Jesús Gil anuncia que hoy deja la alcaldía y que se irá de España 'cuando acabe todo'

Jesús Gil ha decidido no esperar a que el Tribunal Supremo le notifique su sentencia de 28 años de inhabilitación y dimitirá hoy como alcalde de Marbella. Sin embargo, Gil justificó su abandono de la alcaldía por el sufrimiento por el que, según él, atraviesa su familia. El hasta ahora regidor aseguró ayer que tiene la intención de abandonar España 'cuando acabe todo' con la justicia y que tendrían que matarlo antes que volver a ingresar en prisión.

El Supremo ratificó el pasado 5 de abril la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga por la que Gil es condenado a 28 años de inhabilitación. La sentencia le culpa de la comisión de tres delitos de prevaricación y uno de tráfico de influencias por firmar contratos de patrocinio de Marbella en las camisetas del Atlético de Madrid, club del que es presidente, en las temporadas 1991-92 y 1992-93 sin autorización de los órganos municipales ni intervención del secretario municipal.

La sentencia todavía no se ha ejecutado. Para hacerlo, dicha Audiencia deberá notificarsela a Gil y enviar un oficio al Ayuntamiento de Marbella, lo que normalmente se demora dos o tres semanas. Ayer, el alcalde inhabilitado anunció que no esperará a la ejecución y que hoy mismo a las doce del mediodía presentará su dimisión como regidor. Según Gil, su abandono no se debe al cumplimiento de la condena sino al deseo de no hacer sufrir más a su familia. 'No quiero martirizarlos más', aseguró.

El alcalde se refirió también al caso Marbella, por el que la Audiencia Nacional le acusa de los delitos de malversación de caudales públicos y de falsedad documental por un presunto desvío de 30 millones de euros del erario municipal (5.000 millones de pesetas) entre 1991 y 1995. Gil negó que el ayuntamiento hubiera emitido facturas falsas a nombre de cuatro sociedades inactivas controladas por colaboradores suyos -Cantera Nasok, Dintak, Contratas Peninsulares y Contratas El Plantío- por obras y servicios que jamás se realizaron. 'Comprar empresas inactivas no es ningún delito', señaló, para asegurar después que 'en 1999 [cuando se conoció el caso] hacía tres años que esas sociedades estaban inactivas, por lo que no pudieron facturar nada'.

El regidor aseguró que cuando presuntamente se cometieron los hechos que se le imputan -entre 1991 y 1995- el Ayuntamiento de Marbella no contaba con el montante del presunto fraude, por lo que se preguntó: '¿Cómo voy a robar 5.000 millones de pesetas si no los había?'.

Ayer abandonaron la prisión de Soto del Real (Madrid) el gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, y el gerente de la sociedad municipal Contratas 2000 José Luis Jiménez, también imputados en el caso Marbella, tras depositar sendas fianzas de 450.000 y 300.000 euros respectivamente. Quedan en prisión el antiguo asesor jurídico de Gil, José Luis Sierra y el contable Manuel Castel, que aseguraron tener dificultades para pagar las fianzas que se les impusieron.

Conspiración

Para Jesús Gil, el caso Marbella no es más que el resultado de una conspiración urdida por el director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, 'en connivencia' con el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal. El alcalde de Marbella leyó un documento fechado el 15 de abril, que se negó a entregar a los periodistas, que daba cuenta de una supuesta reunión entre Cardenal y la fiscal adscrita al caso, Belén Suárez, en la que el primero ordenaba que se pidiera para él la prisión incondicional e incomunicada.

Gil, que dijo considerarse 'un perseguido político', afirmó: 'Me iré de España cuando acabe todo'. 'Me iré a Brasil con mi mujer, que la tengo amargada', añadió. Gil pidió ayuda al presidente del Gobierno, José María Aznar, para que detenga ' la carnicería y persecución' de la que, a su juicio, es objeto. 'El presidente no puede seguir diciendo que no piensa intervenir en las decisiones de los jueces', afirmó. Gil consideró un error haber presentado candidatos de su partido (Grupo Independiente Liberal) en otros municipios. 'Cuando descubrieron que les iba a quitar un millón de votos, me metieron toda la artillería', aseguró.

El próximo jueves comenzará en la Audiencia Nacional el jucio por el caso Atlético. El fiscal Anticorrupción Carlos Castresana pide para él 17 años y 6 meses de cárcel, y 10 años y 6 meses para su hijo Miguel Ángel por presuntos delitos de apropiación indebida, falsedad contable y otorgamiento de contratos simulados.