Galindo, expulsado de la Guardia Civil por su condena en el 'caso Lasa-Zabala'

Enrique Rodríguez Galindo ya no es general de la Guardia Civil. El Boletín Oficial de Defensa (BOD) publicó ayer la pérdida de la condición de militar de Rodríguez Galindo y del ex teniente coronel Ángel Vaquero, condenados a 75 y 73 años de cárcel, respectivamente, por el caso Lasa y Zabala. Galindo, en la prisión militar de Alcalá de Henares (Madrid), será trasladado a un centro civil para cumplir el resto de la pena.

Fuentes de Defensa indicaron ayer que Galindo y Vaquero pasarán a prisiones civiles, una vez perdida su condición de militares, pero el traslado no será automático, pues habrá que buscar con Instituciones Penitenciarias una centro adecuado de cumplimiento, de forma que se garantice su seguridad.

Para el ex general, la noticia ha sido un 'golpe moral muy fuerte', según su abogado José María Fuster-Fabra, 'ya que él siempre se sentirá guardia civil, diga lo que diga un papel'.

El letrado confiaba en que la expulsión no se consumaría al menos hasta que se pronunciara el Tribunal Constitucional, que el pasado 18 de febrero admitió a trámite el recurso de amparo de Galindo contra la sentencia dictada el 20 de junio de 2001 por el Tribunal Supremo, que confirmó e incluso elevó en cuatro años la condena que en abril de 2000 le impuso la Audiencia Nacional por el secuestro y asesinato de los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, en octubre de 1983.

El recurso incluía la petición de que se suspendiera la expulsión de la Guardia Civil mientras se resolvía el fondo del asunto. Aunque las sentencias del Constitucional pueden demorarse varios años, fuentes del mismo tribunal indicaron que, en este caso, en que el recurrente se encuentra preso, podrían agilizarse los trámites, incluso mediante la celebración de una vista pública.

Oficio de la Audiencia

De hecho, el expediente de expulsión de Galindo se encontraba paralizado. Sin embargo, el pasado 12 de febrero, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dirigió a la Dirección General de la Guardia Civil un oficio, reiteración del remitido una semana antes, en el que la emplazaba a informarle de 'las diligencias que se practiquen o se hayan practicado' en ejecución de la sentencia del Supremo sobre el caso Lasa y Zabala y expresamente le preguntaba 'si se ha comunicado a los penados Felipe Bayo Leal, Enrique Dorado Villalobos, Ángel Vaquero Hernández y Enrique Rodríguez Galindo' la pérdida de su condición de militares. Ante los reiterados emplazamientos del tribunal y el riesgo de ser acusada de desobediencia, la Dirección General de la Guardia Civil optó por dar trámite al expediente de expulsión y su director, Santiago López Valdivielso, firmó el pasado 25 de marzo la resolución publicada ayer en el BOD.

El abogado de Galindo señaló que 'lo lógico' era haber esperado a que el Constitucional se pronunciara, una vez que éste admitió a trámite el amparo, 'lo que no es fácil ni frecuente'. Si el alto tribunal le acaba dando la razón, advirtió, se creará 'una situación cuanto menos compleja', ya que no está claro cómo podría recuperar su condición de militar.

Pero más allá de las consideraciones jurídicas, Fuster-Fabra sostiene que 'lo menos que merecía el general más condecorado de la democracia española es que se hubiera esperado al pronunciamiento del Constitucional'. Además del traslado a una prisión civil, al que Fuster-Fabra se opone, la pérdida de la condición de militar supone que Galindo, de 63 años, dejará de cobrar sus retribuciones hasta que cumpla la edad de jubilación. En cambio, paradójicamente, seguirá percibiendo las pensiones asociadas a sus múltiples condecoraciones.