Guerra de poder por l'Aliança

Las luchas en la mutua l'Aliança ya no son sólo intestinas. El director general de la entidad, Ramon Carranza, y la presidenta, Susanna Martín, ya no tienen enfrente a colectivos de médicos o a otros miembros de la cúpula directiva. Tienen enfrente al Gobierno catalán.

Tras casi una década de mimar a l'Aliança en sus crisis encadenadas para salvar una entidad centenaria, emblemática en Cataluña, con más de 200.000 socios y que gestiona 132,22 millones de euros (22.000 millones de pesetas), el Departamento de Sanidad ha tirado del de Economía para abrir una inspección que se respira definitiva.

La entidad acusa a la Generalitat de 'crear un escenario que justifique tomar el control'

El Gobierno catalán revisará los sueldos y dietas de los directivos

La mutua presupuesta unos ingresos públicos que, según Sanidad, no le corresponden

Según la mutua, el roce cotidiano con el Servicio Catalán de la Salud (SCS), necesario porque el 33% de su negocio procede del concierto con el SCS, se ha mantenido 'muy fluido'; las relaciones con la cúpula de Sanidad, no.

La herida no es sólo fruto de la inspección en marcha de los departamentos de Economía y Sanidad por supuestas anomalías en la facturación (de al menos por valor de 7,2 millones de euros durante seis meses de 2001), que l'Aliança rechaza de plano. Carranza sabe que el Gobierno catalán ya pidió su cabeza en 1999, tres años después de que hubiera accedido a la dirección sin que en aquel momento fuera mal visto por Xavier Trias, reemplazado posteriormente por Eduard Rius.

Hace tres años, Rius en Sanidad e Ignasi Farreres en Trabajo (departamento del que antes dependían las mutuas, ya que ahora son competencia de Economía), plantearon, sin éxito, el relevo inmediato a Carranza. Se lo pidieron a Miquel Esquirol, entonces presidente del OCAP, órgano que hacía las veces de consejo de administración, alegando 'pérdida de confianza personal' en el director general. Fue justo antes de que acabara la intervención de la mutua entre 1997 y enero de 1999.

Si ya recelaba de Carranza, la Generalitat encontraría nuevos motivos para ello en los meses siguientes. Salió escaldado Ángel Díez, ganador de las elecciones al consejo de la mutua del 28 de febrero de 1999. Salió escaldado también quien entonces fue nombrado presidente, Josep Geli, apartado enseguida del cargo por no querer destituir al asesor José Félix Alonso-Cuevillas. Éste acusaba a Carranza de una gestión irregular. El recambio de Geli fue Susanna Martín, quien, según fuentes de la entidad, 'funciona en tándem perfecto' con Carranza.

Hoy, Martín preside un Consejo con una nutrida presencia de miembros en nómina de la propia mutua o de alguna de sus sociedades participadas. Éstas son tres: CARSA, creada en 1999 para separar el negocio de prestación asistencial de l'Aliança (100%), SIASA (50%) y GECESA (100%). Entre los consejeros, de un total de 10, que a la vez trabajan en alguna de estas sociedades figuran Carranza, Martín, Miquel Díaz (gerencia sociosanitaria), Cristina Fabregat (gestión de clientes) y Frank Ávila (mercadotecnia).

La confluencia de empleados y consejeros ya fue cuestionada hace poco más de un año por el ex presidente Geli. Artur Mas, aún consejero de Economía, no vio incompatibilidades. Jurídicamente, la razón le asistía. La ley catalana de mutualidades, que no la ley de bases, no impone límites. El actual consejero, Francesc Homs, sí quiere ponerlos en la ley que piensa presentar al Parlament antes del verano. 'Si para evitar que haya una cierta composición de personas en el consejo de una empresa privada hay que cambiar una ley, pues lo cumpliremos, pero es sorprendente', dice Martín.

