El Gobierno dedica 3,1 millones de euros al personal de seguridad en los juzgados

El Departamento de Justicia destinó el pasado año 3,1 millones de euros sólo al capítulo de salarios del personal de seguridad que vigila los juzgados del País Vasco. El consejero, Joseba Azkarraga, destacó ayer que su departamento trabaja para hacer atractivo a los jueces un destino en Euskadi y reprochó al Gobierno central que 'entorpezca continuamente' el proceso de euskaldunización en los tribunales.

Azkarraga realizó en Bilbao un balance del plan de modernizacion de los edificios judiciales iniciado en 1989, que ha supuesto una inversión de 140 millones de euros para construir 13 nuevos Palacios de Justicia y quintuplicar la superficie útil existente en 1987 cuando se transfirieron los inmuebles a Euskadi: de los 47.000 metros cuadrados de entonces se ha pasado ahora a casi 180.000.

El consejero destacó que la elevada inversión ha permitido 'un mejor servicio y comodidad al ciudadano' y facilita la labor de los funcionarios. 'Se han separado físicamente los espacios de trabajo para facilitar su concentración y, en cuanto a los ciudadanos, se garantiza con el nuevo diseño la confidencialidad necesaria para sus gestiones', detalló.

En esta línea, incidió en la seguridad, que sólo en el capítulo de personal 'supone más de 520 millones de pesetas', cerca de 3,1 millones de euros.

Apoyo a los nuevos jueces

Azkarraga reiteró su apoyo a los nuevos jueces destinados en Euskadi, tras las críticas de que son quienes ocupan los últimos puestos en las oposiciones. 'Tengo que criticar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial que han puesto en duda directamente la idoneidad de estos jueces que van a venir a cumplir sus servicios en el País Vasco por el simple hecho de que ocupen el puesto 32 o 35 en unas oposiciones'. Por ello, recalcó que su departamento 'no tiene ninguna duda' de la profesionalidad de los nuevos titulares. 'Tienen la garantía de que han pasado unas oposiciones. Tienen todos nuestro respaldo y cariño'.

Recordó que Cataluña, Canarias y Euskadi son los destinos donde no se suelen cubrir las plazas, aunque admitió que el asesinato por ETA del magistrado José María Lidón, el pasado 7 de noviembre, 'no ha sido gratuito'. 'Indudablemente el colectivo de jueces es otro colectivo en el País Vasco que desgraciadamente está en el punto de mira de una organización terrorista y eso quiere decir que muchos jueces no quieran venir a nuestro país', reconoció.

El consejero indicó que, para hacer frente a 'una realidad que es constatable', su departamento está abordando sistemas y fórmulas que supongan mejoras para ejercer el trabajo judicial, entre las que enumeró el plan de sedes y los procesos de informatización. 'Hasta este momento se han invertido alrededor de 8.000 millones de pesetas en nuevas tecnologías', precisó.

Azkarraga se planteó como próximos retos la progresiva euskaldunización. Según dijo, el 30% de funcionarios y jueces y el 13% de fiscales participa en los programas de capacitación lingüística. El pasado año había 86 funcionarios liberados para estudiar euskera por 76 del ejercicio anterior.

En este apartado censuró los obstáculos del Gobierno central al proceso con la presentación de tres conflictos de competencias, pero se mostró esperanzado en resolverlo. 'Hace unos días comenté este tema con el ministro de Justicia y se abrió una puerta a la esperanza de que sean retirados los recursos'. Añadió que próximamente habrá nuevas reuniones con el ministerio para solucionar este contencioso. El consejero reclamó reformas para un mayor control directo 'por la comunidad autónoma en el personal transferido' y con el fin de tener una nueva organización del sistema de gestión de los juzgados.

[El Gobierno vasco destinó en la segunda mitad del año pasado 12,15 millones de euros al pago de escoltas privados para la seguridad de las personas amenazadas por ETA, según los datos que Interior ha facilitado al PP en una respuesta parlamentaria. Siete empresas de seguridad se encargan de estos servicios de escolta, adjudicados mediante órdenes del consejero, Javier Balza, de 27 de junio y 24 de julio].