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El Congreso de EE UU limita por ley las donaciones de las empresas a los partidos

Los demócratas capitalizan la reforma, que contó con el apoyo de una minoría de republicanos

Enric González

Fueron 16 horas de debate apasionado y argucias. A las 2.45 de la madrugada de ayer, una exhausta Cámara de Representantes aprobó la ley de reforma de la financiación política pasando por encima de una feroz resistencia de los líderes republicanos y de una mal disimulada oposición de la Casa Blanca. Aunque el texto era patrocinado por representantes de ambos partidos, fueron los demócratas quienes capitalizaron el triunfo. El caso Enron, una de las firmas que regaban con millones el sistema, fue decisivo para convencer a los que dudaban en limitar las donaciones a los partidos.

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Lo que hace la ley es prohibir el llamado dinero blando, las donaciones sin límite de las grandes empresas, los sindicatos y los multimillonarios, que en las últimas presidenciales ascendieron a 450 millones de dólares. Se trata, en realidad, de una reprohibición. Tras el caso Watergate, en 1974, esos regalos corporativos ya fueron declarados ilegales. Pero aquella reforma fue paulatinamente burlada, por la vía de dirigir el dinero blando a los partidos, no a los candidatos, a quienes se refería la ley.

El trasvase encubierto de fondos desde el partido a la campaña del candidato no entrañaba grandes dificultades, y Bill Clinton demostró ser un maestro en amasar fortunas blandas. En menos de una década, el dinero no regulado aumentó de forma vertiginosa: en las presidenciales de 1992 sumaba un total de 86 millones de dólares, el 16% de los presupuestos de campaña; en 2000, con 450 millones, cubría ya el 40% de los presupuestos.

A partir de las próximas elecciones parlamentarias ya no habrá resquicios para el dinero blando no justificable dentro de los balances de campaña. Aunque los mayores donantes individuales eran los sindicatos, que apoyan al Partido Demócrata, quien más se beneficiaba del sistema era el Partido Republicano, favorecido por la gran mayoría de las empresas. En las presidenciales, los republicanos recaudaron 242 millones blandos, frente a 206 para los demócratas. En adelante, todas las donaciones tendrán que ser dinero duro: con nombre del benefactor, y limitado a un máximo de 2.000 dólares.

'Somos como drogadictos; sabemos que nos hace falta romper el hábito, pero siempre lo dejamos para más adelante', llegó a reconocer un parlamentario republicano antes del debate. El tono de las intervenciones fue vibrante: 'La gente cree que el dinero mancha todas las decisiones del Congreso', afirmó Sherwood Boehlert, uno de los 39 republicanos que rompieron la disciplina de partido para votar a favor de la reforma. El líder republicano, Tom DeLay, centró su oposición en la presunta inconstitucionalidad de la reforma porque, según él, cercenaba la libertad de expresión. Su argumento consistía finalmente en que cualquier persona o corporación tenía derecho a hacer lo que quisiera con su dinero y a favorecer libremente a los representantes de sus ideas políticas.

Sherron Watkins, antigua empleada de Enron, a su llegada al subcomité del Congreso donde testificó.
Sherron Watkins, antigua empleada de Enron, a su llegada al subcomité del Congreso donde testificó.REUTERS

Así se financiarán los políticos

- Los partidos podrán recoger donaciones blandas (cantidades entregadas a los partidos para fines generales, que no se justifican en los gastos de campaña) a nivel local y estatal, con un límite de 10.000 dólares por donante, pero no podrán dedicarlos a campañas publicitarias en favor de un político concreto. Se considera que los anuncios de partido contribuyen a aumentar la participación electoral sin vulnerar las reglas del juego: en EE UU se vota a personas, no a siglas. -

- El límite de las donaciones duras (las que se ofrecen para apoyar a candidatos concretos), las únicas legales, asciende de 1.000 a 2.000 dólares. Estas donaciones deberán ser notificadas a las autoridades electorales.

- Se mantienen los actuales límites de gasto en las primarias, establecidos por cada Estado, y la financiación federal de las campañas presidenciales. Esa aportación de fondos públicos, calculada sobre distintos factores, ronda los 70 millones a cada candidato -

- La publicidad política genérica, que no apoya explícitamente a un partido o candidato pero tiene gran relevancia en las campañas electorales, deberá llevar claramente la firma del grupo o las personas que la financian.

- La ley entrará en vigor el 6 de noviembre de este año, es decir, no afectará a la campaña de las elecciones parlamentarias que se celebrarán el día antes.

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