La desaparición de Argentina sigue su curso

Eduardo Duhalde ha cumplido esta semana los primeros 100 días como presidente de Argentina, y la incertidumbre sigue siendo la nota predominante sobre su futuro político y de su país. Han transcurrido más de tres meses desde que el Gobierno declaró la suspensión de pagos de la deuda externa, que cerró automáticamente el acceso al crédito para los sectores público y privado, y los argentinos ignoran cuán cerca están sus gobernantes de un acuerdo con los organismos multilaterales. De momento, Argentina está excluida del sistema financiero internacional, tratada como una nación apestada, con un Estado que hace aguas por todas partes y que despierta la desconfianza colectiva de un mundo que mira hacia otra parte.

Los médicos denuncian a los laboratorios, que suben los precios con afán especulativo, y la venta de medicinas en cantidades muy superiores a las que se utilizan

En los últimos tres meses ha habido 170.000 despidos, con lo que el paro ronda el 25%, que sumado al subempleo podría alcanzar al 45% de la población

Si hubiera que establecer en qué confían menos los argentinos, la moneda ocuparía probablemente el primer lugar. El dólar es la obsesión de ricos y pobres

La gran preocupación este año era poder iniciar las clases. En Buenos Aires, la disminución de becas ha dejado fuera de la escuela a casi 130.000 alumnos

Una de las mayores grietas del Estado argentino, abierta desde tiempo inmemorial, es el sistema tributario y la evasión de impuestos

Desde el exterior, los pronósticos de algunos especialistas son durísimos. El sociólogo francés Alain Touraine ha declarado que Argentina 'no tiene ninguna capacidad de transformarse y de tomar decisiones' y que 'como unidad, como país y como sistema político ha muerto'. ¿Cuánto tiempo puede aguantar un país sin crédito y con un Estado quebrado? No se sabe, pero ahí están algunos efectos: la caída de la producción (un 10%) ha provocado restricción de inversiones, cierres de empresas y una nueva caída del empleo: 170.000 despidos en los últimos tres meses, de los que 65.000 fueron en marzo, con lo que el paro ronda el 25%, que sumado al subempleo podría alcanzar al 45% de la población.

Sin embargo, el presidente Duhalde parece vivir en otro país. Repite una y otra vez que Argentina se encamina hacia la senda del crecimiento y asegura que el 9 de julio la nación hará una doble fiesta para celebrar la independencia y el fin de cuatro años de recesión. De momento no ha explicado ni ha convencido a casi nadie sobre la supuesta llegada de la ansiada reactivación.

Parálisis estatal

'El Estado ha perdido su capacidad institucional de entregar bienes y servicios a los ciudadanos y ha perdido su legitimidad frente a la sociedad', opina Oscar Oszlak, profesor de administración pública y antiguo asesor del ex presidente Raúl Alfonsín. La parálisis del aparato estatal se refleja en las áreas más diversas, en las que los ciudadanos están más desprotegidos que nunca. Argentina vive en situación de emergencia sanitaria hasta fin de año, y el Ministerio de Salud acaba de anunciar un Programa Médico Obligatorio de Emergencia. Paradójicamente, a lo largo de su historia el sistema sanitario argentino ha sido uno de los mejores de América Latina, con un buen nivel de prestaciones de salud pública.

La explicación de un deterioro tan acusado tiene que ver, según Oszlak, con el empobrecimiento brutal que ha sufrido Argentina. 'Hoy, la clase media va al hospital. Se han derrumbado las obras sociales vinculadas a los sindicatos, porque al crecer el mercado negro de trabajo ha disminuido la afiliación, los sindicatos han visto mermados sus ingresos y han empobrecido sus prestaciones. Difícilmente los hospitales públicos podrán satisfacer este crecimiento enorme de la demanda'.

El hospital de Agudos Doctor Teodoro Álvarez, del distrito de Flores (Buenos Aires), registra un aumento de los pacientes que se han quedado sin obra social y acuden al servicio de urgencias, según explica la doctora Constanza Pecantet. 'En urgencias es el sitio donde te atienden más rápido. Por el contrario, los turnos para otros servicios se reparten para dentro de dos o tres meses', apunta Ariana Koffsmon, directora del Programa del Área Política de Salud del CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento).

La legislación establece que todo ciudadano que pisa suelo argentino tiene derecho a recibir asistencia sanitaria. Y a ella se acoge un número creciente de inmigrantes, que se agolpan en los centros médicos públicos. 'Todas las semanas llega a la clínica Maternidad Santa Rosa, en el partido de Vicente López, en la provincia de Buenos Aires, un ómnibus procedente de Paraguay con mujeres a punto de dar a luz', dice Koffsmon. En la provincia de Salta, añade, unos 60.000 bolivianos cruzan cada año la frontera para ser atendidos en el hospital Juan Domingo Perón, de Tartagal, una localidad de 64.000 habitantes. En su nueva maternidad un 40% de las pacientes viene de otros países, como Bolivia, Perú y Paraguay.

