Los jueces avalan la expropiación de tierras por el vertido de Aznalcóllar

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha avalado la expropiación de fincas que llevó a cabo en 1999 la Junta de Andalucía en el entorno de Doñana para iniciar la restauración medioambiental de unas 4.000 hectáreas afectadas por el vertido tóxico originado en las minas de Aznalcóllar y crear un corredor forestal entre Sierra Morena y la comarca de Doñana. En su sentencia, el máximo tribunal andaluz desestima una demanda de la asociación Asaja que, en representación de algunos de los 200 agricultores afectados, pretendía que se reflejara la inconstitucionalidad de la iniciativa autonómica y se trasladara el caso al Tribunal Constitucional.

La Junta se gastó casi 66 millones de euros en adquirir las fincas afectadas por el vertido de lodos tóxicos y agua ácida que anegó el valle del Guadiamar tras la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar, el 25 de abril de 1998. Para iniciar esta apropiación forzosa de tierras, que fue muy contestada por algunos agricultores, el Gobierno andaluz adujo fundamentalmente razones medioambientales: garantizar la calidad de las aguas que abastecen los espacios protegidos de Doñana y el desplazamiento de la fauna silvestre. Además, con esta expropiación la Junta ha quedado como principal perjudicada ante el proceso civil que fijará las indemnizaciones por daños.