Rigoberta Menchú denuncia el retorno del terror a Guatemala

La premio Nobel de la Paz guatemalteca, Rigoberta Menchú, regresó ayer a su país desde México para asistir a los funerales de Guillermo Ovalle, contable de la Fundación Rigoberta Menchú, asesinado en la capital. El país centroamericano parece retornar a la década de los ochenta. Las organizaciones y personas que luchan por la defensa de los derechos humanos sufren amenazas y en ocasiones pagan con la vida su compromiso.

En medio de manifestaciones de solidaridad y preocupación por lo que parece ser un retorno a la época de la represión y la violencia políticas, el cuerpo de Guillermo Ovalle, de 28 años, contable de la Fundación Rigoberta Menchú, asesinado el lunes en esta capital, fue sepultado ayer en su pueblo de origen, Tacaná, en la frontera con México. La premio Nobel de la Paz Menchú presidió los funerales. Para asistir a la ceremonia, Menchú viajó a Guatemala desde México, adonde trasladó su residencia el año pasado tras recibir amenazas de muerte.

'Hace poco más de dos años que volvimos al pasado. La gente que ahora detenta el poder es la misma que en los años ochenta impuso el método del terror', comentó una Menchú rota por el dolor, una imagen poco frecuente en una mujer que ha sufrido la represión en su entorno más inmediato. Su padre murió calcinado en la Embajada de España el 31 de enero de 1980. Su madre fue torturada hasta la muerte en su pueblo natal, Uspantán, situado en la región del Quiché, al norte de Guatemala, dos años después.

A Menchú no le cabe la menor duda respecto al móvil político de la muerte de su contable. El asesinato se produjo un día antes de que comenzara un juicio civil contra la patrulla militar responsable de la masacre de Xamán, donde 11 campesinos fueron asesinados en 1995. A esto añade Menchú la vista pública prevista para el 30 de mayo ante el Tribunal Supremo español. La Fundación Menchú acusa de crímenes contra la humanidad ante el Supremo español a varios militares guatemaltecos. Entre los acusados figura el actual presidente del Congreso legislativo unicameral de Guatemala, el general retirado Efraín Ríos Montt, convertido en dictador tras un golpe de Estado el 23 de marzo de 1982. Ríos Montt gobernó durante menos de año y medio. Otro golpe le derribó el 8 de agosto de 1983.

Ambiente de amenazas

La tensión que se vive en las organizaciones humanitarias en Guatemala es fruto de las amenazas en su contra, que se han convertido en algo cotidiano. En los últimos meses, 15 organizaciones relacionadas con derechos humanos han recibido amenazas por vía telefónica. En algunos casos los hechos han seguido a las palabras, con allanamientos y robo de información en sedes de entidades relacionadas con los derechos humanos.

Un grupo de forenses, dedicados a investigar cementerios clandestinos, han sido conminados a abandonar su tarea si quieren salvar la vida. Un tipógrafo, testigo clave en un juicio por abuso de poder en contra del vicepresidente de la República, Francisco Reyes, y un activista de un partido opositor fueron asesinados.

El movimiento en favor de los derechos humanos en Guatemala ha sufrido en el último año 19 asesinatos con características políticas, 6 atentados, 20 allanamientos ilegales a sus sedes y amenzas de muerte contra 69 activistas y religiosos, según informa Efe.

Este estado de zozobra y la incapacidad, cuando no la indiferencia de las autoridades, que muestran una torpeza sospechosa a la hora de investigar los casos, motivaron que la Unión Europea denunciara, desde Madrid, la 'persistencia de actos intimidatorios' contra miembros de organizaciones humanitarias, periodistas y agentes de la justicia.

Mientras tanto, la policía capturó el miércoles a dos sospechosos de estar involucrados en el crimen contra el contable Ovalle. Los sospechosos fueron localizados, con heridas de bala, en dos sanatorios privados de la capital guatemalteca. Como ha ocurrido en todos los casos similares, la fiscalía maneja la teoría de delincuencia común para explicar el crimen.