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Tribuna:

Libertad o capitalismo: el incierto futuro del trabajo

Quien asegura tener una receta para garantizar el pleno empleo falta a la verdad. Es cierto que a la sociedad moderna de mercado no le falta trabajo, pero se puede decir que estamos contemplando el final de la sociedad de pleno empleo en el sentido clásico, en el que fue inscrito como principio básico de la política tras la II Guerra Mundial en las Constituciones de las sociedades europeas y de la OCDE. El pleno empleo significaba tener trabajo normal, que cada uno aprendía una profesión que ejercía durante toda su vida quizá cambiando una o dos veces de empleo, una actividad que le proporcionaba la base de su existencia material. Hoy, sin embargo, nos encontramos ante una situación totalmente diferente, pues la tecnología de la información ha revolucionado la forma clásica del trabajo. El resultado es su flexibilización; el trabajo es desmembrado en sus dimensiones temporales, espaciales y contractuales: de esta forma cada vez hay más seudoautónomos, empleados a tiempo parcial, contratos basura (en Alemania, empleos de 330 euros, sin seguridad social), trabajos sin contrato, trabajos que se hallan en esa zona gris entre trabajo informal y desempleo. Esto se aplica también, por cierto, al trabajo de mayor cualificación y retribución. El principio hasta ahora válido de que la ocupación se basaba en una seguridad relativa y en una previsibilidad a largo plazo pertenece ahora al pasado. En el centro de la sociedad y su sistema laboral también gobierna ahora el régimen del riesgo.

Esta economía política de la inseguridad se expresa en un efecto dominó: lo que en los buenos tiempos se complementaba y fortalecía mutuamente -el pleno empleo, las pensiones aseguradas, elevados ingresos fiscales, amplio margen para la política de la Administración pública- es ahora peligro mutuo. El trabajo se precariza; las bases del Estado social se resquebrajan; la trayectoria normal de las personas se fragiliza; se programa la pobreza para los jubilados del futuro; los presupuestos exangües de los municipios no pueden financiar el asalto que se produce en requerimiento de sus servicios de asistencia social.

Por doquier se demanda hoy flexibilidad. Dicho de otra forma: los empresarios pretenden poder despedir a sus empleados con más facilidad. La flexibilidad también significa traspasar los riesgos del Estado y las empresas al individuo. Los empleos se hacen más de corto plazo, fácilmente rescindibles, es decir, 'renovables'. Al final, flexibilidad viene a significar que hay que alegrarse de que tus conocimientos y experiencia estén pasados y nadie puede decirte lo que tienes que aprender para que alguien pueda necesitarte.

Y con ello nos encontramos ya en el meollo del problema, y es que se puede alabar la 'destrucción creativa de la economía' (Schumpeter), pero no la de las personas. Para que pueda haber un incremento estadístico de dos millones de puestos de trabajo han tenido que desaparecer primero 10 millones y crearse 12 millones, posiblemente fuera de las fronteras nacionales. Es meridianamente claro que los Gobiernos, para abrir perspectivas vitales a las personas, deben fomentar lo que se llama producción de mayor valor y que genere mayor salario. Pero precisamente a causa de los elevados costes salariales se ha elevado también el grado de automatización de la economía. Y así nos encontramos en una rara dialéctica: cuanto más elevados son los costes salariales, tanto más procura el empresario introducir máquinas y así emplear a menos personas. Y el Estado incluso le recompensa por ello. Pero si el empresario sustituye trabajadores por máquinas y energía, los impuestos y contribuciones sociales tienden a disminuir. Y si emplea a más gente es castigado por los elevados costes laborales y sociales.

Para la política estatal esto crea un dilema que en la campaña electoral en Alemania está personificada por los contendientes, el canciller federal Schröder y el aspirante Stoiber (CSU). Parece que el estatalizador Stoiber también quiere mantener con vida ramas anticuadas, auténticos 'muertos', mediante subvenciones y ayudas artificiales, pues el peso de los votantes afectados es grande. Así, por ejemplo, pretende estimular la industria de la construcción, utilizada muy por debajo de su capacidad pero con un fuerte exceso de personal, con un programa coyuntural de miles de millones, pese a que un incremento del gasto público atraería nuevamente la amenaza de la amonestación de Bruselas. Es un verdadero dilema: el mercado, se destruye a sí mismo, y las consecuencias -desempleo, medidas de reconversión profesional, descontento del electorado- las tienen que solucionar los políticos.

