El 'comando Donosti' tenía órdenes de atacar al PP y al PSE, pero no al PNV

Los 11 supuestos integrantes del complejo Donosti detenidos por la Guardia Civil que aún permanecen bajo su custodia pasarán entre mañana y pasado a disposición de la Audiencia Nacional. Los etarras detenidos habían recibido instrucciones de la dirección de la banda para atentar de forma indiscriminada contra miembros del PP y del PSE, pero no contra militantes del PNV, según fuentes de la investigación. La agencia Vasco Press asegura que las órdenes precisaban que no se debía atentar contra el alcalde de San Sebastián, Odón Elorza. Además, la Guardia Civil se incautó en San Sebastián de diversa documentacion en el registro de los pisos de Xangarin Rekondo y Eneko Agirresarobe, ausentes de su domicilio.

Los interrogatorios que está llevando a cabo la Guardia Civil se centran en determinar quién de los arrestados fue el autor material del asesinato del único edil socialista de Orio (Guipúzcoa), Juan Priede. Los exámenes balísticos han certificado que una de las pistolas requisadas al comando fue la utilizada en dicho crimen, aunque falta por precisar quién la empuñó, según aseguró ayer el director general de la Guardia Civil, Santiago López Valdivielso. Los datos reunidos hasta ahora apuntan a que quienes entraron en el bar de Orio a matar a Priede fueron Ignacio Javier Bilbao Goikotxea y Unai Bilbao Solaetxe.

De las 12 personas inicialmente detenidas, sólo ha quedado en libertad Íñigo Sáez Insausti, cuya foto fue distribuida por el Ministerio del Interior y publicada por EL PAÍS en lugar de la de su hermano Aritz, que anoche seguía en calabozos de la Guardia Civil.

El mismo camino que Íñigo han seguido un gran número de las 576 personas detenidas por supuesta relación con ETA tras el final de la tregua. En 2000 fueron capturadas 232 personas y durante el año siguiente, 297, cifras muy alejadas de la de 1997, cuando las detenciones se elevaron a 411. Entre 1991 y el martes pasado han sido detenidas 2.239 personas por su presunta relación con ETA, aunque el número de presos condenados por delitos de terrorismo que había en las cárceles españolas el pasado 4 de febrero era de 368, según datos de Interior.

Por otro lado, el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid ha admitido a trámite la denuncia por torturas presentada por Unai Romano, detenido en Vitoria en septiembre por la Guardia Civil. El Gobierno vasco ha solicitado al Ministerio del Interior un informe sobre las condiciones de detención y los interrogatorios a los que fue sometido. López Valdivielso dijo ayer que 'todos los detenidos de ETA denuncian malos tratos' porque 'está en su manual de funcionamiento que dice: lo primero es decir que han sido maltratados y torturados'. Y precisó: 'Los encargados de la lucha antiterrorista saben que nada se puede hacer al margen de la ley'.