El Senado aprueba por unanimidad dar a Barcelona su ley municipal

El Pleno del Senado respaldó ayer por unanimidad instar al Gobierno 'a presentar, a la mayor brevedad posible, un proyecto de ley que otorgue al Ayuntamiento de Barcelona las capacidades y competencias que se recogen en [...] la Carta Municipal de Barcelona'. La Carta de Barcelona fue aprobada por unanimidad por el Ayuntamiento de esta ciudad en 1997 y por el Parlament de Catalunya en 1998. En el pacto de la moción unánime de ayer participó el Ministerio de Administraciones Públicas para poner fin a la polémica.

La decisión unánime del Senado pone punto final a una polvareda desatada hace dos semanas cuando el grupo Entesa Catalana de Progrés -el Olivo catalán que integra en el Senado al PSC, Iniciativa y ERC- interpeló al ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, sobre la voluntad del Gobierno de elaborar una ley que transfiera al Ayuntamiento de Barcelona las competencias recogidas en la Carta Municipal que ahora son competencia del Estado.

El ministro defendió en su respuesta el proyecto de dotar a las grandes ciudades de una ley especial que, como pide la Carta de Barcelona, les transfiera determinadas competencias, como el tráfico, los juicios rápidos o algunas cuestiones de seguridad ciudadana. Posada incluyó ese día una frase para la polémica: 'Nos pareció que una ley sólo para Barcelona o Madrid sería de dudosa constitucionalidad y, además, no resolvería el problema de las grandes ciudades. Por ello, hemos creído más oportuno dirigirnos hacia las grandes ciudades'. Poco después, el ministro portavoz del Gobierno, Pío Cabanillas, insistió en la posible inconstitucionalidad de la carta.

La controversia que desataron estas manifestaciones sobre una reclamación que en Barcelona ha contado siempre con el respaldo unánime de todos los partidos políticos, incluido el PP, se empezó a reconducir el pasado miércoles cuando Posada citó en el ministerio a los cabezas de lista por Barcelona de todos los partidos y les transmitió que su proyecto de grandes ciudades se ha inspirado en la Carta de Barcelona y que su voluntad es que se apruebe, aunque quizá dentro de una ley más amplia, que incluiría también a Madrid.

En esa reunión se acordó impulsar en el Ayuntamiento barcelonés una moción de defensa de esa ley de municipalidad e intentar pactar en el Senado un texto conjunto para la moción consecuencia de aquella interpelación. Y así se ha hecho. El viernes, el Ayuntamiento de Barcelona aprobó, por unanimidad, una moción que destaca la 'voluntad compartida' de todos los partidos catalanes para que 'en el plazo más breve posible', se presente 'el correspondiente texto legislativo' para la Carta de Barcelona. Y así se acordó ayer en el Senado.

La reclamación para que el Gobierno elabore la ley necesaria para desarrollar la Carta de Barcelona es el primer punto de la moción aprobada ayer por unanimidad en el Senado. El segundo y último punto de esa moción contextualiza esa iniciativa en el proyecto sobre grandes ciudades del Gobierno y que también estudia ahora el Senado.

El senador Carles Bonet, en representación de la Entesa, defendió ayer el texto pactado por todos los grupos. En su propuesta inicial, la Entesa pretendía exigir al Gobierno que remitiera, 'en el plazo de seis meses, un proyecto de ley especial para Barcelona que otorgue a su Ayuntamiento las capacidades y competencias que se recogen en la Carta Municipal de Barcelona.

El portavoz de la Entesa, Isidre Molas, justificó la retirada de la exigencia de plazo porque 'la minoría no pone plazos a la mayoría' y restó relevancia a que la ley municipal de Barcelona quede encuadrada en una legislación más amplia. Lo relevante, destacó en los pasillos del Senado, es que Barcelona tenga las competencias acordadas en la Carta, y no que también lo tengan, o no, ciudades como Madrid.

En el último minuto

El senador que con más entusiasmo aplaudió la moción ayer pactada fue, precisamente, el líder del PP Catalán, Alberto Fernández. No le faltaban motivos. La negociación del texto pactado de la enmienda se logró ya al mediodía, poco antes del comienzo del Pleno. 'No me ha dado tiempo de comer ni un bocadillo', comentó al entrar en el Pleno.

Por la mañana había surgido el desánimo entre los senadores catalanes tras conocer que el PP sólo ofrecía una enmienda en la que se instaba a la Comisión de Entidades Locales a estudiar el informe sobre grandes ciudades y áreas de influencia urbana que le ha remitido el Ministerio de Administraciones Públicas. Sin duda, la comisión lo estudiará. Después, la enmienda retirada por el PP pedía a los senadores de esa comisión que elaborasen 'una propuesta de las medidas legislativas que consideren necesarias para la resolución de los problemas de las grandes ciudades'.

Con una enmienda de estas características el desacuerdo habría sido automático. Pero desde el ministerio que dirige Posada se insistía en que el ministro y los diputados y senadores catalanes que el miércoles pasado se reunieron con él habían coincidido en la voluntad de buscar una solución consensuada.

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Gabriel Elorriaga, que ayer tenía previsto viajar a Barcelona, canceló ese compromiso y se trasladó al Senado para presenciar, desde la tribuna de invitados, el debate. Alberto Fernández y Gabriel Elorriaga llegaron a la vez al Pleno, aunque el número dos de Administraciones Públicas negó haber intervenido para facilitar acuerdo alguno. 'Eso lo han discutido y pactado los senadores, como es su responsabilidad', comentó informalmente. Después, con la misma informalidad, Elorriaga subrayó que su proyecto de elaborar una ley de grandes ciudades se ha 'inspirado' en la Carta de Barcelona y que, aunque el Gobierno está abierto a que se vea su aplicación a más ciudades, en principio sólo la ve factible para Madrid y Barcelona. Su argumento es que sólo estas dos capitales tienen un 'área de influencia' que multiplica sus problemas de tráfico o de seguridad ciudadana.