El fiscal pide al Constitucional que ampare al ex general Galindo
Martín Pallín califica de 'incongruente' al ministerio público
El fiscal pidió el pasado miércoles al Tribunal Constitucional que ampare al ex general Enrique Rodríguez Galindo, condenado a 75 años de cárcel por el asesinato y detención ilegal en 1983 de los supuestos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, así como a los otros cuatro condenados. Desde Santander, el magistrado del Supremo José Antonio Martín Pallín calificó ayer de 'incongruente' al ministerio público.
La petición fiscal se produjo durante la vista pública de los recursos de amparo interpuestos ante el pleno del Tribunal Constitucional, presidido por Manuel Jiménez de Parga, contra la sentencia de la Sala Penal del Supremo por los cinco condenados por el caso Lasa-Zabala.
Tras la intervención de los abogados de Rodríguez Galindo; Julen Elgorriaga, ex gobernador civil de Guipúzcoa, condenado a 75 años; Ángel Vaquero, comandante de la Guardia Civil, condenado a 73 años; el ex sargento Enrique Dorado y el ex cabo Felipe Bayo -ambos condenados a 71 años de cárcel-, el abogado del Estado, Jesús García Torres, pidió la nulidad de las sentencias del Supremo y de la Audiencia Nacional, por estimar que sustentan las condenas por asesinato en la declaración del coimputado Bayo.
Retorno a la Audiencia
El abogado del Estado concluyó que el caso se retrotraiga a la Audiencia Nacional, para que dicte sentencia en la que no tenga en cuenta las declaraciones de Bayo inculpatorias para todos los condenados.
Por los familiares de Lasa y Zabala, el letrado Íñigo Iruin estimó suficientemente probados los delitos atribuidos a los condenados. Igualmente, la acusadora Ángeles López Álvarez, en nombre de la Asociación contra la Tortura, solicitó la denegación del amparo.
Por último, el fiscal Juan Cesáreo Ortiz Úrculo planteó que no existe un razonamiento lógico para concluir que los procesados fueron autores de los asesinatos, aunque sí de la detención ilegal, ya que la declaración de Bayo no estuvo apoyada 'por otras circunstancias'.
Preguntado ayer en Santander, donde dirige un curso de verano, Martín Pallín calificó de 'incongruente' y 'llamativa' la posición del ministerio público ahora, tras haber mantenido la acusación en este caso ante la Audiencia Nacional y haberse opuesto ante el Supremo a los recursos de casación.
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