Los sindicatos creen que ampliar los conciertos educativos a la etapa infantil 'abrirá la guerra'

La posibilidad de que el Gobierno flexibilice las normas para extender a la etapa de infantil los conciertos escolares en los centros privados ha sido recibida con alarma entre los sindicatos mayoritarios, CC OO y UGT, que consideran que se 'abrirá la guerra' entre la red educativa pública y la privada y 'será funesto para la sociedad'. El sindicato CSIF no quiere oír hablar de la ampliación de conciertos, y la Unión Sindical Obrera (USO) no ve con buenos ojos que el primer ciclo de la educación infantil 'pierda su carácter educativo' para ser meramente asistencial si pasa a depender del Ministerio de Trabajo.

La ministra de Educación, Pilar del Castillo, no concretó ayer sus planes sobre la política de conciertos educativos. Pero sí confirmó que la nueva ley, que presumiblemente se presentará antes de Semana Santa, afrontará el segundo ciclo de educación infantil (de tres a seis años), aunque nada dijo sobre el posible traspaso del primer ciclo (de cero a tres) al Ministerio de Trabajo.

Los sindicatos alertaron del perjuicio que supondría para la red educativa y para la sociedad que el Gobierno extienda los conciertos a la etapa infantil. Consideran de mayor gravedad los conciertos parciales, es decir, aquellos centros cuya financiación pública se completaría con aportaciones de las familias, de tal forma que podrían quedar excluidos de las normas que rigen para todos los centros financiados con fondos públicos. Podrían, en ese caso, seleccionar a placer a su alumnado y establecer normas propias para la participación de la comunidad educativa en la gestión del centro.

'Todos los centros que reciban fondos públicos tienen que regirse por los mismos principios', dijo ayer el secretario general de Educación en CC OO, Fernando Lezcano. Considera que desplazar ahora el debate sobre la Ley de Calidad hacia políticas educativas sobre red pública, red privada, 'abrirá la guerra y será funesto para la sociedad; se puede dualizar la educación y dejar la pública como una red meramente asistencial', agregó.

Según CC OO, el pasado curso estaban escolarizados en la red privada el 56,2% de los niños de cero a dos años; el 32,6% de los de tres años, y el 31% de los de 4 y 5 años. Este curso hay escolarizados en educación infantil, que no es obligatoria, 1.188.734 alumnos.

El secretario general de Educación en UGT, Jesús Ramón Copa, cree que modificar la LODE y establecer nuevas fórmulas de conciertos podría 'quebrar el consenso constitucional recogido en el artículo 27 [sobre el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza]. Si se plantean conciertos parciales se dará visos de legalidad a un fraude', afirmó.

Ricardo Santos, secretario nacional de Educación en el sindicato CSIF, con presencia únicamente en la enseñanza pública, valoró la reforma que anuncia el Ministerio pero criticó la ampliación de conciertos, una cuestión 'de vital importancia, porque el Estado no puede delegar [la educación] en entidades que no acaba de controlar'. Santos cree que ampliar los conciertos 'convertirá a la educación pública en un reducto de lo que no quiera la privada'. 'No estamos dispuestos a que lo público sea marginal', dijo.

El secretario general de la Federación de Enseñanza de USO, José Luis Fernández, se mostró a favor de extender los conciertos, pero juzgó 'un retroceso' que el primer ciclo de infantil 'pierda su carácter educativo'. Los sindicatos creen que dejará de ser una etapa educativa, tal y como establece la LOGSE, si pasa a depender del Ministerio de Trabajo.

Las patronales de enseñanza concertada, Educación y Gestión y CECE, aplaudieron la ampliación de conciertos porque consideran que es la forma de garantizar el derecho a elegir enseñanza. Los primeros pidieron que la financiación cubra el coste real de los estudios que se concierten para que los padres no tenegan que asumir de su bolsillo esa diferencia. 'De esta forma, en las aulas convivirán alumnos de distinto nivel económico e intelectual', explicaron. 'El optar por esta alternativa supone mermas en la libertad de los centros concertados como empresas privadas pero se justifica en la apuesta por los alumnos desfavorecidos'.

La presidenta de CECE, Isabel Bazo, dijo que esto 'es una reivindicación' que reclamaban 'hace tiempo'. 'La libertad existe cuando hay un abanico donde elegir', añadió.