Cientos de presos del 11-S presentan una denuncia contra Ashcroft

Un grupo pro derechos civiles denunció ayer ante los tribunales al fiscal del Estado (ministro de Justicia estadounidense), John Ashcroft, y al director del FBI, Robert Mueller, por la detención de cientos de 'sospechosos' presuntamente relacionados con los atentados del 11 de septiembre y cuya identidad o culpabilidad no han sido esclarecidas en todos estos meses. Muchos de los más de 300 presos, la mayoría de origen árabe, han sido sometidos a malos tratos.

La denuncia, que fue presentada ayer en un tribunal de Brooklyn por el Centro por los Derechos Constitucionales, afirma que, en algunos casos, los detenidos fueron confinados 'en pequeñas celdas sin ventanas durante más de 23 horas al día. (...) Muchos sufrieron abusos físicos y verbales de los guardias'.

Poco después de los atentados, el Departamento de Justicia organizó una redada entre las comunidades islámicas del país y detuvo a unas 1.200 personas, buscando posibles pistas sobre Al Qaeda. Según los últimos datos, 327 siguen encarcelados, acusados de violar las leyes de inmigración, casos que normalmente terminan en una deportación a las pocas semanas. Ninguno ha sido acusado de delitos o conexiones terroristas.

'No se explica por qué siguen detenidos', dijo Barbara Olshansky, una de las abogadas de la oganización que ha presentado la denuncia. 'Queremos que el mundo sepa que tratamos a estudiantes y a turistas como a criminales. Los encarcelamos de forma arbitraria, como en los peores regímenes totalitarios'.

Uno de estos casos es el de Osama Salem Basiuny, ciudadano egipcio, ex marido de una española, que fue detenido el pasado 20 de octubre cerca de Nueva York por entrar en EE UU con un pasaporte falso. Esperaba ser deportado a primeros de este año pero las autoridades, sin avisar previamente a su abogado, han decidido retenerlo, sin dar más explicaciones. Lleva ya siete meses en prisión.

El Departamento de Justicia mantiene un mutismo absoluto sobre estos presos. Uno de sus responsables dijo a The Washington Post que las decisiones se tomaban, caso por caso, al más alto nivel, sin especificar los criterios.