Yo invito, tú pagas

La oferta de Pacto Local presentada por el presidente Aznar ejemplifica buena parte de los modos con los que se aborda el debate político en España. Abundante retórica hueca, con regate en corto para descolocar al adversario, sazonada, como en otros muchos temas claves del sistema democrático español, con poca constitución material y mucha retórica constitucional. Se incorpora un tema interesante a la agenda política pero se cierra el margen de maniobra a cualquier otro interlocutor, al que se le descalifica desde el inicio. Y, curioso, se desplaza siempre el débito de las medidas políticas propuestas a otras instituciones o formaciones políticas. Para, en la maraña urdida por una propaganda cargada de sutil desinformación, difuminar las responsabilidades propias del Gobierno español, consolidando un afiche electoral más en lo que realmente importa: victoria en las próximas elecciones municipales que asoman ya en el horizonte.

No estamos ante un debate serio sobre el poder local, sino ante un acto de propaganda

Se pretende, al parecer, una 'segunda descentralización' que comprometería a las comunidades autónomas, dotadas ya de un cuadro cerrado de poder político y administrativo, según se dicta de manera unilateral. Éstas asumirán el costo de la decisión cediendo parte de sus competencias a los ayuntamientos. Se nos ha indicado ya que en ningún caso se hablará de gobernabilidad ni de financiación municipal, cuestiones estas que, al parecer, no forman parte del núcleo fundamental de la gestión de las ciudades. No estamos, es evidente, ante la apertura de un debate con profundidad, serio y sincero, sobre el poder local. Bien al contrario, surge en un contexto preocupante: en los últimos años el Gobierno español lo ha agredido gravemente, generando una clara regresión de la autonomía y democracia local, que había crecido y madurado ininterrumpidamente en los últimos veinte años.

Lo delicado es que el debate es oportuno en el tiempo e imprescindible. Cuando la fuerza con que se manifiesta la globalización sorprende menos, no se presta igual atención a otro fenómeno emergente: el crecimiento del protagonismo del poder local en la articulación de políticas a favor de los ciudadanos, en un mundo que se va configurando también como una red de ciudades en la que nodos de relación se sitúan en núcleos urbanos de dimensión media (Jordi Borja y Manuel Castells). El Gobierno español se regodea en esquemas periclitados, tratando de revivir el imperio perdido, y oculta sus responsabilidades.

Así, se pretenden asignar nuevas competencias a los municipios en el ámbito de la creación de la ciudad y la política de vivienda. Sin embargo se promulgó una Ley del Suelo que pretendía configurar un modelo de crecimiento urbano peligrosísimo, al establecer que, salvo el suelo especialmente protegido por razones paisajísticas, el resto sería urbanizable. Bajo el argumento loable de promover más y más baratas viviendas, se pretendía sustraer a los ayuntamientos buena parte de sus facultades de planeamiento y gestión del suelo. La mayoría de los alcaldes creemos en la ciudad reglada, la ciudad que crece de manera ordenada, donde la creación de nuevas viviendas y urbanizaciones se vea acompañada por los necesarios equipamientos y servicios públicos. No creemos en un modelo urbanístico chabacano por descontrolado, que ya en el pasado promovió los champiñones urbanos desconexos entre sí; un modelo que generó pueblos y ciudades desestructurados. Los cierto es que estas medidas lamentables sólo han producido dos efectos: elevar el ánimo de los promotores de urbanizaciones de lujo y encarecer el valor del suelo, hasta ahora rústico, por la expectativa generada.

En cambio, el Gobierno permanece inactivo ante el que es, sin duda, el factor clave para atacar la retención especulativa de los suelos y la carestía de la vivienda: un nuevo modelo de gestión del suelo ya calificado como urbanizable, que en muchos ámbitos es importante en cantidad y calidad. De igual manera, aparece el anuncio de una nueva medida gubernamental, la supresión de la cesión obligatoria a la comunidad del 10% del aprovechamiento medio del suelo urbanizado; un mecanismo que, bien utilizado, contribuye a hacer ciudad e, incluso, a promover más vivienda social y protegida. Todo ello desde una concepción rancia de la política de suelo y vivienda, absolutamente injusta con los poderes locales y con su compromiso a la hora de hacer ciudad. Además se traslada el costo de la medida, esta vez a las corporaciones locales.

