Euskadi aprobará este año una ley que garantice el derecho a una muerte digna

El Gobierno vasco pretende que el Parlamento regule por ley este mismo año el testamento vital, un documento en el que cualquier persona mayor de edad podrá establecer por anticipado cómo quiere que los médicos le traten cuando llegue al final de su vida. El consejero de Sanidad, Gabriel Inclán, subrayó que la ley obligará a los médicos a acatar lo establecido en estos documentos, que gestionará un registro de voluntades anticipadas que se creará al efecto. Inclán explicó que la nueva ley intenta 'humanizar y preservar la dignidad humana en el final de la vida'.

El consejero explicó que el Gobierno vasco pretende que se apruebe un marco legal que garantice el respeto a los derechos del enfermo y a la voluntad que haya establecido oficial, consciente y libremente por si llega el momento en que su estado clínico le impide decidir por sí mismo. Cataluña posee una ley similar y Extremadura y Galicia también han regulado el testamento vital.

Detalló Inclán, en conferencia de prensa en Bilbao, que el anteproyecto de ley que su departamento ha elaborado ya ha sido distribuido a los colegios de médicos, de ATS, de notarios y a varias asociaciones, incluida la que reivindica el derecho a morir dignamente.

Inclán subrayó que el límite de las voluntades expresadas por escrito será el ordenamiento jurídico vigente. Por ello, la ley sólo ampararía actualmente la aplicación de la eutanasia pasiva e indirecta, pero no de la activa. El consejero definió los tres tipos de eutanasia, tal y cómo están detallados en el Código Penal:

- Eutanasia pasiva: Consiste en no aplicar o dejar de aplicar técnicas que mantengan, sin curar, al paciente con vida si la muerte está próxima, se halla inconsciente o la medicina sólo puede retrasar el fallecimiento. El Código Penal no lo castiga, sino que, según recordó Inclán, señala que imponer un tratamiento podría comportar un delito de coacción.

- Eutanasia indirecta: Administrar sustancias, normalmente calmantes, cuando el paciente sufre un dolor intolerable y su muerte está próxima, aún a sabiendas de que ello puede suponer adelantar la muerte. El consejero explicó que el Código Penal considera lícito que el médico ahorre al paciente graves sufrimientos aunque adelante, sin provocarlo, su fallecimiento.

- Eutanasia activa: Implica causar la muerte a un paciente que expresamente lo ha pedido cuando se enfrenta a una muerte próxima, inevitable y dolorosa o cuando su calidad de vida es ínfima y no puede suicidarse. Éste caso está expresamente penado en el Código Penal porque significa producir directamente la muerte. Inclán recordó que cambiarlo compete al Congreso de los Diputados.

El Departamento de Sanidad tiene previsto crear un registro de voluntades anticipadas. Cualquier vasco mayor de 18 años con capacidad legal, sano o enfermo, podrá dejar por escrito instrucciones precisas sobre el tratamiento que quiere o no quiere que se le aplique cuando su situación clínica le impida decidirlo.

La nueva ley también permitirá al paciente reconstruir, a través del representante que él designe, lo que 'dejó por escrito y describir sus objetivos y valores personales', afirmó Inclán. Detalló el consejero que el documento de voluntades anticipadas tendrá 'las mayores garantías de autenticidad' y que sus autores podrán 'modificarlo, sustituirlo y revocarlo' en cualquier momento.

Precisó el consejero que el registro de testamentos vitales que existe en Vitoria -38 personas han depositado allí por escrito su voluntad- y el que Bilbao ha aprobado, pero aún no ha creado, carecen de sustento legal. Es decir, que no obligan a los médicos a cumplir lo allí dispuesto.

Tres modos

El borrador de Sanidad establece tres maneras de formalizar el testamento vital: ante un notario, ante un funcionario del registro de voluntades anticipadas y un testigo (que no sea familiar directo del solicitante) o ante tres testigos.

El consejero aseguró que las sugerencias de los colectivos afectados serán analizadas en abril. El anteproyecto será después analizado por la comisión jurídica asesora y la oficina de control económico. Sanidad confía en llevarlo en junio al Consejo de Gobierno. Esta ley es un compromiso incluido en el acuerdo de gobierno del tripartito. Inclán calcula que Cámara podría convertirlo en ley antes de fin de año.

Recordó el consejero que la ley se sustenta en la ratificación por parte de España del convenio del Consejo de Europa para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Ley General de Sanidad, que incluye el derecho del ciudadano a ser informado sobre su enfermedad, a elegir libremente entre las opciones que le ofrezca su médico y a negarse al tratamiento en ciertos casos.