UPA denunciará bodegas manchegas por pactar precios

La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) ultima una denuncia contra las bodegas de Castilla-La Mancha por pactar en la última campaña precios bajos para la uva, en contra de los intereses de todos los viticultores. Esta denuncia, como ya hiciera con éxito la misma organización en 1997 en el caso de la leche, se presentará en el Servicio de Defensa de la Competencia.

Responsables de la organización consideran que disponen de datos contrastados para apoyar sus denuncias en un momento en que el sector atraviesa una grave crisis ante la falta de medidas comunitarias y de respaldo de la Administración española

Aunque la cosecha de vino de este año ha sido solamente de 35 millones de hectolitros frente a los 45,5 millones de hectolitros de la campaña anterior.

Según datos de la organización agraria, en la cosecha de esta campaña, una gran parte de las bodegas que operan en la zona pagaron en los mismos días los mismos precios a los viticultores para las diferentes variedades. En el caso de la uva blanca, las cotizaciones se situaron en unos 0,13 euros por kilo, mientras para las uvas tintas, según variedades, los precios oscilaron entre 0,18 y 0,24 euros por kilo.

La toma de datos ha sido realizada por la organización agraria en base a las liquidaciones de la uva hechas por las bodegas. Igualmente, varios notarios se desplazaron en el momento de la vendimia a numerosas bodegas para tomar nota de los precios que figuraban en tablilla. El sector del vino mantiene en los dos últimos años una situación de crisis. La medidas de regulación como las destilaciones para obtener alcohol con destino a usos de boca no han sido suficientes para levantar el mercado. En contra de lo aplicado en otros países como Francia e Italia, España no ha defendido para este año una destilación de crisis con ayudas nacionales.

En el sector agrario, la única referencia hasta la fecha en materia de denuncias por pactar precios a la baja la hizo en 1997 la misma organización agraria, UPA.Varios años más tarde, el Tribunal de Defensa de la Competencia dictó una sentencia contra las empresas lecheras con multas por 7,2 millones de euros.