La situación de emergencia que atraviesa la sanidad se refleja en el desabastecimiento de medicinas y suministros clínicos, que incluyen material básico, como guantes, jeringas, agujas automáticas para suturar... La industria farmacéutica es de las más caras de América, porque en Argentina se venden marcas, y no medicamentos genéricos. El personal médico denuncia la especulación de los laboratorios, que suben los precios con afán especulativo, y la venta de medicinas en cantidades muy superiores a las que se utilizan.

'Hay un gran desperdicio y un pésimo control de los costes de la industria, que ha hecho suculentos negocios. Los precios están muy por encima de los valores internacionales. Se han triplicado desde diciembre, y el presupuesto de este hospital va a seguir siendo el mismo o menos', lamenta Alberto Recoulat, encargado de abastecimiento del hospital Aeronáutico Central, de Buenos Aires, que aprovecha la ocasión para revelar que, en su opinión, es 'el principal problema' de los hospitales públicos. 'A la gente que trabaja para el Estado le importa un comino lo que pasa. El segundo problema es que los sueldos están por el suelo'. Un salario básico de un médico de la sanidad pública es de 300 o 400 pesos (unos 165 euros), y de casi el doble si es en negro, sin recibo y con atraso.

Argentina tiene un presupuesto de gasto social que incluye salud, que es de los más elevados del mundo. Según Oszlak, 'el problema es que se pierde en los numerosos vericuetos del sistema de intermediación. Lo que llega al beneficiario de los programas sociales está entre el 30% y el 40% de lo que se asignó inicialmente'.

La educación representa un 50% de la dotación de personal de todas las provincias, que tienen transferidos sus servicios. Las estimaciones del CIPPEC indican que hay un 30% menos de inscripciones en las escuelas públicas de todo el país a causa de la crisis, según Axel Rivas, coordinador del Área Política Educativa.

Educación territorial

Ahora sólo quedan en manos del Estado las universidades nacionales, que funcionan en distintas partes del territorio (una treintena). La transferencia de la educación se hizo sin que muchas de las provincias tuvieran capacidad para asumir aquella reforma del Estado. Cada una de ellas ha tratado de ajustarse de manera desigual a la Ley Federal de Educación, que entró en vigor en 1993.

El papel del Ministerio de Educación es una incógnita, en la medida que la prestación educativa está administrada por las provincias. Se supone que el nuevo papel del Estado debería ser orientar y fijar grandes líneas de política, seguimiento, evaluación, control de gestión, información y promoción. Pero es muy difícil cumplir esas funciones cuando cada provincia tiene su ministerio o secretaría de Educación.

Los sindicatos tienen una gran presencia en este sector, con poder de presión sobre los Gobiernos -la amenaza del paro está siempre presente-, lo que suele traducirse en una disminución de los días lectivos. Más de 600.000 alumnos de las provincias de Río Negro, San Juan y Entre Ríos y algunos centros escolares de Chubut han perdido un mes de clases por huelgas del profesorado, que reclaman deudas salariales que en algunos casos se remontan al año pasado. La gran preocupación de las provincias era este año poder iniciar las clases, que se llevó a cabo con un descenso significativo de las inscripciones. En la provincia de Buenos Aires la caída del régimen de becas ha dejado fuera de la escuela a casi 130.000 alumnos entre los 13 y 18 años de los barrios más pobres.

Escolarización gratuita

La Ley Federal de Educación prevé 10 años obligatorios de escolaridad. 'Todos los países hicieron su reforma, y nosotros veníamos atrasados', comenta Juan Batipalla, director de la Escuela de Educación Técnica Número 9, del distrito de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires. 'Por primera vez en nuestro país aparece una legislación a nivel medio, lo que significa que la financiación del sector educativo está asegurada en un 4% del PIB'. Antes no había ley que dijera cuánto debía destinarse a la educación. El problema es que en un país con un PIB desarticulado como Argentina y que está en recesión desde hace cuatro años 'es lógico que el dinero destinado a educación sea menor. No hay entonces plata para nadie'.

La inmensa universidad de la ciudad de Buenos Aires (UBA) ilustra la filosofía de la educación pública. Los principios de entrada libre y gratuita se aplican a rajatabla, sin que ello implique grandes exigencias al alumnado. Se trata de la universidad más grande de América Latina, con más de 300.000 estudiantes, en la que sólo la facultad de Económicas tiene 60.000 alumnos. Para muchos de ellos los años transcurren sin el mínimo aprobado, de manera tal que su presencia en la universidad puede llegar a eternizarse. No deben temer por la expulsión porque sus derechos académicos están garantizados. Apenas un 10% de los matriculados termina la carrera en el periodo estipulado.

