Operación justicia para todos

Ana Cortés, 31 años, de profesión abogada, ha vuelto a fumar, aunque lo hace con moderación, porque un pitillo es lo primero que le piden muchos de sus clientes recién detenidos apenas la ven aparecer por comisaría en su calidad de letrada de oficio. Ella no se lo escatima, como tampoco un apretón de manos para romper el hielo e intentar tranquilizar a quienes, poco después, ya en los juzgados de primera instancia e instrucción de la madrileña plaza de Castilla, se jugarán en su primera declaración, y en presencia de su abogado, lo más precioso que hay en la vida: la libertad.

Ana, como muchos de los letrados que pululan, con toga o sin ella, por los pasillos de unos juzgados que recuerdan el metro en hora punta, cree que la justicia para todos, con igualdad de oportunidades, seguirá siendo una utopía inalcanzable mientras no se dignifique el turno de oficio, es decir, la asistencia letrada gratuita. Mal retribuida, y sin medios adecuados, la consecuencia es que, dicho en toda su crudeza, hay una justicia para ricos y otra para pobres.

La Carta es emanación de un pacto de Estado y se consensúa con todos los partidos

Evitarlo es uno de los grandes objetivos del Pacto de Estado para la Justicia y de su proyección más inmediata, la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, que se presentará el próximo martes. Ese mismo día pasará por el registro del Congreso como proposición no de ley que, gracias a un consenso sin fisuras de los diversos partidos, agotará probablemente este mismo mes el trámite parlamentario.

A partir de ahí, el Gobierno tendrá que asumir el compromiso de aplicar sus recomendaciones en sus áreas directas de competencia y, cuando sea necesario, presentar proyectos de ley que, por ejemplo, podrían afectar a la Ley Orgánica del Poder Judicial. También es probable que sufran modificaciones los estatutos de abogados, procuradores y fiscales.

La Carta pretende, nada más y nada menos, que regular la relación de los ciudadanos con la justicia. Uno de sus tres redactores, el catedrático de Derecho Constitucional y miembro de la Ejecutiva del PSOE Diego López Garrido, muestra su preocupación porque la Carta 'suscite expectativas que no se cumplan a la hora de la verdad'.

Hacer realidad compromisos como el de informar en detalle a los interesados sobre la marcha de su proceso, contar con la atención personal del juez o el secretario del juzgado, recibir un trato respetuoso y adaptado a las condiciones personales y convertir la puntualidad en una norma y no en una excepción obligará a un enorme esfuerzo que pondrá a prueba el colapsado aparato de la justicia. Por no hablar del objetivo de conseguir una relación de confianza con abogados y procuradores que parta de saber desde el principio el importe aproximado de la minuta del letrado.

De lo que no duda López Garrido es de la necesidad de una reforma a fondo de la justicia, 'que presenta una imagen horrible, funciona fatal y es uno de los servicios peor valorados por los ciudadanos'. El sistema, añade, 'es lejano, lento, impenetrable, opaco, maltrata al ciudadano, conduce a la degeneración de la justicia, no cuida a sectores especialmente vulnerables, como mujeres maltratadas o menores, y da miedo. El ciudadano no tiene quien le proteja. En los casos penales, por ejemplo, la gente más pobre es la más indefensa'. En definitiva, el sistema 'no permite que se cumplan los derechos fundamentales de los ciudadanos recogidos en la Constitución'.

Hay cinco millones de actos judiciales al año. Un dato que, al menos estadísticamente, supone que, por término medio, todos los ciudadanos terminan siendo usuarios de la justicia y dejando su destino en las misteriosas manos de esta diosa ciega cuya balanza no siempre está bien calibrada. Y, sin embargo, la justicia ha sido la gran olvidada de la democracia, 'una responsabilidad política', dice López Garrido, 'de todos los Gobiernos, desde los de UCD a los socialistas y, finalmente, los del PP'.

José María Michavila, secretario de Estado de Justicia y presidente del grupo de trabajo Gobierno-Parlamento, que elabora la Carta, no justifica la demora, aunque la explica por el hecho de que había que elegir cómo se utilizaban los recursos y se fijaron antes otras prioridades, como la sanidad, la educación y las pensiones.

Ahora, con déficit cero, señala, se puede apostar finalmente por la modernización de la justicia, como demuestra ya la asignación de 102 millones de euros (17.000 millones de pesetas) para reformas estructurales y el propósito de invertir otros 1.500 millones en esta legislatura y la próxima.

El secretario de Estado define la situación actual como 'de gran confianza, con un horizonte de mejora' y se muestra convencido de que 'ha llegado la hora de la justicia, la gran olvidada en el proceso de modernización de los últimos 25 años'. Se hará 'sin excluir a nadie, pero no mediante un pacto de mínimos, sino, antes al contrario, con gran ambición. Lo auténticamente revolucionario es la filosofía de la Carta, que, poniendo el interés general por encima del particular o partidista, pretende atender mejor al ciudadano, defender sus intereses, con más calidad, claridad, transparencia y eficacia. Ésa es la máxima prioridad'. Michavila atribuye a su ministro, Ángel Aceves, el mérito de haber definido un nuevo modelo global y de consensuarlo para que no quede a merced de los vaivenes políticos.

En el documento base utilizado por los tres redactores de la Carta (López Garrido, la diputada del PNV Margarita Uría y el director general para la Modernización de la Justicia, Alberto Dorrego) se constatan tres grandes objetivos: una justicia moderna y abierta a los ciudadanos, una justicia que proteja a los más débiles y una relación de confianza con abogados y procuradores.

El grupo de trabajo ha recogido aportaciones de los diversos grupos parlamentarios y de numerosas entidades y aportaciones relacionadas con la administración de justicia, desde las asociaciones de jueces y fiscales a los sindicatos o el Consejo General de la Abogacía.

Las sugerencias de este último, que en cierta forma representa a los más de 140.000 abogados que hay en España, incluyen que figure expresamente el derecho a una justicia rápida y eficaz, así como a conocer el papel que desempeñan tribunales, jueces, fiscales, secretarios judiciales, oficiales, auxiliares, agentes, abogados, procuradores y peritos. O sea, el kafkiano mundo que para la gran mayoría de los justiciables, sobre todo los de menos medios o instrucción, constituye un laberinto incomprensible.

El problema fundamental es que no hay medios, que no se dedica dinero a la justicia. Ahora tal vez los haya. La Carta de Derechos, y lo que venga tras ella, constituye la gran esperanza de que se impulse por fin la gran reforma que haga posible la justicia para todos.