El Tribunal de Cuentas pide una ley de financiación de partidos más estricta

El último trabajo del Tribunal de Cuentas antes de la renovación de parte de sus vocales reclama a los legisladores una nueva norma sobre financiación de partidos políticos que intensifique los controles. Las propuestas de los auditores públicos reclaman una regulación expresa de las operaciones de cancelación de deuda por parte de los partidos, de la financiación de las fundaciones y de las operaciones especulativas que desarrollen. La ley de financiación de partidos políticos está pendiente desde hace varias legislaturas.

El Tribunal de Cuentas recomienda que la nueva ley de financiación de los partidos políticos, compromiso del Parlamento pendiente desde hace varias legislaturas y comprometida por el presidente José María Aznar para la presente, incluya una limitación de las 'operaciones especulativas' de los partidos así como una regulación expresa de las operaciones de cancelación de deuda, de las fundaciones políticas y de las aportaciones 'no dinerarias' que reciben las distintas formaciones, según informa Europa Press.

Estas recomendaciones del Tribunal de Cuentas, remitidas a las Cortes, fueron solicitadas por los grupos parlamentarios hace un año, habida cuenta de que la actual legislación, de 1987, precisa de una modificación y así lo venía denunciando la entidad fiscalizadora en todos sus informes sobre la financiación de los partidos. El miércoles de la semana pasada, un día antes de que el Pleno del Congreso eligiera a seis de los nuevos consejeros del Tribunal de Cuentas, los actuales integrantes de la entidad fiscalizadora, que están en funciones desde noviembre del pasado año en espera de la renovación, celebraron un último pleno para aprobar su documento de propuestas.

De entrada, se recomienda contemplar a los partidos políticos como 'una única realidad económico-financiera, en la que se integre toda su organización territorial (federaciones autonómicas y municipales) e institucional (diputados, parlamentarios autonómicos, concejales, eurodiputados)'.

Para evitar que no se pueda fiscalizar a las organizaciones políticas que no consiguen representación parlamentaria, el Tribunal de Cuentas propone que se exija rendir cuentas a todas las formaciones que se presenten a unos comicios, obtengan o no escaños. Asimismo, aconseja armonizar la legislación electoral estatal con las autonómicas en relación con las subvenciones a los partidos con representación parlamentaria y dejar claro que las subvenciones que se obtienen para los grupos parlamentarios se destinan realmente a su actividad ordinaria y no a otros fines.

Gastos electoralesEn este sentido, se considera necesario uniformar los límites establecidos para la financiación electoral y para la actividad ordinaria, ya que 'la mayor limitación establecida para la financiación electoral puede convertirse, en la práctica, en una restricción formal fácilmente eludible' mediante el uso de los gastos ordinarios para costear las campañas, cuyo presupuesto está limitado.

La entidad fiscalizadora asegura que ha constatado que los partidos políticos participan en operaciones de carácter especulativo en mercados altamente sensibles, algo que considera 'impropio' de este tipo de formaciones, máxime cuando las emisiones de deuda pública o las negociaciones específicas de las entidades financieras permiten obtener rentabilidad de los excedentes de tesorería que pudieran presentarse.

Por esta razón, el Tribunal de Cuentas destaca la necesidad de que la futura ley que apruebe el Congreso de los Diputados debería limitar la posibilidad de efectuar esas operaciones espelaculativas.

También instan los auditores públicos a que las condonaciones de deuda convenidas con la entidades de crédito tengan una 'regulación expresa que contemple su autorización o prohibición, y establezca el régimen al que, en su caso, deberían someterse'. Igualmente, aconseja una nueva regulación 'más taxativa' y 'precisa' de asuntos como las aportaciones 'no dinerarias' que reciben las formaciones políticas, las fundaciones creadas o participadas por los partidos políticos, así como de los fondos que algunas Corporaciones Locales y Gobiernos autonómicos destinan a los partidos con representación en su ámbito.

Destaca también en el texto remitido a las Cortes una propuesta para completar el actual régimen sancionador, dada su actual 'indeterminación' respecto a conductas que afectan a la regularidad de las contabilidades de la actividad ordinaria y electoral de los partidos. Esa indeterminación afecta también a las transgresiones de los límites fijados para los gastos electorales y la financiación, pero también para los incumplimientos por parte de terceros (proveedores, contratistas, entidades de crédito).