El Decreto Ley 6/2000 del Gobierno central, bajo la pretensión de favorecer la liberalización económica, establece la implantación obligatoria en cada gran superficie o establecimiento comercial de una gasolinera, tanto en los ya existentes como en las futuras, sin cómputo de aprovechamiento urbanístico ni de su ocupación. Sustrayendo a los ayuntamientos la competencia que le es propia para definir los usos urbanísticos, se establece un modelo uniforme y sin exclusiones de ningún tipo. Inevitablemente los vecinos que se vean afectados por una imposición de este tipo se dirigirán al alcalde respectivo, y no al ministro.

Otro ejemplo, grave lo constituye el proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria. Según su articulado, las corporaciones locales están obligadas a suministrar cuanta información sea requerida por el Ministerio de Hacienda y aquellas que no cumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria deberán someter a la aprobación del pleno un Plan económico-financiero, que habrán de presentar ante el citado ministerio. La suscripción de créditos por las corporaciones locales estará sujeta, también, a acuerdo previo de autorización por el Consejo de Ministros. Se prevé, además, la responsabilidad financiera de los entes que motiven el incumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado ante la Unión Europa. Este esquema burocrático, que resultará totalmente ineficaz, se pretende, además, con absoluta negación del régimen foral privativo que deriva de nuestro Concierto Económico y Estatuto de Autonomía en el País Vasco. Pero lo más preocupante es que denota una nueva forma de tutela administrativa que descansa en un principio perverso: las corporaciones locales no somos mayores de edad, no tenemos ni debemos tener autonomía ni para equivocarnos.

Recordaré, finalmente, la insinuación, recurrente, de supresión del Impuesto de Actividades Económicas, tributo ciertamente importante para la financiación municipal. Se anunció, primero, que resultaba imprescindible para motivar la actividad económica de las pequeñas y medianas empresas, frenada, por lo visto, por la voracidad municipal. Se indicaba que ello se abordaría en el marco de una reforma del sistema global de financiación municipal para, posteriormente, sugerir que ésta no procede. Desde el poder local, respetando el objetivo propuesto, que se comparte, caben soluciones equilibradas siempre que se cuente con la corresponsabilidad entre las instituciones y un reparto equitativo de las cargas.

La negociación colectiva en el ámbito local se marca rígidamente desde los Presupuestos Generales del Estado en términos que la Administración central nunca cumple al sortearla para sí haciendo uso de la capacidad legislativa, convalidando únicamente los acuerdos suscritos con sus trabajadores, y situando a las corporaciones locales en un callejón sin salida.

Ni el estatuto de los alcaldes y concejales merece una consideración, privados, por ejemplo, de protección en los supuestos de desempleo. Se ha accedido, con justicia, a consolidar un régimen singular para prostitutas, toreros y deportistas, cuando todavía se recuerda el comentario de un lúcido secretario de Estado al señalar que no era posible en el caso de los corporativos municipales, dado que nos encontramos ante una 'actividad no productiva'

Son muchos los ejemplos. Si la oferta de pacto local va en serio, ábrase un diálogo real y fructífero, desde el reconocimiento efectivo de las asociaciones representativas de los municipios. Abandónese también una política gubernamental que camina, precisamente, en sentido contrario. La invitación resultará sugestiva si pretende producir efectos en beneficio de los ciudadanos, siempre que no haya gorroneo.

Karmelo Sáinz de la Maza Arrola es presidente de la Asociación de Municipios Vascos-Euedel y alcalde (PNV) de Leioa.