36% de Almaraz (I y II), 50% de Garoña (la segunda más antigua, tras Zorita) y el 72% de Vandellós II.

Nada más lógico que las grandes eléctricas formen parte del lobby, aunque cada vez son más numerosas las voces desde el otro lado del frente de batalla convencidas de que el verdadero objetivo de Endesa, Unión Fenosa (dueña de Zorita y con participación en Trillo y Almaraz) o Iberdrola (propietaria de Cofrentes y copropietaria de Garoña, Trillo, Ascó II y Vandellós II) no es allanar el camino a nuevas centrales (demasiado caras y de dudosa rentabilidad), sino lograr la extensión de la vida útil de las ya existentes: desde los 40 años, que casi se dan ya por descontados, hasta los 50 o 60.

'O cambia el marco actual', asegura Carlos Bravo, coordinador de la campaña antinuclear de Greenpeace, 'o las eléctricas no van a invertir en nuevas centrales, teniendo como tienen opciones más baratas, como las plantas de gas. Pero existen otros poderosos integrantes del lobby, como los fabricantes de reactores y bienes de equipo, las grandes empresas de ingeniería y las consultoras que sí que presionan a tope para defender su línea de negocio nuclear'. Y no ya sólo en España, sino en casi todo el mundo occidental, donde, añade Bravo, 'la energía nuclear está en declive'. Incluida Francia, con el 76% de su consumo eléctrico de origen atómico, pero sin plantas en construcción o proyecto. Sólo Japón, Corea, Finlandia y EE UU (desde la llegada de George Bush a la Casa Blanca) rompen la tendencia.

Un audaz asalto

Según el portavoz de Greenpeace, que el 25 de abril puso en ridículo la seguridad de Zorita con un audaz asalto, el grupo de presión nuclear, en su labor de zapa, se viste de verde (defendiendo las plantas atómicas como fuente de energía limpia frente a las de gas o carbón, generadoras de CO2) e intenta que se siga la estela de Estados Unidos, donde hay 104 de las 438 centrales de todo el mundo. Bush, señala, impulsa el programa nuclear limitando la responsabilidad civil de las empresas en caso de accidente y reduciendo al mínimo los permisos para levantar nuevas centrales.

Cristina Narbona, secretaria de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del PSOE, critica con dureza la actitud de Loyola de Palacio ('que ni siquiera es responsable en la Comisión Europea de los temas nucleares') y de María Teresa Estevan Bolea, presidenta del CSN, 'que parece una abanderada de la energía nuclear cuando su preocupación máxima debería ser la seguridad de las centrales, que no está a la altura necesaria. Su comportamiento es sesgado y en contradicción con las restricciones del propio Consejo'.

Su temor es que 'haya una fuerte inversión en investigación y desarrollo para ampliar la duración de materiales y equipos de las mismas y, por tanto, de la vida útil de las centrales. No hay una estrategia razonable a medio y largo plazo y, si el PP vuelve a ganar las elecciones, habrá una reorientación clara a favor de lo nuclear. Eso se ve ya por lo que se hace y, sobre todo, por lo que no se hace, por la falta de impulso al desarrollo de nuevas energías, como las renovables'.

Ya en 1999, el entonces líder del PSOE, Joaquín Almunia, prometió que, si llegaba al poder, cerraría inmediatamente las centrales más viejas y problemáticas (Zorita y Garoña) y pondría en marcha un plan para la clausura escalonada del resto antes de 2015. Algo parecido a lo que se ha decidido en Alemania y Bélgica. Entre tanto,Garoña (en la provincia de Burgos) ha visto prolongado 10 años su funcionamiento.

En cuanto a Zorita (Guadalajara), que ecologistas y partidos de oposición consideran una bomba de relojería, y que funciona con un permiso de tres años, es más que probable que consiga en septiembre una extensión de otros seis, hasta completar, en 2008, los 40 de vida útil. El pasado martes, Izquierda Unida y el PSOE volvieron a exigir en el Congreso la clausura inmediata, seguida de la de Garoña y, tras ella, del resto de centrales. El Gobierno del PP replicó que el cierre de las plantas no es de su competencia, sino del CSN. La posición oficial es aplazar el debate nuclear hasta 2005 y mantener (no aumentar) de aquí a 2011 la capacidad de generación nuclear, sin definirse sobre la posibilidad de construir nuevas centrales.

