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Editorial:

Mapa de situación

El caso de las cuentas secretas del antiguo BBV lleva camino de convertirse en un pozo con ramificaciones cada vez más complejas. Hace unos meses era sólo un denso rumor que trataba de explicar la precipitada renuncia de Emilio Ybarra y Pedro Luis Uriarte al consejo de administración del BBVA. El 22 de marzo se hacía pública la apertura de un expediente del Banco de España a 16 consejeros del antiguo BBV, entre ellos su presidente y consejero delegado. El juez Garzón llevó el caso a la jurisdicción penal sumándolo a una investigación ya antigua sobre BBV privanza. La fiscalía anticorrupción hizo público ayer un escrito acusatorio en el que pide al juez la imputación de 28 personas, entre ellas el actual secretario de estado de hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga, y el número dos del nuevo equipo directivo del BBVA, José Ignacio Goirigolzarri, junto a todos los consejeros del antiguo BBV y varios ejecutivos. El ex consejero delegado Uriarte ha enviado, por su lado, a garzón una declaración escrita de la que se desprende que Francisco González, actual presidente del banco, conocía la existencia de los fondos de pensiones creados con cargo a las cuentas secretas de Jersey al menos desde el 4 de enero de 2001; esto es, dos semanas antes de la entrevista con el gobernador del Banco de España en la que los dos copresidentes informaron sobre las cuentas secretas, pero no así de los fondos de pensiones.

Se completa así un mapa de situación en el que conviene distinguir al menos tres niveles: las posibles responsabilidades penales de los administradores y ejecutivos, las políticas y los efectos colaterales. La aclaración de las primeras corresponde a la justicia y deben ser exactamente establecidas con carácter individual. Dde lo conocido hasta ahora se deduciría que al ex presidente del antiguo BBV le cabe el mantenimiento y gestión de las cuentas secretas durante más de 10 años; será necesario determinar ahora si la iniciativa de repartir casi 20 millones de dólares de esas cuentas entre los consejeros, a través de la figura de fondos de pensiones, fue individual de Emilio Ybarra o compartida, y si los beneficiarios tuvieron conocimiento del origen de ese dinero.

El actual consejo de administración del banco expresó ayer su respaldo a Goirigolzarri, tras haber verificado que no hay "nada irregular" en su gestión como responsable de operaciones en américa latina. Este principio de presunción de inocencia no ha sido el criterio aplicado por francisco gonzález respecto a otros consejeros involucrados en el caso, a los que se pidió su dimisión para no dañar la imagen del banco.

Las responsabilidades políticas a indagar habrían de partir del hecho de que durante 13 años una parte del patrimonio de uno de los dos grandes bancos españoles se haya mantenido al margen de la legalidad, sin que los organismos supervisores, el banco de españa, la comisión nacional del mercado de valores y la agencia tributaria, hayan sido capaces de detectarlo. Los miles de accionistas del banco tienen derecho a reprochar a esos organismos su ineficiencia para detectar lo que estaba pasando pese a las auditorías y otros controles realizados con ocasión de las dos fusiones realizadas en ese periodo. También merece explicación precisa el papel aparentemente pasivo jugado por el banco de españa entre el mes de enero, en que conoció los hechos, hasta que en septiembre decidió activar al equipo de supervisión, en pleno estallido del caso gescartera.

A ello se añade la situación cada vez más insostenible del secretario de estado de hacienda: la fiscalía considera relevante la denuncia de un testigo protegido que le acusa de ser el autor, cuando trabajaba para el BBV, de un manual para defraudar a hacienda a través de paraísos fiscales. A garzón corresponde determinar la credibilidad de ese testimonio y si su denuncia justifica la declaración como imputado de rodríguez ponga en relación a las operaciones realizadas con el dinero opaco del banco. Por mucho que el gobierno se empeñe en respaldarle, sería escandalosa su continuidad al frente de hacienda si el juez decidiera imputarle precisamente por haber contribuido a crear métodos de evasión fiscal.

Lo que se ha conocido en estas últimas semanas obliga a volver la mirada hacia aspectos de la fusión con argentaria, que en su día provocaron extrañeza. Sobre todo la impresión de que era el pez chico el que se comía al grande. la oposición acusa al gobierno de haber utilizado la información que poseía sobre las cuentas secretas para "quedarse" con el banco fusionado. Es una acusación grave que habría que probar, pero los antecedentes de este gobierno en relación a las privatizaciones no permiten descartarla sin más.

La combinación entre eventuales responsabilidades penales de los antiguos gestores del segundo bando de españa, la falta de diligencia de los organismos supervisores y la escasa transparencia del poder político son factores que inevitablemente afectan a la fiabilidad del sistema financiero español. Por supuesto, hay que dejar trabajar a la justicia, evitando investigaciones paralelas que puedan interferir. Pero cada día que pase sin que se vea una clara voluntad del gobierno por aclarar lo que le concierne, y no sólo por salir del paso en las sesiones de control, serán mayores los daños colaterales.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 24 de abril de 2002