Unos 500 ahorradores acaparan el 40% del dinero recuperado del 'corralito' argentino

Una ínfima minoría de los argentinos que presentaron recursos de amparo contra la congelación de depósitos se ha beneficiado de las sentencias judiciales que hasta ahora obligaron a los bancos a devolver 2.500 millones de pesos (a distintos tipos de cambio), según datos del Banco Central. Unos 500 ahorradores (menos del 3% de los recursos presentados) concentran casi el 40% del dinero recuperado. La clamorosa desigualdad de las sentencias alimenta la sospecha de que determinados jueces han favorecido a los grandes depositantes, lo que ha agudizado la crisis del sistema financiero.

La falta de liquidez es la causa esgrimida por las autoridades para el el hecho de que los bancos cerraran toda la semana. Las entidades bancarias abrieron ayer las puertas simbólicamente, aunque los clientes no pudieron realizar ninguna operación para el uso de efectivo o cheques. Para evitar el goteo de fondos que salían a diario del corralito, el presidente Eduardo Duhalde ha promulgado la llamada ley tapón, aprobada el jueves por el Congreso, que dispone que sólo podrán ejecutarse los recursos de amparo que tengan una sentencia firme (apelada y ratificada por un tribunal superior) y hayan sido comunicados previamente al Banco Central.

El grupo parlamentario peronista investiga a una decena de jueces bajo sospecha, que coinciden con los fallos que favorecieron a los depósitos más altos. Cuando miles de ciudadanos no tienen cómo recuperar sus depósitos retenidos que no superan los 25.000 dólares (los ahorros de toda una vida en muchos ocasiones), llama poderosamente la atención casos como el de la devolución de un plazo fijo de seis millones de pesos del Banco de Galicia, u otro de 5,3 millones del Banco Provincia de Buenos Aires. El 90% de las cuentas del sistema son inferiores a los 30.000 dólares (34.000 euros) , pero el promedio de los recursos concedidos y cobrados asciende a unos 38.000 dólares.

Con la nueva ley antigoteo, que sustituye momentáneamente al plan Bonos que pretendía poner en vigor el dimisionario ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, el Gobierno pretende cortar la sangría de fondos de las entidades de crédito y la actuación de los jueces federales de lo contencioso-administrativo, que no escatiman esfuerzos a la hora de rescatar los fondos congelados.

En las últimas semanas se repiten escenas insólitas como la presencia, a cualquier hora del día, de funcionarios judiciales acompañados de cerrajeros con sopletes dispuestos a violentar las puertas de los bancos. Ha ocurrido en las sedes del Banco Río-SCH, Citibank, Bansud, Provincia, entre otros, sin que nadie lo impida. Los funcionarios en cuestión cuentan con el mandato judicial correspondiente.

Este es el panorama que afronta el flamante ministro de Economía, Roberto Lavagna, que hoy jurará el cargo después de cuatro días de incertidumbre en el área económica del Gobierno. El hasta ayer embajador argentino ante la Unión Europea aceptó el ofrecimiento del presidente Eduardo Duhalde tras reunirse con el primer mandatario en la quinta de Los Olivos. Sus primeras declaraciones en las que da prioridad a la reactivación de la producción por encima de la cuestión fiscal ha creado una gran expectativa, no exenta de las primeras críticas cuando todavía no ha jurado el cargo.

Tanto en los círculos políticos como económicos pocos dudan de que al nuevo ministro le tocará encarar la vuelta a un tipo de cambio fijo con el dólar, sin que ello implique para nada resucitar la convertibilidad que estuvo en vigor la última década.

Ayer las protestas e incidentes más relevantes tuvieron lugar en la provincia de Formosa, donde 2.000 personas intentaban cobrar los planes de asistencia; en Jujuy, donde hubo cortes de carreteras; y en San Juan, donde empleados docentes y sanitarios mantienen ocupados edificios públicos desde hace dos meses para hacer oír sus reivindicaciones.