María Teresa Estevan Bolea, diana de innumerables críticas, rehusó exponer su punto de vista a EL PAÍS, incluso contestando por escrito a un cuestionario, y se remitió a lo manifestado en su comparecencia del pasado lunes ante la Comisión de Economía, Comercio y Turismo del Senado. En ese foro afirmó que 'la seguridad de las centrales está plenamente garantizada' y que 'de no ser así, no funcionarían, porque no lo permitirían ni el Consejo de Seguridad Nuclear ni las empresas ni el Gobierno, que es el verdadero órgano regulador del sector'. Estevan Bolea extendió esa garantía a todas las plantas atómicas de la UE, aunque no a las de los países candidatos a sumarse al club europeo.

La presidenta del CSN recordó que no existe una moratoria nuclear en España (aunque todavía paguemos en el recibo de la luz el coste de la paralización de Lemóniz, Valdecaballeros y Trillo II) y que 'si una empresa desea construir una central tendrá que seguir los trámites pertinentes'. No defendió esa opción abiertamente. Eso sí, se mostró convencida de que 'durante la actual década seguirán operando las que tenemos'. Para hacer frente al desmedido aumento del consumo eléctrico (5,8% el año pasado, 35% desde 1996), apostó por el ahorro, el aumento de la eficiencia y el recurso a las energías renovables, pero no sin dejar muy claro que 'la energía nuclear tiene muchas ventajas'. Las enumeró: 'Seguridad del suministro, una muy importante capacitación tecnológica humana, costes muy competitivos y el hecho de que no emite CO2 ni partículas ni otros contaminantes'.

José María Bernaldo de Quirós, director de la central de Almaraz (Cáceres), cuyos dos grupos se abrieron en 1981 y 1983, y que en 2000 recibió una prórroga de la autorización de funcionamiento hasta 2010, se muestra convencido de que, desde el punto de vista técnico, la extensión de la vida útil de la planta, incluso hasta los 60 años, 'sería lo más lógico y razonable'. Sus argumentos son que la central 'se halla en una puesta al día permanente, como si no gastase vida útil. Se han incorporado 3.600 modificaciones de diseño y se han cambiado los generadores de vapor y las cabezas de las vasijas de los reactores'.

Visitar Almaraz no fue tarea fácil. Tras los atentados del 11 de septiembre, las medidas de seguridad son más visibles. La Guardia Civil vigila la entrada, la protección interior se ha reforzado y el acceso a las zonas más sensibles está prohibido, al igual que fotografiar vallas y alambradas de espino.

Según el director, la protección frente a accidentes es total, y una catástrofe como la de la central ucrania de Chernóbil en 1986 o como la de Harrisburg (EE UU) en 1979 es no ya impensable, sino imposible. 'La planta está diseñada', afirma, 'según el criterio de fallo seguro. Ante cualquier anomalía, los reactores se paran automáticamente en 2,7 segundos. El diseño permite prevenir terremotos, incendios, tornados o cualquier otro fenómeno natural. Tiene sistemas redundantes de protección'. ¿Incluso frente al impacto de un avión? 'Todavía no nos han instalado baterías de misiles', ironiza, pero recuerda que las vasijas de los reactores van encastradas en enormes dados de hormigón y el edificio que los encierra tiene un espesor de 1,4 metros, con ocho capas de barras metálicas de refuerzo.

El director de Almaraz no se deja fotografiar. 'Aquí ha habido gente amenazada por terroristas', se justifica. Máximo García, el hombre que culpa a la central del cáncer que sufre su hijo, se declara también amenazado de muerte y objeto de toda clase de presiones para que abandone su batalla para lograr el cierre de la central. José María González Mazón, presidente de la Asociación de Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura (Adenex), está en la misma lucha y recuerda el más grave accidente que ha sufrido Almaraz: la fuga, en julio de 1988, de agua radiactiva por rotura de un generador de vapor. 'Se cayó entonces en la cuenta', señala, 'de que se debería haber efectuado un estudio epidemiológico para comparar luego la incidencia de enfermedades asociadas a la radiación. En poblaciones como Jaraíz de la Vera, por efecto probablemente de los vientos dominantes, el número de casos de cáncer es superior a la media de la región, pero es muy difícil que un juez establezca la relación causa/efecto con la central'.

Cristina Narbona y Carlos Bravo hacen notar que cuando se habla de que la nuclear es una energía barata no se cita el coste de procesar y guardar residuos y el de desmantelar centrales. En ambos casos, la encargada de este imprescindible trabajo sucio es la Empresa Nacional de Residuos (Enresa), que emana del Parlamento y se financia con la tarifa eléctrica.

