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Editorial:

Rebaja con sombras

El Gobierno acaba de proponer una nueva reforma a la baja del impuesto sobre la renta, cuya entrada en vigor está prevista el 1 de enero de 2003, que incluye una reducción del número de tramos de la tarifa -de seis pasa a cinco-, una rebaja en los tipos mínimo y máximo del impuesto -del 18% al 15% y del 48% al 45%, respectivamente -, subidas generalizadas en las cantidades que se han de reducir de la base -mínimo personal, hijos -, una paga o deducción para las madres con hijos menores de tres años que trabajan fuera de casa, más reducciones por rendimientos del trabajo y una nueva reducción del 25% de la renta a los propietarios de viviendas, una medida explícita para ampliar el mercado de alquiler. Los cambios en el IRPF incluyen, además, entre otras medidas de tratamiento del ahorro, una nueva rebaja en la tributación de las plusvalías -del 18% al 15%- y la exención por cambio en el fondo de pensiones. Como puede apreciarse, son cambios que no alcanzan a constituir una reforma del impuesto, pero rebasan el nivel de simples modificaciones coyunturales.

Como en todos los programas de reducción de impuestos, debe saludarse el hecho de que los contribuyentes paguen menos a la Hacienda pública y, al mismo tiempo, el equilibrio impositivo general que queda después de las rebajas. La simplificación de los tramos y el recorte de las tarifas pretenden favorecer a los contribuyentes de forma inversamente proporcional a su renta. No hay razones para dudar de la afirmación del ministro de Hacienda de que todos los declarantes de renta serán beneficiados, excepción hecha quizá de los casi 300.000 a quienes ya se les aplicaba el tipo del 45% y que seguirán haciéndolo.

Los problemas son de otro orden. El Gobierno no ha deflactado la tarifa del impuesto desde 1996 y esa circunstancia minimiza los beneficios de la rebaja de tarifas. Por añadidura, el ministro de Hacienda no parece tener en la cabeza una idea clara de cuál debe ser la estructura impositiva española. El único interés que se detecta en el Gobierno es seguir aplicando reducciones tributarias en el impuesto sobre la renta, que han demostrado gran rentabilidad en la recogida de votos, mientras se parchean apresuradamente las tasas y otros tributos para corregir la pérdida de recaudación por IRPF. El lado oscuro de la política fiscal del Gobierno también existe: baja el IRPF, pero sube las tasas y los impuestos especiales, de forma que aumenta la presión fiscal.

También permanece entre sombras el delicado asunto de cómo se financiará esta rebaja de impuestos, cuyo coste para la Hacienda pública está evaluado oficialmente en 1.300 millones de euros. No es una cuestión menor. La reforma fiscal de 1999 tuvo un impacto reducido en el equilibrio presupuestario debido a la favorable coyuntura económica. La merma de ingresos públicos se compensó con el ahorro conseguido por la disminución de los intereses de la deuda pública. Pero hoy la coyuntura es otra. El Gobierno debería explicar en cada cambio fiscal cómo se financian las disminuciones de ingresos públicos. Es una pedagogía necesaria y, hasta hoy, inexistente.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 28 de abril de 2002