El dictamen de un árbitro nombrado por Ruiz-Gallardón pondrá fin al paro de autobuses

El Gobierno regional ha decidido precipitar el fin de la huelga de autobuses interurbanos y de largo recorrido que, desde el pasado 21 de marzo, ha dejado sin transporte a casi un millón de usuarios durante ocho jornadas de paro, las últimas cuatro consecutivas. El Ejecutivo acordó ayer designar al presidente del Consejo Económico y Social (CES), Jaime Montalvo Correa, como árbitro para resolver el conflicto que mantienen los sindicatos y la patronal del sector. Montalvo elaborará un laudo, que se hará público el lunes, de 'obligado cumplimiento' para patronal y sindicatos. El arbitraje marcará las líneas del convenio colectivo.

Montalvo, catedrático de Derecho del Trabajo y ex rector de la UNED, tiene experiencia como mediador en conflictos laborales de empresas de transporte, como Metro o Renfe.

El presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, calificó esta medida de 'absolutamente extraordinaria' y afirmó que está justificada por la 'duración indefinida de la huelga, el incumplimiento de los servicios mínimos, el agotamiento de la fase de posible entendimiento entre las partes y el grave perjuicio para los ciudadanos'. El laudo arbitral, dijo, sustituirá al convenio colectivo vigente, tiene 'fuerza de ley' y las partes tendrán que acatarlo obligatoriamente, sin que pueda ser objeto de una nueva huelga.

El acuerdo del Ejecutivo, aprobado a propuesta de la Consejería de Trabajo, establece que Montalvo tendrá que 'resolver, en equidad y previa audiencia de las partes [sindicatos y patronal], cuantas cuestiones se hayan suscitado en el planteamiento y desarrollo del conflicto', lo que incluye no sólo el contenido de las reivindicaciones obreras, sino los 800 expedientes abiertos por el incumplimiento de servicios mínimos durante los paros.

La patronal acogió la medida con satisfacción. El subdirector de Asintra, Rafael Barbadillo, afirmó que la decisión del Gobierno es 'muy positiva' y que los empresarios se someterán 'a la legalidad que marque el laudo'. Por el contrario, UGT y CC OO, convocantes del paro junto a USO, no encajaron bien el anuncio de arbitraje. El secretario general de transporte de UGT, Emilio Cardero, insistió en que lo mejor sería 'negociar entre todos'.

Juan Antonio Olmos, portavoz de CC OO, afirmó ayer que su sindicato está en desacuerdo con el arbitraje decidido por el Gobierno. 'El señor Jaime Montalvo nos merece todo el respeto, pero creemos que ésta es una medida precipitada y extraña. Antes deberíamos acudir al Instituto Laboral de la Comunidad [órgano mediador entre patronal y sindicatos]', afirmó. Los representantes sindicales anunciaron que UGT, CC OO y USO estudiarán hoy detenidamente el arbitraje, aunque apostaron por las 'negociaciones'.

Rafael Barbadillo, subdirector de Asintra, replicó que 'han sido los sindicatos los que han roto las conversaciones sobre el convenio' y que la patronal siempre ha mostrado una 'actitud negociadora'.

Por su parte, el presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, quien calificó a Montalvo de persona imparcial y 'muy cualificada profesionalmente', insistió en que 'no había posibilidad' de negociar sobre los servicios mínimos por la 'falta de voluntad' de los sindicatos para abordar este aspecto de forma separada del contenido del convenio. Los sindicatos piden un aumento de 70 euros mensuales y una reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales. 'El Gobierno de la Comunidad estaba obligado a intentar la mediación, como hizo las noches del lunes y el martes pasado, y eso legitima esta intervención', manifestó Ruiz-Gallardón. El presidente hizo un llamamiento a los sindicatos para que suspendan la huelga 'con carácter inmediato'. 'Los paros carecen de sentido, puesto que, con el establecimiento de este arbitraje, la patronal ha perdido la capacidad de establecer sus propios principios', aseguró.

El arbitraje obligatorio está previsto en un real decreto-ley de 1977 y fue calificado como un medio 'idóneo' de solución de casos excepcionales en una sentencia del Tribunal Constitucional de 1981, en la que se rechazaba, sin embargo, la posibilidad de que la Administración ordene la suspensión de la huelga. Este sistema de arbitraje se utilizó, por ejemplo, para resolver el conflicto planteado por los pilotos de Iberia el pasado julio. En este caso, el mediador fue Fernando Durán, antecesor de Montalvo en la presidencia del Consejo Económico y Social.

Los sindicatos recordaron ayer que todavía no han tomado una decisión sobre la desconvocatoria de la huelga, pero dijeron que 'de momento' no pensaban ponerle fin. El presidente autonómico confirmó que hoy se mantendrá la escolta policial establecida desde ayer por la Delegación del Gobierno para permitir la circulación de las líneas que dan servicio a 20 municipios y barrios aislados por la falta de autobuses.

El portavoz de Transportes de IU en la Asamblea, Juan Ramón Sanz, acusó al Gobierno regional de 'reventar huelgas de la mano de la patronal' con el arbitraje que ha establecido. Sanz auguró que la fórmula del arbitraje 'no va a resolver el conflicto' entre patronal y trabajadores y que 'los conflictos sociales no debe solucionarlos un árbitro'.

Por su parte, el portavoz de Transportes del PSOE en la Asamblea, Julián Revenga, señaló que la fórmula del arbitraje establecida por el Gobierno regional para acabar con la huelga del transporte es 'no sólo un fiasco, sino una desvergüenza, porque supone lavarse las manos irresponsablemente'.

Revenga recordó que la fórmula del arbitraje 'se basa en un decreto preconsitutucional de 1977'. El portavoz socialista defendió que la solución de este conflicto pasa por la continuación de las negociaciones que Luis Eduardo Cortés, como presidente del Consorcio de Transportes, ha mantenido durante los dos últimos días con las partes implicadas.