Barcelona posible
El Consejo Europeo de Barcelona, el primero tras la implantación del euro, ha constituido una etapa constructiva. Pero no pasará a la historia por sus grandes logros. Los dos años perdidos desde la cumbre de Lisboa para hacer de la UE en esta década el 'espacio más moderno, más abierto y más flexible' del mundo, como lo definió ayer Aznar, no se han colmado en esta reunión. No era posible hacerlo, dada la cercanía de las elecciones francesas -con los dos principales contrincantes, Chirac y Jospin, en su último dúo juntos en Barcelona- y alemanas. En tales circunstancias, la presidencia de turno española ha salvado decentemente la distancia que hay entre lo deseable y lo posible, con un enfoque pragmático, aunque no ha podido evitar la tentación de un injustificado triunfalismo, manifestado por Piqué al principio de la reunión.
En Barcelona, la UE ha fijado objetivos de futuro y encargado nuevos estudios, más que decidir concreciones presentes. Las reformas estructurales en la UE llevan mucho retraso, y aunque el proceso sea ya 'irreversible', como lo considera Aznar, carece de una verdadera dimensión europea. Es una suma de reformas y liberalizaciones parciales y de objetivos nacionales sometidos al escrutinio colectivo de la UE. Lo que era la clave de este Consejo Europeo, la liberalización del sector eléctrico, se ha saldado con un compromiso, que deja demasiados cabos sin atar: el suministro de energía eléctrica se liberalizará para 2004, imponiendo Francia sus tesis, sólo para las empresas, lo que no es una nimiedad, ya que consumen un 60% del total. A Francia hay que agradecer, sin embargo, que haya defendido el principio de que el suministro eléctrico no es sólo un producto a vender al precio más barato posible, sino un servicio público, de interés general, lo que implica suministro universal y calidad. En esta defensa de intereses concretos y de la Europa social, ha quedado patente que, aunque sea como muro de contención, el eje franco-alemán ha vuelto a funcionar en Barcelona. Pero la solución pactada para la electricidad ignora los hogares, y contribuye así a alienar a la ciudadanía de la construcción europea. Para España, además, la liberalización requiere mayores capacidades de interconexión con Francia, pues de otro modo la teórica libertad de elección no tendrá efectos prácticos para el usuario. La afirmación de Aznar ayer de que 'España ha dejado de ser una isla energética' es aún un deseo sin concreciones.
Se mantiene el gran objetivo del pleno empleo para 2010, con la creación de 20 millones de puestos suplementarios de trabajo, pero la UE sigue careciendo de mecanismos para lograrlo. Ignora además que en esta fecha contará con unos nuevos socios, ahora mismo con cifras de desempleo importantes y obligados a reestructurar para entonces sectores enteros de producción, con la consiguiente pérdida de empleo. Es lamentable que hayan caído de las conclusiones de Barcelona los objetivos respecto a guarderías, pues favorecen la integración laboral de la mujer y la natalidad. Otro compromiso, el de ampliar la media de jubilación en la UE de los 58 años actuales a 63 en un lustro, es algo que no depende tanto de los empresarios como de la marcha de la economía. Una medida que alimenta el concepto de ciudadanía europea es la introducción en 2003 de una misma tarjeta para atención sanitaria pública en toda la UE. Los objetivos tecnológicos y de enseñanza requerirán, asimismo, medidas concretas. Resulta demasiado fácil que los gobernantes decidan que para 2010 la inversión en I+D será de un 3% del PIB, pero que las dos terceras partes corresponderán a la iniciativa privada. El impulso finalmente dado al programa europeo Galileo para crear un sistema de satélites similar al GPS americano, aunque con mayor precisión, indica una cierta voluntad de autonomía respecto de EE UU, pese a que aún falten los detalles sobre su financiación y Blair haya insistido en que no tenga aplicaciones militares.
Madurez de las protestas
La autonomía exterior tiene límites, sin embargo. Oficialmente, los Quince no han hablado de Irak, pero o lo han hecho constatando sus discrepancias internas, o no han cumplido con su obligación de hacerlo. Han aprobado una declaración sobre Oriente Próximo que apoya la creación de un Estado palestino 'democrático, viable e independiente' e impulsa el diálogo, pero esconde una cierta impotencia europea, que contrasta, por ejemplo, con el acuerdo logrado por Solana para crear una nueva unión entre Serbia y Montenegro.
Un fracaso del Gobierno es, en la estela del 11-S y del conflicto de Oriente Próximo, no haber conseguido convencer a los otros 14 de la necesidad de crear un Banco de Desarrollo del Mediterráneo, que queda en una simple línea especial de crédito del Banco Europeo de Inversiones. Positiva resulta, en cambio, la bendición de la UE al proceso de negociación entre Madrid y Londres para una solución global antes del verano al contencioso sobre Gibraltar.
La foto panorámica de la gran familia europea del viernes, con 28 mandatarios de los Estados miembros y candidatos invitados por primera vez a discutir de las reformas económicas y sociales, dice mucho: se necesita una pantalla en gran formato para apreciarla en su integridad. Es un aviso de que la UE necesita urgentemente reformar sus instituciones. Las propuestas formuladas por el secretario general del Consejo, Javier Solana, para reformar la manera de funcionar de esta institución sin tocar los tratados van en la buena dirección. Los Consejos Europeos no pueden ser gigantescos circos ambulantes. De hecho, el Tratado de Niza -sobre el que Irlanda realizará un vergonzante segundo referéndum en el otoño- ya prevé que en la UE ampliada a 18 todos los Consejos Europeos se celebrarán en Bruselas. Solana ha recogido también la idea de suprimir las presidencias semestrales. Lo que no parece tan razonable es que se cree un nuevo marco de representantes personales de los Gobiernos y del propio Solana para preparar estas reformas. Cuando la Convención sobre el Futuro de Europa lanza sus trabajos, la construcción europea peca de un exceso de foros.
Los ciudadanos de Barcelona, como ocurriera en 1992, han dado un ejemplo de civismo, y los movimientos por otra globalización u otra Europa han alcanzado un grado de madurez que les ha permitido, con sus propios servicios de orden, mantener a raya a los violentos. Pese a algunos actos vandálicos por parte de manifestantes y ciertos excesos, incluso contra fotógrafos de prensa, la policía, en general, ha obrado con tiento. Las marchas antiglobalización convocadas por la Campaña contra la Europa del Capital y de la Guerra y el Foro Social de Barcelona, las mayores registradas con ocasión de una cumbre europea, se han realizado sin incidentes mayores, y la de los sindicatos el jueves resultó ejemplar. A la vista de todo ello, las acusaciones previas del Gobierno contra la participación en ellas de socialistas catalanes resultan indignas del juego democrático.
El despliegue de 8.500 policías y un avión AWACS de la OTAN y la suspensión temporal del acuerdo de Schengen para resucitar unas fronteras que siguen estando ahí, puede resultar eficaz, pero no es la dirección en la que debe proseguir la protección de los Consejos Europeos y la unificación del continente, pues es una contradicción en sus propios términos. Aún queda camino por recorrer para que resulte impensable que a un ciudadano europeo se le impida pasar de un país a otro, como sería imposible hacerlo entre dos länder alemanes o dos comunidades autónomas españolas. Pero en Barcelona se ha lanzado también una señal positiva, necesaria ante la falta de brío de la economía de la zona euro. Se ha recuperado una cierta gana de hacer Europa y algo se ha avanzado, aunque menos de lo que pretendía Aznar. Se han puesto muchos elementos sobre la mesa. Ahora falta concretarlos.
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