Una asociación ecologista reúne 1.500 firmas para pedir una consulta popular sobre los planes urbanísticos de Plentzia
El grupo ecologista Txipio Bai ha recogido casi 1.500 firmas en apoyo a la convocatoria de un referéndum en Plentzia sobre los cambios urbanísticos que promueve el Ayuntamiento de la localidad vizcaína, rechazados por todos los partidos de la oposición.
Entre los motivos de rechazo de los ecologistas a la revisión del plan de ordenación urbana de 1998 destaca la pretensión de construir 1.352 viviendas, cuando en la localidad sólo se prevé un crecimiento de 235 personas hasta 2004, y la desaparición de suelos no urbanizables de especial protección paisajística.
Txipio Bai ya pidió al consistorio, hace casi un año, la celebración de la consulta popular, solicitud refrendada por los grupos municipales de Eusko Alkartasuna, Euskal Herritarrok y los independientes, pero no recibió respuesta. Por ello, inició posteriormente la recogida de firmas.
La asociación ha logrado reunir el apoyo de 1.431 vecinos al referéndum -Plentzia tiene un censo de 3.600 personas, aunque en verano su población ronda las 20.000- de las que 543 están censadas y 888 'no están empadronados pero tienen aquí su segunda residencia', según señaló un portavoz del grupo ecologista.
Las firmas se presentaron oficialmente la pasada semana al consistorio. Txipio Bai reprocha alcalde y al equipo de gobierno de Plentzia 'su silencio', que interpreta como una negativa a realizar dicha consulta, y critica que ni siquiera se haya celebrado un pleno para tratar la cuestión.
El avance de las normas subsidiarias en Plentzia originó una fuerte polémica hace dos años, cuando describía, en el apartado sobre la situación urbanística del municipio, terrenos que estaban en Gernika y Bermeo y recalificaba como urbanizable las marismas de Txipio, el segundo humedal vasco por extensión. En diciembre de 2000, la Audiencia Nacional ratificó que esta zona es un área de dominio público y frustró un proyecto inmobiliario de 60,1 millones de euros.
Los ecologistas han censurado que la corporación de Plentzia, con mayoría absoluta del PNV, inició la revisión del plan urbanístico en 1998, sólo cuatro años después del anterior, cuando la ley establece un plazo de ocho años.