Campo de pruebas

La central de Vandellós I (Tarragona), cerrada en 1989, tras un aparatoso incendio en la sala de turbinas, es campo de pruebas para el futuro desmantelamiento del parque nuclear. Según José Ramón Armada, director del emplazamiento, Enresa dirige la operación, pero son 35 empresas diferentes, todas ellas punteras en sus áreas, las que efectúan los trabajos.

La operación se desarrolla en tres fases: la primera corrió a cargo de la empresa hispano-francesa Hifrensa, propietaria de la central, y tuvo como clave la retirada del combustible del reactor y su transporte al centro de almacenamiento y reprocesamiento de La Hague (Francia). Allí se separan el plutonio y el uranio no quemado. El resto, los desechos, volverán a España, no antes del 2010, y su destino será el cementerio de El Cabril (Córdoba). Mientras, Enresa paga unos 60 millones de euros anuales a la planta francesa.

Una vez que Enresa se hizo cargo de Vandellós I comenzó, en 1999, la fase 2 del desmantelamiento, con un presupuesto de 90 millones de euros y que culminará el año próximo. Para entonces se habrán reciclado 16.500 toneladas de chatarras convencionales y 277.000 de hormigón, y se habrán enviado a El Cabril, en transportes especiales, 2.000 toneladas de residuos de alta y baja actividad.

En unos meses, la mayor parte de la central estará libre para uso industrial. Sólo quedará el cajón del reactor (con éste en su interior, sin combustible), con muros de hormigón de 3,5 metros de espesor en sus paredes laterales y 6,5 metros en el techo, y con nueva cubierta metálica, mucho menor que la antigua. Ahí dentro sólo hay ya radiactividad de baja y media intensidad. Ahí dormirá 25 años, hasta que su nivel sea aceptable. Entonces se terminará de desmantelar la central. El coste calculado será de otros 210 millones de euros, 300 millones en total, salidos del bolsillo del contribuyente. Todo un símbolo del precio oculto de la energía nuclear.

Sala de turbinas de uno de los dos grupos de la central nuclear de Almaraz, en la provincia de Cáceres.BERNARDO PÉREZ

Los residuos radiactivos, el talón de Aquiles

POR AHORA, los residuos de alta actividad procedentes del combustible gastado por los reactores atómicos, que guardan durante decenas de miles de años su amenazante potencial, se almacenan en piscinas ubicadas en las centrales. Con dos excepciones: los de Vandellós I, trasladados a Francia, y los que a partir de este año ya no cabrán en la piscina de Trillo y se almacenarán en un depósito en superficie hasta que se encuentre una solución definitiva al problema que constituye el punto flaco de la energía nuclear: qué hacer con la peligrosa basura que genera. Carlos Bravo, de Greenpeace, y Cristina Narbona, del PSOE, coinciden en que cuanto menos se mueva, mejor, por el peligro que supone su transporte. Por eso defienden que cada central trate, encierre y custodie su propia basura, muy especialmente la de alta actividad. Y en superficie. La industria nuclear apuesta por un almacén temporal centralizado (ATC) como paso previo a un almacén geológico profundo (AGP), similar a lo que EE UU planea en Nevada. Los ecologistas y la izquierda se oponen porque no se fían de que, por muchas capas de hormigón en que se encierren, los residuos resistan a terremotos, filtraciones y otras amenazas imposibles de calibrar en un horizonte temporal tan prolongado. La decisión se ha aplazado hasta 2010 para dar margen a que avancen tecnologías como la de la transmutación que podrían ayudar a separar los elementos más peligrosos de los residuos y reducir el volumen de éstos. Para entonces, Enresa presentará un informe de costes, rendimiento y viabilidad. Es seguro que se suscitará un agrio debate. A Enresa le toca bailar con la más fea. Jorge Lang-Lenton, director de comunicación, todavía no ha asimilado que haya gente que hable de su empresa como si fabricase residuos, olvidando que su labor es justo la contraria: tratar los que generan otros (centrales atómicas, hospitales, centros de investigación, etcétera) para que supongan un riesgo mínimo o nulo. Un trabajo de basureros que alguien tiene que hacer. En España se producen anualmente unos 250 metros cúbicos de residuos de alta actividad y combustible gastado y 1.000 de baja y mediana actividad. Suponiendo una vida útil de las siete centrales de 40 años, los primeros equivaldrían al volumen de una piscina olímpica de 50 metros, y los segundos, a un estadio de fútbol. Este estadio ya existe. Se halla en una finca de la cordobesa sierra Albarrana llamada El Cabril. A su director, Andrés Guerra, no le gusta el sambenito de 'cementerio nuclear'. Prefiere el nombre oficial de centro de almacenamiento de residuos nucleares de baja y mediana intensidad. Los de actividad un millón de veces inferior al combustible gastado, los que se desactivan al cabo de 'tan sólo 300 años'. Al ritmo actual, El Cabril tiene capacidad hasta 2020. Hasta allí llegan, en camiones especiales, cargamentos de bidones de 220 litros rellenos de hormigón con los subproductos de la industria nuclear, a los que se somete a un triple proceso: acondicionamiento, aislamiento y vigilancia. Aparentemente, los controles son exhaustivos; las posibilidades de errores, mínimas, y el control posterior, minucioso. Los barriles se introducen en contenedores de hormigón (una media de 21 en cada uno) de dos por dos metros, en los que se inyecta cemento. Los dados resultantes se almacenan en celdas (320 en cada una) con paredes de hormigón de medio metro de espesor y que se impermeabilizan. Hay 28 celdas, 12 de las cuales ya están llenas. Luego la planta se cubrirá con una capa de dos metros de materiales drenantes e impermeabilizantes. Será difícil distinguirlo del espléndido paisaje circundante. Pero la basura seguirá ahí, activa durante 300 años. Según José Larios, que fundó Ecologistas en Acción, Aedenat en Córdoba y dirigente histórico de la lucha contra El Cabril, el almacén no es tan seguro como se dice: 'Una vez se cayó un bidón, otra se vertieron varios metros cúbicos de agua sobre residuos, otra hubo un disparo incontrolado de alerta por fuego'. Según él, 'el cementerio es ilegal; el transporte, peligroso; la incineradora produce contaminación radiactiva y química, y existe un fuerte riesgo de que se amplíe para almacenar más de un millón de bidones'.