Tampoco hay una varita mágica en otros países. Aunque algunos hayan optado por mejores soluciones que Alemania, en la cuestión fundamental todos coinciden. Saben que el trabajo ya no es lo que era y que su importancia para la creación de valor disminuye. En EE UU y en Gran Bretaña esta disminución de importancia lleva aparejada la disminución de los salarios reales. En otros países significa que, aunque queden asegurados los empleos se reducen las oportunidades de su remuneración. En casi todos los países de la OCDE los salarios son una parte cada vez menor de la renta nacional, o dicho de otra forma, la cuota salarial baja, y si en EE UU se mantiene casi estable es porque los americanos tienen que trabajar cada vez más para seguir ganando lo mismo.

En ningún país democrático del mundo, y desde luego no en Alemania, votarán los electores por su ruina colectiva a menos que creamos en la existencia de un masoquismo democrático del ciudadadano. Ante nosotros está la tarea de configurar la vía al futuro de manera no sólo técnica y económica, sino humana. ¿Cómo debería ser una concepción política que armonizara de una forma nueva el Estado, el ciudadadano y el trabajo? A continuación se exponen tres tesis:

Primera. Mucha gente ha confundido modernización con privatización, es decir, con la idea del Estado neoliberal. Pero tras el 11-S la divisa del neoliberalismo de sustituir política y Estado por economía ha perdido mucha fuerza. Un ejemplo descollante es la privatización de la seguridad aérea en EE UU. Esta autoridad de control clave para el sistema de la seguridad interior se ha encomendado a empleados a tiempo parcial y con condiciones de suma flexibilidad. Su sueldo estaba por debajo del de los empleados de los restaurantes de comida rápida. Se les dieron unas pocas horas de 'formación' para este empleo basura de seguridad basura por periodos que en promedio no excedían los seis meses.

Hay que reconocerlo con tristeza: esta concepción neoliberal que complace a EE UU, que comprende la cicatería del Estado por un lado y por otro la trinidad de desregulación, liberalización y privatización, ha vuelto al país vulnerable a los ataques terroristas. En este sentido las terribles imágenes de Nueva York contienen el mensaje que también ha sido captado en los EE UU: un país puede suicidarse por exceso de neoliberalización. Entretanto, la seguridad aérea ha sido estatalizada y convertida consecuentemente en un servicio público.

No sólo en América, también en Europa se escuchan cada vez más voces solicitando la vuelta del Estado. Sobre todo en Gran Bretaña, que ha experimentado un auténtico desastre con la privatización de los ferrocarriles. Como tras esa experiencia ha quedado claro que posiblemente privatización y modernización sean conceptos opuestos, cada vez se plantea más la idea del Estado activante. Este Estado permite una nueva definición del trabajo que comprende actividades públicas y útiles para la comunidad y que se desempeñan tanto dentro como fuera del sector público estatal.

Se trata de concebir una reforma de gran envergadura y bien interconectada de impuestos, cargas y Estado social, pero por supuesto con una meta bien definida: abrir mayores espacios en el mundo laboral para la participación y el compromiso civil de los ciudadanos. Cuanto más problemático se hace el viejo mercado laboral, tanto más creativos deben ser el Estado y los ciudadanos. Que no haya malentendidos: no se trata de privatizar completamente el gigantesco sector del servicio público y así abolirlo. De lo que se trata es de ofrecer dentro de su esfera posibilidades para actividades empresariales sociales y para iniciativas creativas desde abajo. Por lo tanto, la pregunta más importante es: ¿Cómo organizamos la educación, la ciencia, los servicios sociales... para obtener más agilidad y capacidad de renovación de los servicios públicos? Por citar un ejemplo negativo, la actual reforma universitaria alemana contradice esto de forma radical y en último término supone un crimen contra el espíritu.

Pues precisamente, cuando se habla de trabajar por el bien común, el principio de la autonomía y autodeterminación dentro de la sociedad civil ha de tener la prioridad absoluta. Cuando un grupo de personas se encarga de, pongamos por caso, la investigación, la protección del medio ambiente o la revitalización de los centros urbanos, podría, y debería hacerlo con criterio empresarial. Semejante reforma del servicio público con criterio de sociedad civil equivale a matar dos pájaros de un tiro: por una parte se emplea el dinero público de un modo más sensato que financiando el desempleo; por otra, se contribuye a que las personas avancen por la vía de la configuración de su propia vida. A través de una actividad social autónoma, reconocida y retribuida obtendrían no sólo más calidad de vida, sino también mayor cualificación en su trayectoria vital.

