El Parlamento, a favor de aumentar las ayudas económicas a los partidos

Los portavoces de los grupos parlamentarios, incluido el PP, esperan la respuesta de José María Aznar a su demanda de mejorar la financiación pública de los partidos, congelada desde 1996, con la llegada de los populares al Gobierno. Los responsables de los grupos plantearon esa demanda al ministro de Presidencia, Juan José Lucas, el mes pasado, y obtuvieron su apoyo, por ahora simbólico. Los parlamentarios esperan que Aznar se sensibilice ahora de sus problemas financieros, sobre todo para pagar en condiciones de mercado a sus asesores.

La reforma de la Ley de Financiación de partidos políticos, de 1987, y el decreto que regula la tramitación de las subvenciones estatales, de 1995, se han quedado desfasados, según el criterio unánime de los responsables de los grupos parlamentarios. El PP se ha comprometido varias veces a revisar esas normas pero la realidad es que esa iniciativa no es prioritaria para el presidente, José María Aznar, y ha sido sistemáticamente postergada. Esa es la opinión a día de hoy de la dirección nacional del PP, que acaba de aprobar en el XIV Congreso del partido unas cuentas saneadas con un endeudamiento en total de casi tres millones de euros.

El PP, además, no está tan apremiado como otras formaciones para mejorar su financiación. Como la ley establece que los partidos reciban gran parte de sus compensaciones económicas de acuerdo a sus resultados electorales, el PP ha tenido podido ir reduciendo progresivamente su nivel de endeudamiento gracias precisamente a la buena cosecha de votos que ha ido recogiendo desde 1996. No le ha pasado lo mismo a los demás partidos (véase gráfico adjunto).

La reclamación generalizada para mejorar esas aportaciones se ha tropezado desde 1997 con el rechazo de Aznar, incluso frente a pronunciamientos públicos del ex presidente del Congreso Federico Trillo en la anterior legislatura. La opinión coincidente de los portavoces de todos los grupos se volvió a constatar en la comida celebrada estas navidades, convocada por la presidenta del Congreso, Luis Fernanda Rudi, para suavizar las tensas relaciones entre el PSOE y el Gobierno. En ese almuerzo, los portavoces de varios partidos, y no precisamente el del PSOE, Jesús Caldera, aprovecharon la presencia de Lucas, el encargado de las relaciones con las Cortes, para reiterarle sus quejas.

El problema para los partidos no es tanto los sueldos de sus diputados (unas 580.000 pesetas al mes de media, entre los más bajos de Europa) como las retribuciones que abonan con esa financiación pública a su personal y específicamente a su cuerpo de asesores de mayor nivel técnico. Tienen pocos recursos para contratar a los expertos que necesitarían y no disponen de dinero suficiente para pagarles según el mercado.

La aportación prevista en los Presupuestos del Estado para los partidos políticos ha subido desde 1997 al mismo nivel que la inflación anual. El ministro de Presidencia quedó emplazado con los responsables de los demás partidos, a los que se sumó el criterio conciliador que en este caso quiere mantener el dirigente del Grupo Popular Luis de Grandes para convencer a Aznar. La negociación sobre la financiación se lleva en paralelo a la reforma del Reglamento del Congreso, también parada desde hace años, y que plantea otras cuestiones de forma y fondo del funcionamiento diario de la Cámara.

Lucas, De Grandes, Caldera y los responsables de los otros grupos minoritarios, desde CiU, hasta el PNV o el BNG, concluyeron que o se soluciona este problema en estos momentos, a mitad de la legislatura, o será sencillamente inabordable según se vaya acercando el final del mandato y la cita con las urnas. Los grupos parlamentarios pretenden que esta ley se reforme y apruebe con acuerdo de todos en este periodo de sesiones que termina en verano. Desde el Gobierno y el PP se apunta que una buena estrategia para suavizar la habitual negativa de Aznar a arreglar esta situación sería ofrecerle la salida imaginativa de que se llegara ahora al acuerdo de aumento de la financiación a cambio de que entrase en vigor para la siguiente legislatura, sin él como presidente del Ejecutivo.

El PSOE, por si acaso esos contactos discretos no funcionan, tiene ya preparada una propuesta para tramitar en el Congreso una amplia reforma de la ley que incluye, además de más dinero, muchas de las recomendaciones del último informe del Tribunal de Cuentas para hacer más transparente ese sistema de financiación.