El Gobierno cierra el paso a la presencia de las autonomías en la UE

La Ley de Cooperación autonómica que trata de impulsar el Ministerio de Administraciones Públicas tiene muy poco futuro. El informe previo a dicha ley que ayer trasladó el Ejecutivo a grupos parlamentarios y Gobiernos autonómicos veta la participación directa de las autonomías en los consejos de ministros de la UE. Los Ejecutivos de Euskadi y Cataluña, gobernados por los nacionalistas, rechazan este plan, y el PSOE, partido que gobierna en seis de las 17 comunidades, lo considera insuficiente. El informe, que el ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, detallará el jueves en el Senado, defiende la potenciación de las conferencias sectoriales, a las que trata de dotar de rango jurídico y la creación de la conferencia general de cooperación.

Administraciones Públicas advierte en el informe de que no se presentará el proyecto de ley si antes no logra el consenso de autonomías y grupos parlamentarios.

La Generalitat catalana no cree necesaria esta norma de Cooperación y tampoco cree que 'pueda imponerse por ley sino que debe basarse en la voluntad y el consenso respetando siempre el principio de autonomía'. El Gobierno vasco señala tajantemente que 'una ley que regula el principio de cooperación es una ley innecesaria que queda condenada a su no cumplimiento'.

Ambos gobiernos también discrepan del objetivo declarado de la ley que es 'conseguir la integración de todos los pueblos de España y de sus territorios en el proyecto o proyectos comunes'.

Tampoco aceptan ambos gobiernos autónomos la base del informe de Posada, esto es, que el desarrollo autonómico está prácticamente culminado.

En este sentido, el texto destaca que, tras el traspaso de la sanidad a las autonomías que aún no gestionaban directamente este servicio público, un 48,04% del gasto público corresponde a la Administración del Estado; un 36,28% a las autonomías y un 15,68% a los municipios. En cuanto a los empleados públicos, un 27,8% pertenece a la Administración central del Estado; un 51,4% a la autonómica y un 20,6% a la municipal.

El informe adelanta que la Ley de Cooperación Autonómica trataría de reforzar el funcionamiento de las Conferencias sectoriales para que las autonomías participen de las decisiones del Gobierno central. El Ejecutivo admite que su funcionamiento actual está sometido a la discrecionalidad de los ministros.

Conferencia de conferencias

También anticipa el informe que la Ley de Cooperación debería institucionalizar una Conferencia general de cooperación autonómica, que, según el informe, 'sería una conferencia de conferencias sectoriales en la cual se expondría el estado general de la cooperación entre la Administración del Estado y las autonomías y se sentarían las líneas maestras de cooperación'. También 'podría actuar como foro promotor de iniciativas normativas que correspondan al Estado, sin perjuicio de las competencias de los diferentes órganos estatales y autonómicos'. Otro de los objetivos de la iniciativa legislativa sería la potenciación de la 'cooperación normativa' entre el Estado y las autonomías con la pretensión reducir los litigios ante el Tribunal Constitucional.

Los socialistas rechazan que estas medidas puedan calificarse de Ley de Cooperación. No obstante, el responsable autonómico del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, está dispuesto a hablar con el Gobierno sobre una serie de mejoras sobre el funcionamiento de las conferencias sectoriales. También se muestra el PSOE muy crítico con los objetivos que marca Posada porque 'falta el principal instrumento de la cooperación que es el Senado, a cuya reforma profunda se opone el Gobierno'. 'Esto no es una Ley de Cooperación. Las medidas son fragmentarias e insuficientes', concluyó López Aguilar.