Las investigaciones que lleva a cabo el Gobierno catalán se harán extensivas a los salarios de los directivos de la entidad, que considera fuera de tono. La auditoría que la firma Ernst & Young realizó en 2000 subraya que 'la memoria no recoge información referente a las retribuciones'. Éstas se refieren a las del equipo directivo, ya que los consejeros, en teoría, sólo cobran dietas. Según la dirección, la asistencia a cada consejo se paga con 150 euros. La rumorología sobre dietas y retribuciones de directivos son escandalosas, pero por ahora las cifras no han salido a la luz o no se han probado. La dirección asegura que no pondrá pegas a desvelarlas.

Para Martín y para el presidente de CARSA, Xavier Caufapé, es 'infantil en el mejor de los casos y mala fe, en el peor' que todo lo que ocurre en una entidad compleja como l'Aliança pueda identificarse con una sola persona, Carranza. Ambos dicen que Sanidad también tiene 'mucho que ver'.

Ese 'mucho que ver' hace referencia a las cuentas de la entidad. Y en ellas son clave los acuerdos que, en 1998, pactaron l'Aliança y Sanidad para amarrar la viabilidad futura de una entidad que en 1996 estaba en auténtica caída libre. A raíz del llamado Plan de Potenciación de Reservas Patrimoniales, que obtuvo la luz verde de la Administración el 31 de diciembre de 1998, el Servicio Catalán de la Salud haría llegar un flujo al conjunto de hospitales de l'Aliança de 42,07 millones de euros anuales entre 1998 y 2002. Un concierto de grupo es atípico. Además, la sociedad CARSA, de que dependen los cinco hospitales de l'Aliança, no facilita las cuentas separadas de cada uno de ellos.

La separación de la actividad asistencial es una operación a la que nada tiene que objetar, sobre el papel, Sanidad. Pero las suspicacias están servidas cuando se combina con una gestión de Carranza considerada oscurantista y con el desacuerdo entre l'Aliança y el SCS sobre el bombeo financiero pactado hacia la mutua.

L'Aliança acusa a la Generalitat de 'no estar cumpliendo con sus compromisos' asumidos en 1998 (precisamente cuando la mutua estaba bajo intervención) y de deberle, desde ese año, 14,3 millones de euros. Por contra, el Gobierno catalán, que quiere reducir el concierto, advierte que la actividad de los hospitales no alcanza el valor de los 42 millones anuales pactados y le ha dado al menos tres millones de euros menos al año.

Visto que l'Aliança le presenta cuentas globales que no demuestran que un hospital concreto como el Sagrat Cor pierda dinero, Sanidad reclama que la mutua le devuelva 9,62 millones de euros por las liquidaciones de 1997 y 1998 y, además, ha dejado claro que no le abonará los 1,62 millones de euros que le quedan pendiente de abonar por esos dos años. A ello se suma el informe de Sanidad, reclamado por l'Aliança sin éxito, que probaría que la entidad factura a la Seguridad Social la asistencia a pacientes atendidos como mutualistas y que ya han pagado sus pólizas. El informe ha originado la inspección actual y una primera intervención suave que consiste en tutelar cualquier movimiento de activos.

A juicio de Martín, Sanidad está 'intentando crear problemas a la entidad, como si se buscara un escenario en el que parezca justificado que la Generalitat tome el control, justo cuando la entidad va bien. La única manera de que CARSA quiebre es que el SCS deje de cumplir definitivamente con sus compromisos'.

Pero Sanidad no ve las cosas igual. Carranza gestiona contando con unos ingresos con que no puede contar, sea por facturación supuestamente irregular o porque presupuesta creyendo que el SCS le debe seguir dando un dinero que el organismo dice que no le corresponde. L'Aliança ingresó de 1,2 millones de euros y, según el registro mercantil, CARSA perdió 870.000 euros. Su viabilidad teórica la respaldan sus 15 millones de euros de fondos propios. Pero las reclamaciones del concierto y sobre doble facturación la ponen en serios apuros.