La juez francesa acusa también al tesorero de Batasuna de financiar a ETA

La juez Laurence Le Vert ha imputado el cargo de 'financiación del terrorismo' al tesorero de Batasuna Jon Gorrotxategi y al empleado de este partido Mikel Corcuera, utilizando para ello la nueva legislación antiterrorista, endurecida notablemente en noviembre pasado. Esa acusación se añade a las de 'asociación de malhechores con fines terroristas' y 'omisión de declarar' a la Aduana los 200.300 euros que transportaban en efectivo cuando fueron detenidos el viernes pasado, apenas atravesada la frontera de Bélgica con Francia.

Según esa nueva legislación, constituye 'un acto de terrorismo' el hecho de 'financiar una actividad terrorista proporcionando, reuniendo o gestionando fondos, valores o bienes, cualesquiera que sean, o dando consejos para este fin'. Se considerará cometido el delito cuando su autor tenga 'la intención de ver esos fondos, valores o bienes utilizados, o a sabiendas de que están destinados a ser utilizados, en todo o en parte', con vistas a 'cometer actos terroristas' y 'con independencia de que tales actos lleguen a suceder'.

Los cargos formulados por la juez Le Vert no suponen el fin de la investigación, sino las imputaciones que justifican la instrucción del sumario. De ahí la puesta en libertad de los dos procesados 'bajo control judicial', mientras la policía investiga el origen real y el destino de los fondos en cuestión. El dinero ha quedado embargado, una situación distinta a la de la incautación definitiva, que sólo podría producirse por condena judicial.

Cabe notar que la nueva legislación francesa prevé la confiscación 'total o parcial' de los bienes, muebles o inmuebles, que posean las personas culpables de actos de terrorismo. En este caso, los fondos embargados procedían de la cuenta abierta a nombre del eurodiputado Koldo Gorostiaga y de Euskal Herritarrok, e iban destinados a financiar 'actividades políticas', según recalcó Gorostiaga el martes pasado en París, para defender que el uso de tales fondos no tiene nada que ver con el terrorismo y oponerse a las acusaciones de la autoridad francesa.

Batasuna se convierte así en una de las primeras organizaciones que caen en las redes de una legislación antiterrorista que fue endurecida como reacción a los atentados del 11 de septiembre en EE UU. Francia no llegó a adoptar disposiciones tan severas como las introducidas en las legislaciones estadounidense o británica, pero sí se reforzaron los 'medios de lucha contra el terrorismo'. Además del delito de financiación, esa legislación permite la inspección de toda clase de vehículos y autoriza el recurso a servicios privados de seguridad para el control de personas y equipajes.

La nueva ley da poderes también a la autoridad judicial para investigar datos personales en poder de los suministradores de acceso a Internet y permite el uso de medios audiovisuales en el proceso penal. La misma ley fija un límite a las medidas, que permanecerán en vigor sólo hasta el 31 de diciembre de 2003, fecha en la que el Gobierno habrá de informar al Parlamento de su aplicación.

Las fuentes consultadas en París desconocen cómo se efectuará, en la práctica, el control judicial a que han sido sometidos Gorrotxategi y Corcuera, una vez puestos en libertad provisional, teniendo en cuenta que se les prohíbe volver a entrar en Francia, salvo que sea a requerimiento de la autoridad judicial; y que ese control ha de efectuarse en España, donde están domiciliados.

Gorrotxategi denunció ayer en Pamplona que cuando fueron detenidos la policía francesa les requisó agendas personales, teléfonos móviles y actas de la Mesa Nacional de Batasuna, además del dinero que llevaban encima.