El Gobierno rechaza aumentar la financiación a los partidos pero dará más dinero a sus fundaciones

El Gobierno está dispuesto a negociar, como le ha pedido el PSOE, algunos cambios en la Ley de Financiación de los partidos, aunque todavía no se han puesto de acuerdo en las reformas. El Ejecutivo acepta cambiar esa ley para impedir que Batasuna acceda a la financiación pública y, también, para mejorar las subvenciones a las fundaciones políticas y las destinadas a paliar los daños causados a los partidos por el terrorismo. En cambio, se opondrá a dotar de más dinero a las fuerzas políticas. El PSOE plantea una modificación más amplia y transparente a la financiación de las fuerzas políticas.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Jesús Caldera, llamó hace 20 días al secretario general del PP, Javier Arenas, para reclamarle que hablara con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y consiguiera descongelar una partida presupuestaria de 500 millones de pesetas aprobada en los Presupuestos de 2000, con el apoyo de todos los partidos, para organizar cursos, seminarios y exposiciones de conmemoración de la transición a la democracia. El PSOE, al que le correspondían 162 millones de pesetas, según el reparto ajustado a la representatividad parlamentaria, había elaborado y ejecutado a través de la Fundación Pablo Iglesias, que preside Alfonso Guerra, una serie de programas y proyectos con ese cometido. Y se encontró con dificultades para la liquidación económica de esas iniciativas.

Caldera habló con Arenas de ese asunto, que ahora se ha resuelto a través de una enmienda del PP en el Senado a la Ley de Acompañamiento, y aprovechó para recordarle la demanda del PSOE sobre la reforma de la Ley de Financiación de los partidos.

El PSOE ha hecho suyas las recomendaciones incluidas en el último informe del Tribunal de Cuentas tras las auditorías realizadas a los partidos. El PSOE quiere pactar con el PP la modificación de la Ley de Financiación de partidos para incluir algunas de esas observaciones, como la limitación de las operaciones especulativas de los partidos, la regulación de la condonación de las deudas bancarias y determinada normativa para las fundaciones políticas y las aportaciones no dinerarias. El PSOE quiere promover unas cuentas de los partidos 'más transparentes y menos opacas', y aprovechar para fijar una financiación más 'clara y estable'. Eso conllevaría la reforma de la Ley Electoral, como prometió el PP en sus últimos programas.

Arenas no respondió con claridad a esas peticiones. Para el Gobierno, la reforma de la Ley de Financiación de los partidos sólo es prioritaria desde la perspectiva reflejada en otra de las enmiendas del PP en el Senado: impedir la aportación de dinero público a organizaciones como Batasuna, que no condenan el terrorismo.

El Ejecutivo también acepta negociar la inclusión en esta ley de una partida para paliar los daños causados por actos terroristas a las instalaciones de los partidos o a los enseres de sus militantes. El PSOE padece especialmente esos daños, dado el elevado número de 'casas del pueblo' con que cuenta en Euskadi.

El Gobierno está dispuesto a incluir en los cambios de esa norma otra regulación de las fundaciones y, de hecho, pretende registrar la nueva ley que regule ese sector en muy breve plazo. Esta cuestión no está mal vista por el PSOE, aunque entiende que no resuelve los problemas económicos de fondo de los partidos políticos.

En todo caso, PSOE y CiU han tramitado por su cuenta otra enmienda, más genérica, que se discutirá mañana, en comisión, en el Senado, y que podría ser asumida por el PP, para asignar más de 500 millones de pesetas a las fundaciones de los partidos para promoción cultural. El PSOE ha presentado otra para que el Gobierno consigne 150 millones de euros (24.000 millones de pesetas) para afrontar la devolución, ahora en vías judiciales, de su patrimonio histórico.