El PSOE intenta un frente común para mejorar la Ley de Partidos
Arenas reta a Caldera a que explique su cambio respecto a lo que aceptó
El PSOE está tratando de atraer al resto de la oposición a un frente común para forzar al PP a que la Ley de Partidos Políticos sea modificada en el Parlamento. El PSOE trata de esta forma de salir del callejón en el que cree que quiere encerrarle el PP al denunciar su supuesta incoherencia por no aceptar como definitivo el borrador de ese proyecto, que persigue el objetivo compartido de la ilegalización de Batasuna.
El PSOE inició ayer esos contactos con el resto de la oposición, que mayoritariamente se muestra dispuesta a revisar con cautela ese texto por las dudas jurídicas que le merece. El PP se niega a modificar el proyecto, que considera 'intocable', porque fue acordado 'coma a coma' con el portavoz socialista en el Congreso, Jesús Caldera, y exige al PSOE que explique el cambio de opinión.
'Para todo demócrata, no hay lugar mejor que el Parlamento para debatir una ley y, sobre todo, la de Partidos Políticos', enfatizó ayer Caldera antes de anunciar que el PSOE iniciaba de inmediato reuniones con todos los grupos parlamentarios para que 'cuando el texto llegue al Congreso puedan presentarse enmiendas de mejora'. Caldera mantuvo por la tarde una conversación de una hora con Xavier Trias, portavoz de CiU en la Cámara. En los próximos días hablará con los representantes de los demás partidos. Caldera sostuvo que es 'imposible e inviable' que sólo PP y PSOE pacten en dos horas de reunión una ley tan básica.
Trias corroboró, tras escuchar ayer a Caldera y hace varios días al ministro de Justicia, Ángel Acebes, que no coinciden las versiones del PSOE y el PP sobre la reunión en la que ambos abordaron ese proyecto el pasado 21 de marzo. Al portavoz de CiU no le quedó ayer muy clara la pretensión del PSOE pero sí coincidió con ese partido al expresar sus dudas sobre algunos aspectos del borrador de la Ley de Partidos, entre ellos la pretensión de que sirva para ilegalizar Batasuna y no para abordar un cambio global de la regulación de los partidos. CiU ha encargado, como el PSOE, un dictámen a sus expertos para calibrar posibles reparos constitucionales a la ley.
Críticas del PNV e IU
El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, y el portavoz del PNV en el Congreso, Iñaki Anasagasti, que se verán con Caldera en los próximos días, también dudaron de la constitucionalidad de algunos aspectos del borrador de la ley. Anasagasti expresó, al igual que había hecho Caldera, su 'enorme malestar' por las opiniones expresadas por el presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Jiménez de Parga, y por el presidente del Consejo de Estado, Íñigo Cavero, a favor del borrador del Gobierno antes de que se hayan conocido los informes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial. Anasagasti lo tachó de 'escándalo', y Caldera de 'imprudencia'. Por su parte, el senador socialista catalán Jordi Solé Tura calificó de 'terrible' que un partido con 50 diputados pueda promover la ilegalización de otro partido.
Pero el PP no se ha inmutado por las críticas. El presidente del Gobierno, José María Aznar, lanzó ayer otro órdago al PSOE en esta polémica negociación al afirmar ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP que él encabezará la lista de más de 300 parlamentarios de su partido que pedirá la ilegalización de Batasuna. Luego, añadió: 'Y a ver quién viene detrás'. El secretario general del PP, Javier Arenas, precisó que el PP formalizará ese iniciativa en cuanto la ley entre en vigor 'porque', dijo, 'somos gente seria que cumplimos lo que acordamos con todas las consecuencias'. Arenas advirtió al PSOE que el borrador de la ley es intocable porque 'hubo un acuerdo político, artículo a artículo, coma a coma, punto a punto' con Caldera el pasado 21 de marzo. El PP exigió al líder socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, que explique un cambio de parecer que ha tardado 12 días en mostrar públicamente.
Arenas replicó con sorna a la propuesta de Rodríguez Zapatero de levantar acta de las reuniones de la comisión de seguimiento del Pacto por las Libertades, y aseguró que si se hubiese registrado lo discutido el pasado 21 de marzo el líder del PSOE 'no se hubiera podido volver atrás 12 días después'.
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