20 alcaldes del Vallès exigen que se cubran las plantillas de la policía

Crece el malestar por la falta de policías en el área metropolitana de Barcelona. Un total de 20 alcaldes del Vallès Occidental firmaron ayer un manifiesto reclamando que se cubran las plantillas de las comisarías de esa comarca, pues de los 612 agentes que teóricamente debería haber en seis municipios únicamente trabajan 408. La petición se produce al día siguiente de que el Parlament apruebe -con los votos de CiU, PSC y ERC- una moción impulsada por el diputado republicano Joan Ridao en la que se reclama que haya en Cataluña una ratio global de 4,5 policías por cada mil habitantes. Eso significa destinar 3.000 nuevos agentes de todos los cuerpos.

El manifiesto de los alcaldes del Vallès Occidental considera que esta falta de efectivos afecta a la seguridad ciudadana e implica que las guardias urbanas de esas poblaciones deban asumir funciones que corresponden al Cuerpo Nacional de Policía. Desde el Ayuntamiento de Barcelona, fue su portavoz, Ernest Maragall, quien también reclamó el incremento de la dotación policial y criticó el modelo de despliegue de los Mossos d'Esquadra porque, en su opinión, deja para el final la dotación del área metropolitana de Barcelona, donde se ha producido un vertigonoso descenso de la plantilla de los cuerpos y fuerzas de seguridad.

El manifiesto de los alcaldes del Vallès asegura que desde 1997 no sólo no se ha efectuado ninguna revisión de los agentes que se necesitan, sino que ni siquiera se han cubierto las plazas teóricas. Uno de los casos más ilustrativos es el de Sabadell. La plantilla teórica de la policía, según las cifras facilitadas entonces por el Ministerio de la Presidencia era de 180 agentes. La actual es de 131. En Terrassa la situación es similar: 163 policías teóricos frente a 103 reales. En Cerdanyola ocurre lo mismo: de los 71 policías que debería haber hay 49.

Los alcaldes, alcaldesas y concejales del Vallès Occidental valoraron de forma positiva la moción aprobada en el Parlament. La ratio de 4,5 agentes por 1.000 habitantes que se reclama sólo se cumple actualmente en la provincia de Lleida. Allí la población es de 365.000 habitantes y el número de efectivos de los Mossos d'Esquadra y del Cuerpo Nacional de Policía es de 4,6. A ellos han de sumarse las plantillas de las policías municipales. En la provincia de Girona la situación es parecida y hay un ratio de 4,1 agentes más guardias urbanos para una población de 580 personas. En ambas provincias ya se ha completado el despliegue de los Mossos.

En cambio, Barcelona es, con creces, la provincia que sale peor parada en la situación de interinidad creada por el futuro despliegue y el efectivo repliegue de agentes de policía y de la Guardia Civil. Especialmente el área metropolitana, con la capital a la cabeza. En los 33 municipios que conforman actualmente la región metropolitana y donde vive una población de 3 millones y medio de personas hay una proporción de 1,1 agentes de la policía y la Guardia Civil por cada 1.000 habitantes. A eso hay que añadir los policías municipales, que en el caso de Barcelona es de dos por millar de ciudadanos. Las cifras de algunas poblaciones son todavía peores. En Terrassa hay actualmente 0,57 agentes del Cuerpo Nacional de Policía por 1.000 habitantes. En Rubí, 0,67. En Sabadell, 0,69. En Cerdanyola, 0,9. En Ripollet la proporción es de 1,27 y en el municipio de Montcada i Reixach, de 1,32.

'Mossos' por policías

Ernest Maragall explicó que con las dotaciones presupuestarias del Estado se cubre la financiación del despliegue de los Mossos que, por ahora, se ciñe a las comarcas de Lleida y Girona. 'Pero eso no se puede traducir en que en los lugares donde sigue habiendo policía no se cubran las vacantes', apuntó para preguntarse: '¿Dónde está el dinero que antes permitía financiar a los policías del área metropolitana?'. Para el portavoz, la respuesta está clara: Barcelona está perdiendo dotación policial porque el presupuesto se está desviando a financiar las nuevas plazas de mossos, algo que calificó de 'perversión presupuestaria'.

No obstante, insistió en puntualizar que el malestar que se extiende por los municipios del área de Barcelona no se debe intepretar como una crítica al despliegue de la policía autonómica: 'que quede bien claro que estamos encantados de que el Estado financie los Mossos y que estén en Girona y Lleida, donde no sobra ninguno'.

Prioridades

Más allá de la petición de incremento de agentes, la moción aprobada por el Parlament a iniciativa del diputado de ERC Joan Ridao reclama que en la Junta de Seguridad de Cataluña se dé prioridad, en cuanto al tiempo y a los medios personales y a través de planes concretos, a aquellas zonas en las que existan mayores necesidades. Esta prioridad vendrá marcada por los índices de victimización y el número de denuncias o de comisión de delitos.

En esta misma línea, el manifiesto de los alcaldes del Vallès Occidental asegura que

'la progresiva reducción de efectivos en la policía y la Guardia Civil va en detrimento de la convivencia y puede causar, en muchos casos, una sensación de indefensión entre la ciudadanía'.

Manuel Bustos, alcalde de Sabadell, aseguró que 'cada vez más surgen nuevas formas de delincuencia y lo que no puede ser es que el número de policías sea cada vez menor'. Ante esta situación, asegura Bustos, les toca a los ayuntamientos asumir funciones que no les corresponden, en contra del criterio expresado en numerosas ocasiones por la Delegación del Gobierno, cuando censura la reducción de plantillas de la Guardia Urbana. 'En Sabadell no sólo no se ha reducido, sino que se ha aumentado en 40 agentes a la vista de la situación creada', declaró el alcalde de esta ciudad.