Una tasa posible, pero mejorable

La financiación de los municipios turísticos no está resuelta ni siquiera en el plano del debate teórico: hay quienes postulan transferencias directas supramunicipales y otros que pensamos que tal proceder no está justificado ni es políticamente oportuno, pues no son las ciudades con problemáticas más agudas ni cumplen funciones tan decisivas para el territorio. Pero tienen graves problemas financieros que impiden una adecuada gestión de los servicios y debilitan las inversiones públicas, lo cual va en detrimento de la competitividad, teniendo en cuenta que uno de los factores más positivamente singularizantes del turismo español es la incorporación activa del medio urbano al producto turístico.

De una cosa estoy convencido: la situación hegemónica del turismo español y el menor crecimiento de los precios en comparación con sus más directos competidores (Grecia, Turquía y, parcialmente, Portugal) le proporciona margen suficiente para imponer una moderada tasa de carácter finalista que contribuya a mejorar la calidad global de nuestro turismo, con la misma lógica operativa de las grandes corporaciones industriales. Fundada en ese principio la tasa no parece objetable y sería tan asumible como lo fue la cesión de aprovechamientos urbanísticos a los Ayuntamientos, que no descalabró el sistema inmobiliario.

Que esté de acuerdo no impide que se formule una severa crítica al modo en que fue concebida en Baleares, cuyos errores fueron manifiestos, ya que no cumplía con cuatro condiciones fundamentales: que sea abonada en proporción a su impacto territorial negativo y al consumo de recursos escasos; que sea sufragada por todos los turistas y no sólo por los clientes hoteleros, penalizando a aquellos que ocupan alojamientos aquejados de baja ocupación y reducido nivel de rotación; que tenga un carácter global y se oriente no sólo a satisfacer las demandas de un ecologismo populista, sino a todos los frentes en que se asienta la competitividad (infraestructuras, medio urbano, formación profesional); y, para terminar, que su carácter sea finalista e inversor y no se emplee en ningún caso para financiar los gastos corrientes de los Ayuntamientos, sus inflacionarias nóminas o los recurrentes delirios de algunos ediles.

José Miguel Iribas es sociólogo.