La cara oculta de la belleza
Las operaciones de cirugía estética provocaron el año pasado más de 80 denuncias en Andalucía, donde sólo 56 centros privados cumplen los requisitos legales para practicarlas
La cirugía estética privada en Andalucía tiene mucho aún de ocultismo. Nadie ofrece cifras fiables, ni se sabe con certeza el número de clínicas que la practican, ni cuántos cirujanos, autorizados o no. Tampoco se conoce la cifra de operaciones por año, ni cuánto cuestan, ni en qué condiciones se hacen. Cualquier cirujano plástico sabe que hay hijas que no informan ni a su madre de su corrección de mamas, o esposas que jamás le hablan de su liposucción al marido.
Sobre las denuncias interpuestas el año pasado cada cual tiene sus cifras. La Consejería de Salud recibió, asegura, 14 reclamaciones 'por diversos motivos', sin querer explicar quiénes eran los denunciantes ni cuáles sus quejas. La Asociación de Defensa del Paciente (Adepa) habla de 80 denuncias recibidas, un 15% más que en 2000, que fueron 72. Como Salud, tampoco explica las causas por las que los pacientes se vieron obligados a denunciar al cirujano que les operó.
La demanda de cirugía estética ha crecido en la última década en un 50%
Así las cosas, el único marco legal que pone coto a esta actividad -para algunos 'casi clandestina'- es el Decreto 16/1994 de 25 de enero. En él se establecen las bases por las que se regula la actividad de estos centros privados de salud y se fijan todos los requisitos para 'la autorización y registro de centros y establecimientos sanitarios'. Según esta norma, la Consejería de Salud tiene 58 establecimientos registrados que cumplen todos los requisitos exigidos para hacer cirugía estética. Aunque la misma Administración asegura 'tener sospechas fundadas' de que son muchos más los centros sanitarios privados que realizan prácticas quirúrgicas no autorizadas.
La razón es sencilla: 'La Administración nunca puede saber qué se hace de puertas adentro en unas empresas que se registran para atender simples consultas médicas y luego hacen de todo', explica un delegado provincial de Salud que prefiere no dar su nombre. Sólo la vigilancia permanente puede detectar estas irregularidades. El año pasado los servicios de inspección de Salud visitaron 652 establecimientos sanitarios privados de todo tipo y en 83 de ellos detectaron alguna ilegalidad. A todos se le abrió un expediente.
También las denominadas clínicas de cirugía plástica fueron inspeccionadas. 'De las 56 que existen legalmente, en 23 se detectaron irregularidades', confirman en la Consejería de Salud. También a éstas se les abrió expediente. Pero eso fue todo. Porque la consejería no quiere ir más allá en sus explicaciones ni aventurar cuál va a ser la resolución de estos expedientes. Según el delegado provincial antes citado, 'no debemos alarmar a la población más de lo necesario dando información sobre expedientes o denuncias interpuestas sobre las cuales ni la administración ni la justicia han resuelto nada aún'.
Salud, en resumen, recomienda prudencia. A las personas interesadas en acudir a una clínica de cirugía estética se les aconseja que pidan en la correspondiente Delegación Provincial de Salud información sobre la clínica en cuestión. Se aconseja a quien vaya a hacer uso de estos servicios que, antes de tomar cualquier decisión, se asesore.
El precio de las operaciones oscila entre las 200.000 pesetas de una liposucción y el millón de pesetas cuando se trata de una reducción mamaria o de eliminar la grasa abdominal. Según la Sociedad Andaluza de Cirugía Plástica (SACP) los implantes mamarios son los más demandados.
Málaga, con 600 operaciones anuales, es la tercera provincia española tras Madrid y Barcelona. Por sí sola registra más implantes que toda la comunidad. No hay más cifras. Los cirujanos calculan que las mujeres se operan diez veces más que los hombres, aunque constatan un aumento de la demanda masculina. 'Sobre todo piden eliminar michelines o las bolsas de los ojos', resalta José Márquez, director de una clínica sevillana. En Andalucía se hace más cirugía corporal que facial; es decir, más operaciones de mamas y lipsucciones que correcciones de nariz o liftings.
En general, la demanda de cirugía estética se ha disparado. En la SACP no tienen dudas de que ésta ha crecido en la última década un 50%; algunos cirujanos van más lejos y aseguran que 'la demanda se ha triplicado de un par de años'. En la comunidad andaluza podría haber en torno a 1.200 médicos operando sin el pertinente título de cirujano plástico y reparador. En España esta cifra se eleva a 6.000. La Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECRE) fija los médicos acreditados para todo el país en 'unos 600'. En Andalucía, en ningún caso, sobrepasarían los 120. Son cifras estimativas. Porque ni Adepa, ni la SACP, ni la SECRE, ni la Junta se ponen de acuerdo a la hora de dar una cifra. Adepa resume que 'dos de cada tres personas que practican la cirugía plástica lo hacen de forma ilegal'. En Málaga, por ejemplo, sólo hay 27 cirujanos plásticos colegiados, aunque son 'cientos', según la SACP, los establecimientos dedicados a esta práctica.
