Telecom Argentina suspende el pago de su deuda por la devaluación del peso

Telecom Argentina, la segunda compañía telefónica del país, anunció ayer que suspendía el pago de su deuda financiera, que asciende a 3.700 millones de euros. La compañía, participada mayoritariamente por France Télécom y Telecom Italia, justificó esta decisión en la devaluación y la pesificación de las tarifas, dispuestas por el Gobierno. La suspensión de pagos se produce, precisamente, cuando el Ejecutivo negocia con las multinacionales extranjeras los nuevos precios de los servicios públicos, una negociación que afecta a muchas compañías españolas como Telefónica, Repsol y Agbar.

France Télécom, uno de los dos socios principales de Telecom Argentina, ya advirtió el pasado 21 de marzo de que no estaba dispuesto a poner más dinero en la compañía. Ayer, la amenaza se tradujo en un anuncio oficial: la empresa dejará de pagar el capital de su deuda.

'Como consecuencia de la actual situación macroeconómica de la Argentina, la devaluación y la pesificación de las tarifas, y el cronograma definido por el Gobierno para la discusión de las tarifas, el directorio de la sociedad ha resuelto suspender los pagos de capital de toda su deuda financiera', dice el comunicado remitido por la empresa a la Bolsa de Buenos Aires.

La empresa aseguró que continuará efectuando el pago de los intereses de su deuda financiera sujeto a la aprobación del Banco Central, 'de acuerdo con las regulaciones cambiarias vigentes y a la generación de cash-flow suficiente, la cual podría verse afectada si el peso sigue deteriorándose'.

France Télécom y Telecom Italia controlan, a partes iguales, el 100% de Nortel Inversora, sociedad que posee el 54,7% de Telecom Argentina. La compañía estaba inmersa en un difícil proceso de negociación con sus acreedores para amortizar su deuda de 3.250 millones de dólares (3.700 millones de euros).

Pero la cuestión no es sólo el nivel de la deuda, sino la imposibilidad de renegociar cualquier acuerdo financiero, debido a la falta de liquidez por las restricciones bancarias impuestas por el Gobierno, y la incertidumbre sobre el marco legal y tarifario, cuyas negociaciones comenzaron hace dos semanas, problemas ambos que sufre también, e incluso en mayor grado, Telefónica.

En medio, una crisis social y económica sin precedentes que las dos compañías telefónicas sufren en sus carnes en forma de morosidad en el pago de los recibos y en el destrozo y la quema de cabinas, que se ha convertido en un símbolo de las protestas.

Telecom Argentina tiene, según sus datos, una capitalización actual superior a los 2.200 millones de dólares. En 2001, cuando aún no se había manifestado la crisis en toda su virulencia, sus ingresos cayeron un 5% (3.476 millones de euros), y sus beneficios, un 72% (53,58 millones de euros)

Aunque el mercado telefónico argentino se encuentra en teoría parcialmente liberalizado, Telecom Argentina controla la mitad norte del país, mientras que Telefónica de Argentina (TASA) domina el sur, de acuerdo al reparto que hizo el Gobierno argentino cuando privatizó el antiguo monopolio.

La amenaza de las empresas de servicios públicos al Gobierno argentino está cumpliéndose. Ellas advertían de que la congelación de tarifas, que impuso el presidente Eduardo Duhalde desde la devaluación de enero pasado tornaba inviable su negocio, pues están fuertemente endeudadas en dólares en el exterior. La distribuidora de gas natural de Buenos Aires, Metrogras, cuyo 26,67% pertenece a Repsol YPF, suspendió pagos la semana pasada por este motivo..

Pese a la depreciación del peso (un 64%) y el aumento de la inflación (5,4% hasta marzo) año) las tarifas de los servicios públicos fueron desdolarizadas y congeladas por decisión unilateral de Duhalde. Si se hubieran mantenido en divisas, muchos usuarios hubiesen dejado de pagarlas en un país con más del 20% de paro y un 40% de pobres.

Sin embargo, las privatizadas -la mayoría de ellas en manos de empresas extranjeras como Endesa, Repsol YPF, Telefónica, Aguas de Barcelona (Agbar), Gas Natural, Acesa, Dragados y OHL- se quejaron porque los contratos establecían precios en dólares y el Gobierno los modificó sin consultarlas. Hace apenas dos semanas, delegados del Ministerio de Economía se dignaron a atender las reclamaciones y abrieron una mesa de negociación. La principal demanda del sector privado es una elevación de tarifas. Su argumento: la mayor parte de su pasivo fue contraído en el extranjero y está expresado en dólares, mientras que siguen facturando en pesos devaluados.

El Ejecutivo quiere postergar por el mayor tiempo posible el reajuste de tarifas porque teme su impacto en la inflación. Y mientras tanto, las empresas tienen que afrontar los pagos de su deuda. Aguas Argentinas, distribuidora de Buenos Aires participada por Agbar (25,01%), debe afrontar un vencimiento esta semana. Telefónica de Argentina, propiedad de Telefónica, tendrá que desembolsar 100 millones de dólares en junio.