España acumula en el Tribunal Europeo diez denuncias por infracciones ecológicas

España no es un país especialmente perezoso a la hora de trasponer normas europeas, ambientales, pero sí es el que acumula más denuncias por incumplirlas. El Tribunal de Justicia de la UE tramita en la actualidad diez denuncias contra el Estado español, entre las que destaca una por la mala calidad de las aguas de baño. Grecia fue el primer país en ser sancionado hace dos años, por el pésimo estado del vertedero Kouroupitos, en Creta, y España podría ser el segundo en tener que pagar una sanción: 45.600 euros diarios hasta que se solucionase el problema.

En la reciente Cumbre de Barcelona de mediados de marzo se ha recordado que los Quince se habían comprometido a tener adaptada a su legislación nacional el 98,5% de las normas comunitarias. España es uno de los seis Estados que cumplen ese objetivo, pero acumula más de 700 procedimientos por el incumplimiento de esas mismas normas, en su mayoría ambientales. Diez de ellos son denuncias formales planteadas por la Comisión ante el Tribunal de Luxemburgo.

Un portavoz comunitario calcula que una de cada cinco quejas medioambientales que se plantean en la UE se dirigen contra España. 'Hay otros países, como Portugal, que apenas genera denuncias, aunque su situación medioambiental no sea mejor. Quizá hay en España una mayor sensibilidad o una desconfianza hacia las autoridades que no se da en otros países'.

La Comisión Europea investiga el cumplimiento de los deberes de los Estados mediante encuestas anuales y a través de las quejas que formulan organizaciones ecologistas y particulares. Cuando el incumplimiento está fundamentado inicia procedimientos de infracción. Si en el curso de este trámite no se rectifica, la Comisión lleva el caso al Tribunal de Justicia, donde se acumulan diez denuncias contra España. Éstas son las más graves:

- Mala calidad de las aguas de baño. España superó el plazo de trasposición y después incumplió la legislación comunitaria sobre calidad de aguas de baño continentales, que establece, entre otros, límites a la presencia de bacterias fecales. El caso se arrastra desde 1986. Hace cuatro años, el tribunal condenó a España por este asunto. En mayo del año pasado la Comisión comprobó que España había mejorado pero concluyó que sólo el 79,2% de las aguas interiores cumplen los requisitos legales. De ahí que presentara una nueva denuncia para que aplicara una sanción, que está estudiando el tribunal. Hasta la fecha, la UE sólo ha aplicado en una ocasión la posibilidad vigente desde el Tratado de Maastrich (1993) de multar a un país. Grecia fue condenada en julio de 2000 a pagar 20.000 euros diarios por el vertedero de Creta. A mediados del año pasado, una vez puesto en marcha un plan de tratamiento de residuos, se levantó la sanción. Durante el año pasado, España ha progresado en la aplicación de medidas correctoras, lo que quizá le salve de la multa.

- Vertidos irregulares. Siete vertederos están bajo la lupa del tribunal. En febrero de 2001, y tras varios avisos, la Comisión denunció a España por el estado de los vertederos de Torreblanca (Málaga), Cap de Barberia (Formentera), Las Cárcavas (Madrid), San Lorenzo de Tormes y Priaranza del Bierzo (León), Sa Roca (Ibiza) y El Campello (Alicante). Incumplían la norma que fija los requisitos de las instalaciones y la eliminación de residuos. El de las Cárcavas ha sido ya clausurado por el Ayuntamiento de Madrid.

- Evaluación del impacto medioambiental. España, como otros cinco países de la UE, no ha adaptado a tiempo 'el instrumento jurídico principal de medio ambiente', que es la directiva sobre evaluación de las repercusiones de determinadas obras públicas y privadas en el medio natural. La directiva de 1985 fue modificada en 1997. España ha esperado hasta mayo pasado a publicar una ley que recogiera estos cambios, tras un conflicto interno entre el ex secretario de Estado, Benigno Blanco y Dolores Carrillo, ex directora de Calidad Ambiental. Pese a la puesta al día, el procedimiento de infracción sigue su curso.

- Ferrocarril de velocidad alta en Tarragona. La denuncia se presentó en enero de 2001 por considerar que España no había estudiado las repercusiones ambientales de la línea de velocidad alta entre Valencia y Tarragona a la altura de Oropesa, según establece la directiva de impacto ambiental antes mencionada.

- Aguas residuales urbanas. Las administraciones central y autonómicas deberían haber clasificado las masas de agua afectadas por procesos eutróficos (exceso de nutrientes y fitoplancton) o las contaminadas por aguas residuales. Tenía que haber aplicado, además, el tratamiento de depuración adecuado. Tal incumplimiento movió a la Comisión Europea a denunciar el caso en abril del año pasado.

- Control de la contaminación. España ha descuidado una de las leyes más importantes, la de IPPC (Prevención y Control Integrados de la Contaminación). El pasado día 7 de marzo, el Tribunal de Justicia condenó a España por haber superado en tres años el plazo previsto para adaptar a la legislación española esta norma, que tenía que estar aprobada en noviembre de 1999. Y la Comisión anunció una nueva denuncia si la situación persistía. La ley se encuentra en tramitación parlamentaria y se prevé su aprobación después del verano. De ser así, el proceso no continuaría.

Las otras denuncias ante el Tribunal Europeo contra España se refieren al incumplimientos de las directivas sobre PCB, el contenido de CO2 en fuel y el el uso confinado de microorganismos modificados genéticamente. Otros procedimientos que no han llegado al nivel de denuncia se han abierto por no aplicar programas para reducir 99 sustancias peligrosas contenidas en baterías y acumuladores y no evaluar el impacto de la incineradora de La Palma. También hay procedimientos de infracción por el vertedero de Zuazo, la mala calidad del agua potable en Alicante y Cataluña, la caza de aves migratorias o la transformación de regadíos en Villafáfila (Zamora). El Ministerio de Medio Ambiente ha rehusado hacer comentarios.