Garzón concluye el sumario del último gran proceso contra los GAL

El juez Baltasar Garzón concluyó ayer el sumario del caso Oñederra, el último gran proceso contra los GAL, y dictó auto de apertura de juicio oral contra los guardias civiles Enrique Dorado Villalobos y Felipe Bayo Leal, que se encuentran procesados como presuntos autores de tres asesinatos: los de los etarras Ángel Gurmindo y Vicente Perurena y el ciudadano francés Christian Olazkoaga, así como el asesinato frustrado del hermano de éste, Claude Olazkoaga.

El caso ha sido elevado a la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, a la que resta resolver algunos recursos de apelación y preparar el caso para el juicio.

En este caso se investigaba la creación de los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) y cuatro asesinatos cometidos en el sur de Francia -los de los etarras Ramón Oñederra, Kattu, cometido en diciembre de 1983, Vicente Perurena, Peru, y Angel Gurmindo, Stein, ocurridos el 8 de febrero de 1984, y el de Christian Olazkoaga, el 18 de noviembre de 1984, en el que resultó gravemente herido su hermano Claude- y que fueron reivindicados por la citada banda terrorista. En el sumario figura un informe policial sobre la confusión de objetivos de los autores del atentado contra los hermanos Olazkoaga, ya que pretendían asesinar a los etarras Villanueva Herrera y López de Abechuco.

Hasta febrero de este año figuraban como imputados los generales Emilio Alonso Manglano, Andrés Cassinello y Enrique Rodríguez Galindo, así como el ex jefe de operaciones del Cesid, Juan Alberto Perote, el capitán de la Guardia Civil y antiguo jefe de los grupos Omega Pedro Gómez Nieto y el ex arrepentido José María Velázquez Soriano, además de los guardias Enrique Dorado y Felipe Bayo.

Sin embargo, en la citada fecha Garzón precisó que no había indicios suficientes para procesar a ninguno de los generales, Perote, Gómez Nieto o Velázquez Soriano, 'bien sea porque los delitos que se pudieran imputar (pertenencia a banda armada) ya han prescrito, o bien porque su eventual participación en los hechos concretos (asesinatos de Ángel Gurmindo, Vicente Perurena, Christian Olazkoaga y Claude Olazkoaga) no ha podido ser concretada hasta el punto exigido por la racionalidad que debe presidir toda causa judicial'. ' Y en cuanto al asesinato de Ramón Oñederra Vergara', añade Garzón, 'la imputación realizada no cabe transformarla en procesamiento, contra ninguno de los imputados, por la poca consistencia de los indicios obtenidos'.

Dorado y Bayo, que junto con Galindo cumplen una condena de 71 años por su participación en los asesinatos de los también etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, son los únicos procesados. Y lo son por su presunta intervención en los asesinatos de Gurmindo, Perurena y Olazkoaga, pero no por el de Oñederra, del que se desconocen los autores. Precisamente de este primer asesinato reivindicado por los GAL, en el auto de procesamiento se señalaba que los autores pertenecían a la Comandancia 111 de la Guardia Civil de San Sebastián, aunque sin identificar a las personas.

El caso Oñederra es el proceso en el que el juez Garzón consultó al Tribunal Supremo si los papeles del Cesid unidos a las declaraciones de Ricardo García Damborenea, ex secretario general de los socialistas de Vizcaya, suponían la existencia de indicios de delito contra el ex presidente del Gobierno Felipe González. El Supremo rechazó la consulta y abroncó al juez de la Audiencia Nacional.