El fiscal pide prisión para 50 de los detenidos en la cumbre de Barcelona

El fiscal solicita penas de entre seis meses y cuatro años de cárcel para cerca de 50 activistas antiglobalización, en su mayoría jóvenes, acusados de participar en varios altercados durante la cumbre de la Unión Europea (UE) en Barcelona. Todos ellos se encuentran en libertad provisional, salvo un joven argentino, cuyo visado estaba caducado en el momento de ser detenido, el pasado día 15.

De los 98 detenidos, 20 fueron puestos en libertad sin cargos y una treintena han sido acusados de simples faltas. La mayoría de los acusados celebraron el pasado miércoles una asamblea en la que acordaron actuar como grupo y coordinarse con la comisión legal de la Campaña contra la Europa del Capital, la plataforma de un centenar de organizaciones cívicas que convocó la marcha antiglobalización de Barcelona que reunió a 300.000 personas. Forman parte de ella varios representantes de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona que consideran que la mayor parte de las detenciones fueron 'arbitrarias' e 'injustificadas'.

Entre el 2 de abril y el 4 de junio está previsto la celebración de 17 procesos para juzgar a la cincuentena de personas cuya causa sigue abierta. La mayoría de ellas fueron detenidas tras la manifestación del 16 de marzo. La marcha transcurrió pacíficamente, pero pequeños grupos provocaron destrozos en entidades bancarias y en varios edificios -entre ellos, la sede de Comisiones Obreras-. Por estos altercados la fiscalía pide entre seis meses y cuatro años de prisión por, según el caso, desórdenes públicos, desobediencia y manifestación ilícita.

Únicamente uno de los jóvenes detenidos sigue privado de libertad: el argentino Francisco Castorina, de 20 años, cuyo juicio está previsto para el 9 de abril. Castorina fue detenido junto con otros seis jóvenes el día 15, antes de que se iniciara una manifestación de grupos radicales en el barrio de Gràcia. Según la policía, el grupo iba provisto de piedras, navajas y un recipiente de gasolina.

El fiscal ha pedido un año y nueve meses de cárcel, además de una multa de 1.620 euros. Mientras tanto, este joven se encuentra en el centro de la Verneda, en Barcelona, donde se interna a los extranjeros pendientes de expulsión porque en el momento de ser detenido su visado llevaba caducado menos de una semana.

Según sus abogados, el joven estaba a punto de regresar a Buenos Aires, donde estudia Historia, después de tres meses viajando por Europa. Los padres de Castorina -dos profesores de la Universidad de Buenos Aires- han emitido un comunicado en el que consideran 'completamente abusivo que se mantenga su internación' y 'una clara discriminación contra extranjeros'.

Varias organizaciones y personalidades argentinas -entre ellas el actor Héctor Alterio- han iniciado una campaña para reclamar que sea puesto en libertad. La Asociación Argentina Pro Derechos Humanos tildó de 'abusiva y lesionadora de los derechos del joven' la medida cautelar, mientras que la Federación Universitaria de Buenos Aires se ha dirigido al presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, para reclamar la libertad del joven.