La Costa del Sol, se dice, es el paraíso de la cirugía plástica. Por eso no es extraño que en los últimos tres meses la Delegación de Salud de Málaga haya abierto 15 expedientes a otras tantas clínicas: a seis por carecer de autorización y a 9 más por realizar operaciones de cirugía estética cuando sólo estaban acreditadas para consultas de medicina general.
Una trampa común consiste en solicitar permiso para ejercer una actividad médica menor a fin de dar apariencia de legalidad a una clínica no autorizada para intervenciones plásticas. 'Aparentemente son operaciones fáciles, pero sin una buena formación quirúrgica, no pueden resolverse las posibles complicaciones', sostiene Miguel Luanco, presidente de la SACP. Luanco calcula que más de la mitad de las liposucciones que se practican en Andalucía son realizadas por médicos no especializados: 'Cuanto más simple es la intervención, más intrusismo hay'.
Los precios baratos y el silencio sobre los riesgos son los indicadores que deben poner sobre aviso al paciente. 'Esto no es como ir a la peluquería, son operaciones; los riesgos existen', advierte Luanco. En los centros sin especialistas los peligros son aún mayores: al no estar cualificados los profesionales, los establecimientos no disponen de la correspondiente autorización de funcionamiento, escapan al control administrativo, e, incluso carecen de seguros.
Luanco cree que para acabar con los abusos hay que atacar por tres frentes. Los pacientes deben informarse; la Junta, endurecer su labor inspectora; y el Ministerio de Sanidad tiene que regular la formación de los profesionales.
En España no existen los cirujanos estéticos. La única especialidad reconocida es la de cirugía plástica, reparadora y estética. El jefe de cirugía plástica del hospital Carlos Haya, Alfonso Abad, responsabiliza a la Junta, a la que exige más control. 'Las calles y las guías telefónicas están llenas de anuncios de estos centros. Es necesaria una actitud mucho más drástica de la inspección', afirma. Abad aplaude a la ministra de Sanidad, Celia Villalobos, que tras la muerte de una paciente se comprometió a perseguir las clínicas clandestinas.
La afirmación de la ministra, en cambio, indigna a Carmen Flores, presidenta de Adepa: 'Ahora dice que no va a permitir lo que ya ha permitido'. Flores reparte las culpas entre ambas administraciones porque 'las clínicas afloran por su permisividad'. Según Adepa, las quejas recibidas por intervenciones de estética suponen el 6% del total, cuando esa actividad no representa ni el 1% del total de las operaciones.
Lagunas legales y laberintos administrativos
En España no existe una titulación académica específica para practicar la cirugía con la finalidad del mero embellecimiento del demandante. No existen los cirujanos estéticos a secas. La única especialidad relacionada con este tipo de prácticas reconocida es la cirugía plástica, reparadora y estética.
Desde la Sociedad Andaluza de Cirugía Plástica (SACP) se aclara que algunos especialistas -como los otorrinolaringólogos o los cirujanos maxilofaciales- también están habilitados para hacer operaciones estéticas en su campo. Pero siempre que un médico general sin ningún título de especialista acomete una intervención plástica incurre en intrusismo.
Las lagunas normativas y los laberintos administrativos abonan el terreno para estas prácticas ilegales que van en detrimento de las garantías del paciente.
Según el presidente de la SACP, Miguel Luanco, el problema es que existe un vacío legal, porque aunque sólo los especialistas están capacitados para hacer estas intervenciones, 'cualquier licenciado en medicina y cirugía en teoría puede hacer de todo'.
Algunos técnicos de la administración sanitaria andaluza creen que esa laguna queda subsanada con el filtro que supone que Salud no conceda autorización para centros de cirugía plástica nada más que a aquellos en los que hay especialistas y que reúnen una serie de requisitos.
Pero además están los vericuetos administrativos. Una clínica que esté trabajando ilegalmente porque carezca del permiso sanitario correspondiente -es el caso de las seis expedientadas en Málaga- puede ser instada por la Consejería de Salud al cese de la actividad. Pero las delegaciones no pueden disponer su cerrojazo inmediato porque carecen de capacidad ejecutiva.
Y hay más. Todas estas irregularidades pueden ser perseguidas sólo por la vía administrativa, bien por publicidad engañosa, por no disponer del permiso preceptivo o por extralimitarse en la autorización concedida. Pero para llegar a la vía penal -generalmente a raíz de la interposición de una denuncia por parte de un paciente- debe probarse que la operación fue realizada por un médico no capacitado y que se cometió un delito de intrusismo.
En Málaga, a cuenta de las inspecciones se ha originado un enfrentamiento entre la Junta y el Colegio Médico. Ante los controles administrativos, algunos establecimientos se escudaron en un informe de la entidad profesional sobre la Ley de Protección de Datos para no dar las historias clínicas de sus pacientes, un dato esencial para comprobar si hicieron operaciones para las que no estaban autorizados. Mientras Salud estudia presentar una demanda contra las clínicas por obstrucción a su labor inspectora, la institución médica se defiende argumentando que se limitó a informar a sus colegiados de los efectos de la ley.
