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El Gobierno permite seguir en España a Nicolás Sguiglia, pero le impone una multa de 1.500 euros

El joven italoargentino agotará los recursos y advierte de que carece de medios para pagar

La Subdelegación del Gobierno en Málaga comunicó ayer a Nicolás Sguiglia que no será expulsado del país, pero anunció que deberá pagar una multa de 1.500 euros por una acusación de 'desórdenes públicos'. El joven de 25 años, con doble nacionalidad (italoargentina), fue detenido cuando se manifestaba el 29 de enero ante el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Málaga para impedir la repatriación de ocho inmigrantes marroquíes. Estas ocho personas fueron expulsadas y Sguiglia tiene pendientes dos causas penales por aquellos incidentes.

Nicolás Sguiglia conoció ayer el resultado del expediente de expulsión después de dos meses y medio de 'incertidumbre' sobre su futuro. La decisión le provocó sentimientos enfrentados: 'Por un lado estoy aliviado y por otro cabreado porque han tardado dos meses y medio en darme la razón al no expulsarme'. Por eso -porque sigue pensando que es inocente- y por su falta de liquidez, no pagará la sanción de 1.500 euros que le ha impuesto el subdelegado del Gobierno en Málaga, Carlos Rubio.

La subdelegación le da quince días de plazo para abonar la cantidad, pero él lo tiene claro: 'Es una cantidad desorbitada', clama. Pasada esa quincena comenzarán los embargos, pero Nicolás Sguiglia asegura que no tiene ni cuentas bancarias ni propiedades a su nombre. Lo que Sguiglia sí hará es agotar todos los recursos administrativos. Primero apelará ante la subdelegación y después acudirá al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Para Nicolás Sguiglia han sido dos meses y medios de altibajos: 'Había días en los que todo era optimismo y confianza en que todo saldría bien y otros días en los que todo se me venía encima', dijo en la puerta de la Comisaría Provincial de Policía.

Sguiglia, integrante de la asociación de apoyo a los inmigrantes Ninguna Persona es Ilegal, tiene una interpretación para estas diez semanas que ha tardado la resolución. Cree que el Gobierno ha jugado psicológicamente con el miedo a la repatriación 'para que no nos involucremos más de la cuenta en la defensa de los derechos humanos', apostilló. La subdelegación no está de acuerdo con esta hipótesis.

'Lo que ha conseguido esta situación es unirnos más y darnos ganas de seguir trabajando', sentenció Sguiglia. Desde que ocurrieron los hechos en el centro de internamiento, el joven italoargentino no ha hecho más que recibir apoyos de la red de asociaciones en defensa de los inmigrantes, decenas de profesores universitarios, etc. Incluso dos diputados nacionales interpelaron por él. Primero fue José Luis Centella (IU) y después Carlos Sanjuán, del PSOE.

El proceso de expulsión no ha estado exento de polémica. Sguiglia ya acudió a la comisaría el pasado 21 de febrero para que le notificaran la resolución de su expediente. Sguiglia aseguró que la brigada de extranjería le entregó por escrito la expulsión por tres años. 'Después pregunté por mis alegaciones y me dijeron que no habían llegado, entonces el proceso se inició de nuevo', relató. Dichas alegaciones habían sido presentadas ante notario en Antequera, ya que 'en ninguna comisaría las aceptaban', denunció.

Sguiglia ha esquivado la expulsión pero aún tiene dos causas penales pendientes por los sucesos ocurridos en el centro de internamiento. El primer caso es una denuncia de la policía contra Sguiglia y otro compañero por agredir presuntamente a los agentes. El otro proceso responde a los supuestos malos tratos que ambos jóvenes sufrieron dentro del CIE, hechos que fueron presenciados por la abogada, Amanda Romero.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 20 de abril de 2002