El presidente de Guatemala afronta acusaciones de corrupción

Cuando en el otoño de 1999 el triunfo del partido del ex dictador Efraín Ríos Montt se sabía inevitable, en Guatemala se hizo popular un chiste relacionado con la preocupación mundial por el efecto 2000 en los ordenadores: 'Seremos el único país del mundo sin ese problema, pues con la llegada del viejo general al poder retrocederemos 20 años'. Veintiocho meses han sido suficientes para que el humor negro de los guatemaltecos se convirtiera en realidad.

Alfonso Portillo -quien llega hoy a Madrid para participar en la cumbre UE-América Latina- preside un Gobierno que ha tenido la particularidad de anular lo poco que se había avanzado en la consolidación de la democracia y el Estado de derecho. Su tarjeta de presentación, un discurso destinado a endulzar los oídos de la comunidad internacional, ha perdido toda credibilidad ante la corrupción generalizada que caracteriza a la Administración pública.

Ayer, el matutino Prensa Libre -el más influyente del país- publicaba un extenso reportaje sobre la indignación del Gobierno japonés por la manera tan misteriosa en que se invirtieron 31 millones de dólares de un préstamo concedido por Tokio para obras de infraestructura en las zonas más deprimidas del país. 'Nunca comprobamos si realmente se realizaron las obras, porque el Gobierno no nos las quiere mostrar', comentó a Prensa Libre el primer secretario de Cooperación Técnica de la Embajada de Japón, Kiyoshi Ishiii.

La lista de anomalías sería interminable. Los casos más sonados comprenden desvíos multimillonarios (530 millones de dólares en varios ministerios y la Superintendencia de Administración Tributaria) o los turbios manejos que amigos personales de Portillo han hecho en el sistema bancario. El escándalo de la semana lo protagoniza Francisco Alvarado MacDonald, principal avalista de la campaña que llevó a Portillo al poder. Tras estafar al fisco más de 188 millones de dólares y la quiebra fraudulenta de los dos bancos que presidía, fue eximido de ir a la cárcel tras pagar una fianza de apenas 5.000 dólares, un 0,002% de los fondos malversados.