Quien pretenda eliminar el desempleo masivo debe empezar sobre todo en la escala inferior de la jerarquía social. Si a la caída de precios del trabajo de baja cualificación le sigue la disminución de la renta del trabajo, como indica el abecedario del neoliberalismo, se puede reducir el desempleo masivo eficazmente. A continuación se recuperan y florecen los ingresos públicos. Aplicado al nicho de bienestar que es Alemania en el contexto mundial ello significa que el capitalismo más depredador fagocita los sistemas reguladores de la autonomía negociadora de convenios y del Estado social, fragiliza el equilibrio del nivel de vida y del poder y pone en peligro consiguientemente las bases mismas de la libertad.

Segunda. Por estas razones en el futuro nos tendremos que enfrentar a la contraposición de 'libertad o capitalismo'. Es una inversión irónico-histórica del viejo eslogan electoral conservador: 'Libertad, sí; socialismo, no'. Dado el riesgo que corren hoy los puestos de trabajo, el Estado activador debe armonizar de una manera nueva Estado, igualdad y libertad. El artículo 1 de la Ley Fundamental alemana ya lo dice: 'La dignidad de la persona trabajadora es inviolable'. Por eso una política no puede jactarse de ser moderna si abre de par en par las puertas al dumping laboral, de ingresos, social y medioambiental. Se podría dar la siguiente respuesta: sacar a la luz de una vez las fuentes del trabajo llamado precario, de corto plazo y mal pagado, lo que constituye hoy ya en los EE UU casi la mitad de los empleos, y situarlo dentro de una regulación legal perfectamente delimitada. Con ello se harían controlables los riesgos que conlleva mediante una política social que asegurara lo básico (atención sanitaria y pensiones independientes de los ingresos laborales, es decir, financiando con los impuestos). Una segunda respuesta sería: dar un lifting económico a las actividades de baja cualificación y las prestaciones de servicios simples en forma de un salario combinado con subvención estatal. Así el empleo se hace atractivo para todos, empresas y empleados.

Por doquier se plantea la pregunta de cómo organizar la espontaneidad en el mercado laboral. ¿Cómo se puede evitar el dumping salarial, o lo que es lo mismo, cómo evitar las actividades empreariales parasitarias?

Schröder confiaba en que la disminución de la natalidad redujera también el desempleo. Se ha equivocado, pues si bien la disminución de la natalidad es un hecho, hasta ahora no ha ayudado a solucionar el problema.

Tercera. Por el contrario, hay argumentos muy contundentes a favor de la inmigración. Es un antídoto contra el envejecimiento de la sociedad, algo que asusta a los inversores. Se va imponiendo la visión elemental de que ese periodo de crecimiento deseable para todos sólo es posible con fronteras abiertas, movimientos migratorios bien enfocados y rejuvenecimiento de la población. Según los cálculos de expertos de la ONU, la población de Alemania bajaría de los 82 millones actuales a 59 millones en el año 2050 si no hubiera inmigración. El número de componentes de la población activa entre 15 y 64 años incluso bajaría en un 40%. Si se pretende evitar el envejecimiento, la explosión de costes, la quiebra del sistema de pensiones y los movimientos emigratorios se tiene que luchar a favor de la apertura de las fronteras y procurar que los alemanes abran por fin los ojos a su globalización interna.

Dicho con otras palabras: la buena gestión económica moderna requiere una miras abiertas al mundo. Y el candidato Stoiber, que reniega de esto, tendrá que enfrentarse a la resistencia organizada del capital y sus organizaciones, pues le negarán la capacidad de realizar una buena gestión económica.

Un tema europeo de campaña electoral será por tanto si se interpreta al Estado activo como un Estado controlador (Stoiber) o un Estado cosmopolita (Fischer / Schröder). Los Estados controladores amenazan con convertirse en Estados-fortaleza después de la experiencia del acto terrorista del 11 de septiembre, Estados en los que las palabras seguridad y militar se escriben con mayúsculas, pero libertad y democracia con minúsculas. Hay que contar con que Stoiber, igual que Berlusconi, se opondrá a los que representen otra cultura en nombre de una fortaleza occidental. Con ello se corre el peligro de forjar una política de autoritarismo estatal que se comportaría de manera adaptativa, flexible hacia fuera, hacia los mercados mundiales, mientras que hacia dentro sería autoritaria. De los ganadores de la globalización se encargaría el neoliberalismo, para los perdedores de la globalización se atizarían el temor al terrorismo, la xenofobia y se le añadirían dosis calculadas de racismo. El resultado final sería la victoria de los terroristas, porque los países europeos se privarían a sí mismos de lo que los hace atractivos y superiores: de la libertad y la democracia.

Ulrich Beck es profesor de Sociología en la Universidad de Múnich.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 24 de febrero de 2002