Toda la oposición rechaza el despido masivo de militares

El propósito del Gobierno de abrir las puertas de las Fuerzas Armadas a los inmigrantes ha puesto sobre el tapete otro problema no menos acuciante: el de decenas de oficiales de complemento obligados a abandonar los cuarteles el próximo 31 de diciembre por haber cumplido 38 años de edad o llevar más de 12 años de servicio. Toda la oposición, desde CiU hasta IU, reclama medidas para evitar su expulsión forzosa.

Este despido masivo, previsto en la ley del Régimen del Personal Militar de 1999, resulta paradójico en un momento en que los ejércitos no consiguen cubrir las plazas que convocan por falta de candidatos.

La Comisión de Defensa del Congreso debatirá hoy, junto al proyecto del Gobierno, sendas enmiendas de CiU e Izquierda Unida que plantean, respectivamente, una moratoria de dos o cuatro años para quienes deben dejar el Ejército dentro de ocho meses; y su transformación en permanentes, siempre que cumplan determinados requisitos.

Ramón Companys, portavoz de CiU, declaró ayer que mantendrá su enmienda hasta el final, a menos que el PP se comprometa formalmente a resolver en los próximos meses el problema de los oficiales abocados a un inminente despido. Por su parte, el portavoz socialista, Alberto Moragues, anunció que el PSOE, aunque no está totalmente de acuerdo con las enmiendas de CiU e IU, les dará su apoyo si el PP no ofrece otra salida.

La mayoría absoluta garantiza al Grupo Popular que ambas iniciativas saldrán derrotadas, pero le deja en una situación incómoda: enfrentarse a todos los grupos de la oposición, lo que resulta insólito en la Comisión de Defensa.

No sólo CiU, IU y PSOE piden un gesto hacia este colectivo de oficiales, también el PNV, el Grupo Mixto y Coalición Canaria les respaldan, aunque el diputado de este último grupo, Luis Mardones, no podrá estar en la sesión de hoy.

El Grupo Popular ha admitido la existencia del problema al presentar una proposición no de ley sobre los militares de complemento. El texto deja en evidencia al propio Gobierno, pues le insta a adoptar una serie de medidas que, según la normativa vigente, debió haber tomado hace tiempo.

Por ejemplo, los populares piden que se facilite la reinserción laboral de los militares que acaben su compromiso; que se lleve a cabo 'una política de promoción interna efectiva' para los oficiales de complemento; que se potencie su acceso a 'cursos de especialización'; que se considere 'como mérito su tiempo de servicio en las Fuerzas Armadas para acceder a las Administraciones Públicas'; y que se les brinden 'oportunidades reales' de acceder a empleos laborales en el Ministerio de Defensa o la Guardia Civil.

Todas estas medidas llegan, sin embargo, demasiado tarde para quienes deben colgar el uniforme el 31 de diciembre. Defensa sostiene que sólo son 47, pero los afectados elevan la cifra a más de 200. En todo caso, a partir de enero el goteo de despidos será constante entre los casi 900 oficiales de complemento.

Aunque todos son licenciados o diplomados universitarios, su reinserción laboral resulta muy difícil, pues la mayoría de ellos no han sido destinados a puestos relacionados con su titulación; lo que evidencia que el actual sistema supone, además, un notable despilfarro de recursos humanos para las Fuerzas Armadas.