Una de las mayores grietas del Estado argentino, abierta desde tiempo inmemorial, es el sistema tributario y la evasión de impuestos. En algún momento de su vida Oscar Oszlak fue inspector de Hacienda. 'Puedo hablar, como mínimo, de mi experiencia personal', afirma. Y no se anda con rodeos: 'La Dirección General Impositiva (DGI) tiene una plantilla profesional bastante importante, pero es una institución atravesada por la corrupción, en todos sus niveles, desde siempre'.

La evasión impositiva se remonta a los orígenes de la DGI. Hay estudios al respecto que corresponden a la década de los 50. Uno de ellos, de 1955, establecía una evasión del 60% en el antiguo impuesto a los réditos, que es el actual impuesto a las ganancias. Las estimaciones de la evasión del año pasado eran alrededor de 20.000 millones de dólares, que representaban el 8% del PIB. Este año nadie duda que la cantidad será más elevada, según pronostica el economista y profesor universitario Luis Becerra.

El número de contribuyentes en Argentina es muy reducido, estiman los expertos. Hay una evasión tremenda al impuesto a los bienes personales, muy significativa al IVA, y las provincias prácticamente no tienen sistema tributario. En este contexto, la nación aporta más del 60% del gasto provincial a través de recursos generados vía coparticipación y aportaciones del Tesoro. Casi ninguna provincia llega al 20% de sus recursos con recaudación propia.

'Si fue posible en Singapur, también en Argentina es posible una transformación de estas dimensiones bajo otras reglas del juego. Para empezar, hay que aplicar toda la tecnología disponible y cumplir con la ley'. Oszlak pone el ejemplo del país asiático, 'que en 40 años de vida independiente eliminó la corrupción, logró un sistema tributario impecable y se convirtió en uno de los países más limpios del mundo, donde el cumplimiento de la ley es sagrado. Eso sí, con un régimen político marcadamente autoritario'.

Si hubiera que establecer en qué confían menos los argentinos, la moneda ocuparía probablemente el primer lugar. Viene de lejos el recelo hacia el símbolo patrio, que en el pasado tuvo varias denominaciones y que en los últimos diez años estuvo atado al dólar con la misma lógica del ciclista que se engancha a un camión. 'El camión lo lleva donde quiere, y no donde quiere el ciclista', advierte Oszlak. El fin de la convertibilidad entre el peso y el dólar y la pretendida pesificación no desalojó al dólar de la escena, sino todo lo contrario. La moneda norteamericana es la obsesión de ricos y pobres.

Con la última crisis han reaparecido viejas conductas especulativas, terreno en el cual el Estado se ha mostrado más incapaz de actuar como un efectivo regulador de las transacciones económicas y sociales. Al no sancionar y no aplicar la ley, y al mantener actitudes dubitativas y contradictorias, que han proliferado en los últimos meses: un día anuncia la apertura del corralito (congelación de los depósitos bancarios), otro día dice lo contrario; un día se devolverán los depósitos en dólares, y al otro serán en pesos; desmentidos y más desmentidos, los portavoces oficiales se contradicen entre sí ante la incredulidad general. No hay una única voz en nombre del Estado. Difícilmente una sociedad puede mantener una convivencia civilizada si no hay un Estado que se haga cargo de aquellas responsabilidades que no pueden asumir ni el mercado ni la propia sociedad.

En un intento desesperado para contener el monumental descontento de amplios sectores de la población, el Gobierno de Duhalde anuncia ahora que la prioridad es el plan social, y acaba de aprobar la entrega de un salario de inclusión de 150 pesos para cada familia bajo la línea de pobreza. Se opta por una equidad distributiva barata, con una cantidad de dinero que todavía el sistema económico argentino está en condiciones de redistribuir, pero que no es ninguna solución al problema, porque no conlleva creación de empleo ni implica un crecimiento de las capacidades laborales.

Consenso de Washington

Durante la última dictadura militar estaba de moda el lema 'Achicar el Estado es agrandar la nación'. Después de una década de privatizaciones de las grandes empresas estatales empiezan a oírse voces que subrayan que la reforma no pasa por reducir el Estado. Como la de María Soledad Acuña, responsable del Área de Reforma del Estado del Grupo Sophia, que asegura que 'desde las teorías del llamado Consenso de Washington ha quedado demostrado que achicar el Estado no trajo los resultados esperados. La eficiencia de un Estado es una cuestión de funcionamiento, y no de tamaño'.

Los defensores del Estado aseguran que con dos millones de empleados públicos en las administraciones nacional, provincial y municipal, Argentina tiene uno de los Estados nacionales más pequeños del mundo. Con un coste caro, porque el déficit de la Seguridad Social, el principal apartado de gasto en el presupuesto, implica unas transferencias muy elevadas. El primer paso para la ansiada renovación está en curso en el Congreso, que debate el proyecto de ley de reforma política. Pero todavía no se vislumbra ninguna figura que pueda convocar a los argentinos para el gran salto hacia delante.