La Justicia 'perdona' al Gobierno la repetición del concurso de traslados

El Gobierno no tendrá que repetir el concurso de traslados que organizó en 1998 y que dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco declararon ilegal porque la comisión nombrada para evaluar los méritos de los funcionarios no se ajustaba a la ley. De manera inesperada, un nuevo auto del mismo tribunal ha aceptado ahora las alegaciones presentadas por el Gobierno, en el sentido de que repetir el concurso podría ocasionar más perjuicios a los funcionarios que los derivados de la adjudicación de plazas declarada ilegal en su momento. Un total de 1.110 trabajadores están afectados, ya que ocupan desde el año 2000 el puesto que lograron en el concurso. Estos 1.110 funcionarios suponen casi un 23% del conjunto de la Administración general vasca, sector para el que iba destinado el proceso (quedan al margen la Ertzaintza, los docentes y el personal de Osakidetza).

El Tribunal Superior falló en septiembre del año pasado a favor de los recursos planteados por UGT y CC OO, reconociendo que la comisión nombrada por el Ejecutivo para adjudicar las plazas del concurso de traslados era ilegal por la presencia en la misma de personas que no eran funcionarios (había políticos e interinos) y porque sólo participó un sindicato (ELA) designado directamente por la Administración. Además, el tribunal ampliaba en un mes el plazo de presentación de solicitudes.

La consecuencia inmediata del nuevo auto es que los destinos y adjudicaciones del concurso de 1998 son definitivos.

El auto judicial supone un balón de oxígeno para la política de personal del Ejecutivo, que había sufrido un atasco muy importante. Además, de solventar la inseguridad sobre las 1.110 plazas impugnadas, permite resolver el desbarajuste creado en torno al concurso de traslados del año 2000 (con 250 plazas en juego) y a la OPE convocada ese mismo año (750 plazas), a la que se presentaron 40.000 aspirantes. Ambos procesos habían quedado en el aire porque el Gobierno no sabía qué plazas quedaban vacantes para ofertar en ellos como consecuencia del fallo contra el concurso de 1998. Este tipo de pruebas es la figura legal que permite a las administraciones estabilizar sus plantillas, ofreciendo a sus funcionarios las plazas que no tienen titular y que están ocupadas por interinos o por personal en comisión de servicios.

Ante esta incertidumbre, el Gobierno adoptó la semana pasada una decisión sin precedentes: suspender la OPE, de la que ya se han realizado varias pruebas. Curiosamente, el mismo día que se publicaba la orden de suspensión en el Boletín Oficial del País Vasco (el pasado 8 de mayo), se sellaba la entrada en el registro de la Secretaría de Régimen Jurídico, órgano administrativo dependiente del Departamento de Hacienda y Administración Pública, del auto judicial que permite al Gobierno no repetir el concurso de 1998.

Alteración de listas

A pesar de la suspensión de la OPE, los plazos temporales para la resolución del atasco de personal podrían reducirse con el auto. Ahora el Gobierno tiene vía libre para acelerar la gestión de la resolución del concurso de traslados del año 2000 y llegar a acuerdos y soluciones individuales con los funcionarios que han recurrido la OPE por la valoración de méritos.

Una cascada de sentencias del Tribunal Superior de Justicia están inpugnando los criterios seguidos por el Gobierno para desestimar que algunos aspirantes se beneficiaran de una valoración preferente. El cambio de valoración alterará las listas definitivas. En su momento, el Gobierno interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, pero los opositores que presentaron el recurso han solicitado la ejecución provisional de la sentencia del Superior vasco.

La suspensión de la OPE y los motivos que la producían (concurso de traslados ilegal y sentencias por la valoración de méritos) suponían para la Administración general retrotraer las actuaciones en materia de personal a marzo de 1998, la fecha en que se convocó el primer concurso de traslados.

En segundo lugar, implicaba el mantenimiento de una situación de inestabilidad que afecta a casi un 25% del personal, entre funcionarios de carrera e interinos. En tercer lugar, la Administración estaba obligada a convocar dos nuevos concursos de traslados y cumplir sus correspondientes plazos administrativos.

Resolución en un año

Además, tendría que esperar hasta la sentencia del Tribunal Supremo sobre la casación planteada en relación con la valoración de méritos y, finalmente, seguirían sin plaza en propiedad las personas que han aprobado la OPE (la mayoría trabajando en la propia Administración, pero otras con expectativa cierta de trabajar en ella).

De esta forma, una situación que podría haberse alargado en el tiempo entre dos y tres años puede ser solventada en uno, según calculan fuentes conocedoras de los procesos administrativos. Aunque no hay que perder de vista que todavía quedan pendientes otras decisiones judiciales.

En concreto, el recurso de súplica que pudiera presentar el sindicato UGT contra el auto que exime al Gobierno vasco de repetir el concurso de 1998, la petición de la aplicación de esa sentencia por parte de algún participante en esa prueba, la cuestión sobre la conversión de adscritos definitivos de los funcionarios que accedieron a raíz de la OPE de 1990 y, principalmente, los recursos individuales planteados sobre la oferta de empleo convocada en el año 2000 y que aún no están resueltos.