Compromiso y sentencia
Ni el Teatro Romano ni Sagunto merecen lo que el Gobierno socialista hizo con ellos. Los últimos quince años de historia del Teatro Romano están marcados por la polémica de una caprichosa interpretación arquitectónica que jamás debió autorizarse. Sin embargo, se autorizó y se ejecutó, y hoy es tiempo de recordar quién tuvo la culpa de que se malgastase el dinero en una reconstrucción contraria a ley.
El PP concurrió a las elecciones en 1995 con el compromiso de estudiar la reversibilidad de la obra, asumiendo así el rechazo social a la actuación socialista. De forma paralela, las instancias judiciales competentes condenaron sucesivamente la actuación del PSPV hasta que el Tribunal Supremo, en sentencia firme, en octubre de 2000, determinó que el teatro debía volver al estado anterior a la intervención de los arquitectos Giorgio Grassi y Manuel Portaceli.
La dificultad de ejecución de la sentencia, y la responsabilidad del Gobierno valenciano del PP en materia de patrimonio han aconsejado, desde entonces, una actuación cautelosa para recabar cuantos informes técnicos han sido necesarios para garantizar la reversión del teatro sin dañar los vestigios originales, y en los términos exactos que exige el dictamen del Alto Tribunal. Dichos informes indican que la reversión es factible en el graderío y en gran parte de la escena, y confirman la posibilidad de asegurar la utilización del teatro en el festival Sagunt a Escena. Otras zonas del monumento, como las excavaciones arqueológicas, por desgracia, no se recuperarán jamás.
El Gobierno del PP ha tenido que reparar las consecuencias de una política socialista inapropiada que ha vulnerado la ley, en este caso, la Ley de Patrimonio. Lo hará creando una comisión multidisciplinar que elabore, a su vez, un proyecto de reversión que asegure un resultado adecuado, utilizable y bello.
Examinados los antecedentes, y con una sentencia firme señalando al Gobierno socialista de aquellos años, resulta irónico que ahora, desde el PSPV, se pida negociar una amnistía o burlar a los jueces. ¿O es que cuando le conviene a la oposición, se olvida que hay una Constitución en España que consagra la división de poderes y la independencia de los tribunales? ¿O tal vez el PSPV sólo huye hacia adelante, por si le piden cuentas a alguno?
Carmina Nácher es subsecretaria de Cultura de la Consejería de Educación y Cultura.
