Derechos espirituales

El día que se haga recuento de lo que nos ha costado a los españoles en general, y a los andaluces en particular, mantener en pie el patrimonio eclesiástico, temblarán de risa las catedrales, las iglesias y los conventos de toda índole. Pero no se caerán, porque están firmemente asentados, y restaurados, con el dinero de todos, que acaso debió atender a otras necesidades más civiles. (Y raro será que nuestros nietos no nos lo reprochen). Solamente el programa del V Centenario, paralelo a la Expo, y del que algunos no quieren acordarse, derramó cuarenta mil millones de pesetas por toda la geografía nacional, aportados entre gobierno central, gobiernos regionales, diputaciones y ayuntamientos. De ellos se beneficiaron 62 monumentos andaluces, en su mayor parte ligados a actividades religiosas (catedrales de Almería, Jaén, Baeza, Málaga, Cádiz, Jerez; Curia de Granada, el Salvador en Sevilla, santuarios de la Cinta en Huelva y de la Victoria en Málaga, numerosos conventos en Úbeda, Ronda, Córdoba, Sevilla...) Hay que añadir otra multitud de restauraciones posteriores, como la que de nuevo recayó sobre la Curia de Granada, con 192 millones de la Consejería de Cultura. Y la Iglesia se limitó a lo de siempre, a poner la mano. La conclusión es que veinte años de democracia, y a impulsos de gobiernos socialistas mayormente, han hecho mucho más por este importante patrimonio que aquellos cuarenta del nacionalcatolicismo.

Viene a cuento este alegato de la polémica surgida en Granada en torno al Hospital San Juan de Dios, un hermoso y lóbrego edificio del XVII, propiedad legítima de la Diputación Provincial, que ahora los del PP reclaman 'se devuelva' a la orden, en virtud de unos intangibles 'derechos espirituales'. Ahí queda eso. Cuando todos parecían de acuerdo en que la caja de ahorros hiciera la restauración para crear un gran centro cultural, y construyera, aparte, un hospital nuevo, se descuelgan estos que se dicen 'liberales' con una propuesta que habrá hecho estremecerse en su tumba al mismísimo Mendizábal, que desamortizó el inmueble para entregarlo al bien común. Por ese mismo camino podrían acabar reconociéndole a 'los moros' algunos derechos sobre la Alhambra. (Pero me temo que no, aunque por diferentes motivos). Bien mirada, esa actitud no dista mucho de la de esos judíos errantes que se instalan en tierras ocupadas militarmente a los palestinos, esgrimiendo como título de propiedad un pasaje de la Biblia. Algo bueno tiene, no obstante, el caso de Granada: que retrata perfectamente a sus instigadores.

Para evitar que en un futuro surjan nuevos pleitos como éste, la consejería de Cultura, a iniciativa de su actual titular, Carmen Calvo, ha adoptado la sana costumbre de ir inscribiendo en el Registro de la Propiedad aquellas actuaciones que se hacen en inmuebles históricos con dinero público, sean de quien sean. A nadie se le había ocurrido antes, pero es rigurosamente legal y, sobre todo, puede evitar que nuestros nietos se rían demasiado de nuestra sacrosanta ingenuidad democrática.