El borrador de la ley de Universidades pretende que la Generalitat pueda vetar profesores

El consejero de Universidades, Andreu Mas-Colell, entregó ayer a los rectores catalanes el borrador del anteproyecto de la largamente esperada ley de Universidades Catalanas, cuyo núcleo principal regula la nueva figura del profesor con contrato laboral estable que establece la LOU. El rector de la Universidad de Barcelona, Joan Tugores, recogiendo la opinión del mundo académico, considera que el texto interfiere en la autonomía universitaria, especialmente porque propone la creación de una agencia de evaluación que tendrá derecho a vetar a los profesores que seleccione cada universidad.

Sin embargo, el título del texto presentado ayer: Documento preparativo del Anteproyecto de Ley de Universidades, deja bien a las claras que el Gobierno catalán ha optado por abrir la vía del consenso y el diálogo, al evitar incluso fijar un articulado con la precisión jurídica que ello supondría. Mas-Colell aseguró ayer que la Generalitat está abierta a negociar con los rectores, los partidos y el mundo académico en general los retoques y matices que sean necesarios.

En este sentido, la Junta del Consejo Interuniversitario de Cataluña, compuesta básicamente por los rectores de las universidades públicas, aprobó la constitución de una comisión para debatir la ley e incluir en ella todo lo que se acuerde. Dentro de un mes, a principios de junio, 'debe haber un texto articulado', dijo Mas-Colell. 'Nos gustaría que el texto entrara en el Parlament antes de las vacaciones para que pudiera debatirse después del verano', añadió.

Incluye dos leyes anteriores

La extensión del texto -45 páginas- es mayor de lo que en principio podía preverse, pero en parte se debe a que incluye dos leyes anteriores: la de Consejos Sociales y la del Consejo Interuniversitario de Cataluña, y también porque contiene largos párrafos declarativos. Pero el núcleo de la futura ley es, indiscutiblemente, la política de profesorado y, más concretamente, la regulación de 'categorías laborales estables' -en palabras de Mas-Colell- aprovechando que la Ley Orgánica de Universidades (LOU) abre la figura del profesor contratado doctor, no funcionario, y permite que abarque hasta el 49% de total de la plantilla docente e investigadora de cada universidad.

El Gobierno de CiU, que siempre ha querido romper la rigidez del cuerpo funcionarial y establecer un modelo definido de carrera académica, pretende que este cuerpo tenga los mismos derechos y la misma categoría que los funcionarios con las estrictas limitaciones que establece la LOU, como la que limita a los funcionarios la posibilidad de acceder al cargo de rector. 'Abrimos la posibilidad de una carrera contractual', dijo Mas-Colell.

La futura ley, según el titular de Universidades, potencia la contratación laboral que permite la LOU, con la creación de categorías laborales estables, aunque 'no se trata de cambios radicales, sino de abrir el abanico de posibilidades contractuales'.

Para estos profesores, el borrador de la ley recupera la nomenclatura de la Generalitat republicana; tres categorías de docentes: profesor lector, catedrático agregado y catedrático plenario. Mas-Colell explicó que el profesor lector equivaldría al profesor titular, mientras que el catedrático agregado tendría las mismas condiciones que un catedrático funcionario recién nombrado, y el catedrático plenario tendría la misma capacidad docente e investigadora que un catedrático funcionario.

Las universidades tendrán plena libertad para crear las plazas y seleccionar a los profesores que quiera contratar, si bien la Administración establece un filtro a través de una nueva agencia, la Agencia Catalana de Evaluación de la Investigación, que se suma a la Agencia de Calidad del Sistema Universitario, pero que tendrá una prerrogativa muy importante en tanto que acreditará u homologará a los candidatos a ocupar plaza de profesorado contratado, basándose en sus méritos como investigadores.

Mas-Colell agregó que no puede haber docencia sin investigación, y mientras que la docencia debe evaluarse a posteriori, la investigación es más factible de considerar a priori en función de méritos y publicaciones. Este es uno de los aspectos que más rechazo encuentran entre los rectores, quienes consideran que la Administración pretende crear una agencia cuya composición controle, a diferencia de la agencia de calidad, y que podrá actuar de filtro para la contratación de profesorado así como disponer de derecho a veto.

Otro aspecto interesante del borrador de la futura ley catalana es que pretende soslayar uno de los aspectos más polémicos de la LOU, que diluía la presencia de los miembros de las universidades en los Consejos Sociales al establecer en un máximo de seis el número de miembros de la universidad con presencia en el Consejo Social. El proyecto presentado ayer por Mas-Colell reduce la composición de los consejos sociales a 15 miembros para mantener así el peso proporcional del elemento universitario e incluye, como novedad, a un ex alumno, con la pretensión de que se refuercen los vínculos entre el mundo académico y la sociedad a través de quienes han salido de él.

Los rectores catalanes, que en los últimos días se habían mostrado críticos con las primeras filtraciones del texto presentado ayer, moderaron su actitud. El de la UB, Juan Tugores, que recogía la opinión de sus colegas, dijo que 'la ley tiene aspectos positivos, y el primero es que finalmente haya una ley'. En su opinión, la parte declarativa, las referencias a la homologación europea o a la transversalidad de los planes de estudios son también positivas.

Sin embargo, Tugores estableció aspectos 'manifiestamente mejorables'. Denunció injerencias en la autonomía universitaria 'más o menos sutiles'; advirtió sobre la posibilidad de que haya 'graves conflictos laborales' con los colectivos que provengan de los nuevos modelos de contratación, porque el proyecto de ley 'no clarifica nada respecto a la negociación', lo cual en su opinión 'puede ser un polvorín social'.

El aspecto más criticable del borrador presentado ayer por Mas-Colell es, en opinión del rector de la UB, 'la proliferación de agencias, que pasan a ser tres'. Tugores explicó que la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario, que ahora se integraría en la nueva ley, tenía una composición en la que primaba el elemento académico. La nueva agencia para la Evaluación de la Investigación, sin embargo, 'tiene mayoria gubernamental y actúa de filtro, o puede ejercer el derecho a veto sobre la selección del profesorado'.