La apuesta por las renovables

SI EL VIENTO no parase de soplar, si el sol brillase cada vez más, si la lluvia fuese cada año tan copiosa como en 2000, si hubiese tantos árboles como cuando un mono podía saltar de rama en rama de los Pirineos a Gibraltar, las energías renovables supondrían una alternativa a la generación clásica capaz de acabar a medio plazo con las centrales nucleares. Esta utopía es posible, según ecologistas y partidos de izquierda, para los que las energías eólica, solar (térmica y fotovoltaica), hidráulica (sobre todo en su versión mini, de menor impacto ambiental) y biomasa (material orgánico capaz de ser quemado, como la madera) son ya, junto a la exigencia de ahorro y de mayor eficiencia energética, la única esperanza de un modelo respetuoso con el entorno y con un crecimiento armónico. Las renovables suponen el 6% de la demanda española de energía primaria, que incluye todas las fuentes posible de calor, electricidad y movimiento. En este todo, la biomasa es reina indiscutible, con cerca de un 3%. En cuanto a la electricidad, un tercio del total, las renovables (excluidas las grandes hidráulicas) suponen un 4% de la energía vertida a la red, con un claro dominio de la eólica (que ya tiene más de 3.000 megavatios de potencia instalada), que en regiones como Galicia, Navarra y Castilla-La Mancha ha conseguido, o va camino de hacerlo, superar al resto de fuentes y que deje de ser irreal el horizonte de la autosuficiencia. La Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) ha salido al paso de las declaraciones de Loyola de Palacio, según la cual los costes de estas fuentes son superiores a las de las convencionales. Antes al contrario, señala, 'lo caro es seguir subvencionando las infraestructuras gasísticas y petrolíferas, el carbón, el tratamiendo de residuos nucleares y la seguridad de las centrales'. El objetivo es que de aquí al 2010, el 12% de la energía primaria proceda de las renovables. Será difícil lograrlo. La eólica (donde han entrado las grandes empresas eléctricas) tal vez cumpla con su cuota, pero el camino se muestra lleno de espinas para, por ejemplo, la energía solar fotovoltaica, capaz de conectarse a la red eléctrica y cuya implantación es aún poco más que anecdótica. 'Resulta no ya curioso, sino dramático, que Alemania tenga instalados 220 megavatios de potencia [por esta energía], y España, con mucho más sol, sólo 16', señala Juan Fernández, presidente de la Asociación de la Industria Fotovoltaica. Un panorama que achaca a la ineficacia del sistema de promoción y a las 'piedrecitas en el camino' que ponen las empresas eléctricas.