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El Constitucional anula la ley vasca de cesión de suelo a los municipios

Por entrar en colisión con la legislación estatal

El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado la ley vasca de artículo único que regula la cesión obligatoria por parte de los promotores de viviendas de un 10% del suelo urbano a los ayuntamientos. El TC justifica la declaración de inconstitucionalidad de la ley autonómica porque contradice la Ley de Suelo estatal, que es de carácter básico y, por lo tanto, está por encima de las legislaciones regionales. Para evitar la inseguridad jurídica que pudiera derivarse de la aplicación de la norma vasca, el TC falla en su contra y la anula.

El Constitucional ya suspendió este artículo en agosto de 1998 a instancias del Gobierno central, pero en enero de 1999 levantó la suspensión hasta su fallo definitivo, que se produjo ayer. La ponente es la magistrada Elisa Pérez, primera mujer que forma parte del TC.

El artículo único de la Ley del Parlamento vasco, aprobada en 1998, establece la participación de los ayuntamientos en las plusvalías generadas por la acción urbanística. Obliga a los propietarios del terreno y promotores de viviendas a ceder a los municipios el 10% del suelo no urbanizable y del terreno urbano donde vayan a construir. En ambos casos, libres de cargas de urbanización.

Sin embargo, la ley estatal de Suelo distingue dos tipos de suelo urbano a la hora de hacer la cesión: el consolidado (aquel que ya se ha convertido en parcelas) y el no consolidado (necesita de una urbanización para que se convierta en parcela y pueda acoger la futura edificación). Esta norma especifica que, en el caso del suelo urbano consolidado, los propietarios no tendrán que ceder el 10%. En cambio, la legislación vasca que acaba de anular el TC no incluye esta distinción y trata el suelo urbano por igual, sea consolidado o no, obligando a los constructores a ceder siempre el 10%. Mientras que la ley autonómica favorece los intereses de los ayuntamientos, la estatal protege más a los promotores.

La cesión por los promotores de suelo a los ayuntamientos es una forma de hacer partícipe a la sociedad de las plusvalías generadas y permitir que los municipios creen su propio patrimonio de terreno, que en el caso de Euskadi tienen que destinar en primer lugar a la promoción de viviendas de protección oficial o pisos sociales. La Ley vasca fue aprobada mientras Patxi Ormazabal (EA) dirigió el Departamento de Vivienda. El Gobierno vasco expresará hoy su posición sobre la sentencia anulatoria.

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